En una legislatura en Aragón marcada por las exigencias del Gobierno de Jorge Azcón al Ejecutivo central de más fondos para vivienda, para sanidad, para gestionar a los menores migrantes o para las riadas, la recaudación por el patrimonio en manos de los más ricos se desploma en la comunidad, con 12 millones de euros y 6.000 declarantes menos. Y lo hace por las bonificaciones impulsadas nada más llegar por los populares tras las elecciones de 2023.
Así lo reflejó meses atrás la contabilidad autonómica y lo ha confirmado la Agencia Tributaria, que esta semana ha publicado la estadística del impuesto de Patrimonio, cedido por completo a las comunidades autónomas. Los últimos datos corresponden al ejercicio de 2023, en el que se registró un cambio fundamental: la coalición PP-Vox del Ejecutivo autonómico –ahora disuelta– elevó el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros, lo que libró a miles de aragoneses acaudalados de pagar.
Este impuesto es directo y personal, y se aplica sobre el patrimonio personal de cada aragonés calculando valor de todos sus bienes excluyendo la vivienda habitual. A esa cantidad se aplica una tasa que en Aragón corresponde a la estatal, un mínimo del 0,20% y un máximo del 3,5%. Y después se trasladan las bonificaciones, que es lo que aumentó el Ejecutivo autonómico en 2023.
Esto ha hecho que el número de declarantes se haya derrumbado: si desde 2016 habían ido aumentando desde los 12.500 de ese año hasta los 15.600 de 2022, en 2023 bajaron hasta menos de 9.500. De este forma, la recaudación –que no ha caído con la misma intensidad dado que los que siguen declarando son los que más patrimonio tienen– ha bajado a niveles de hace nueve años, con 43,6 millones de euros de ingresos frente a los 55,4 millones de 2022. En 2016 la recaudación fue de 42 millones y desde entonces había ido aumentando progresivamente, hasta el primer año de gobierno del PP.
En todo caso, la rebaja aplicada por el Gobierno de Azcón sitúa a Aragón en la línea de la mayoría de comunidades autónomas, que aplican el umbral de los 700.000 euros marcados por defecto por el legislador. Aunque sigue habiendo regiones que tienen un mínimo exento más bajo, como Cataluña, Extremadura o la Comunitat Valenciana (500.000 euros los tres).
Pero lo llamativo es que la pérdida de recaudación llega en una legislatura marcada por las continuas reclamaciones del Ejecutivo aragonés al Gobierno central de más financiación en casi todos los ámbitos: para despoblación, sanidad o educación, para cubrir los daños de las riadas, para asumir la llegada de menores migrantes o para ayudar a los agriculores tras las riadas.
