La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica al exministro y ex ‘número tres’ del PSOE José Luis Ábalos en el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública a determinadas constructoras. En el auto con el que justifica el registro del domicilio de Ábalos que ha tenido lugar este martes, el juez del caso, Leopoldo Puente, explica que la Guardia Civil ha encontrado grabaciones en las que el propio Ábalos reconocería su implicación en el cobro de mordidas a cambio de su intervención en la adjudicación de obra pública a determinadas empresas durante su etapa como ministro de Transportes.
El magistrado dice que tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Anticorrupción –“en su documentado informe”– señalan que Ábalos “pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del MITMA [Ministerio de Transportes], en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”.
Los investigadores han encontrado “una concreta identificación indiciaria” entre las adjudicaciones públicas y “ciertas grabaciones, halladas (…) en dispositivos intervenidos al también investigado en esta causa Koldo García Izaguirre”. También aparecen “elementos bastantes para considerar que dichas adjudicaciones” motivaron la intervención del ministro para obtener “un determinado beneficio económico”.
La correlación entre las afirmaciones y la existencia cierta de adjudicaciones a unas determinadas empresas ha motivado que el juez también acordara registros a las sedes de al menos cinco constructoras, algunas de ellas situadas en la Comunitat Valenciana y Navarra. En base a esa documentación, el juez apunta a la posible comisión de sendos delitos de cohecho y organización criminal.
El registro el domicilio en la casa de Ábalos ha empezado a las 7 de la mañana y se ha alargado durante diez horas, informan fuentes jurídicas. Los agentes han clonado su teléfono y se han llevado varias memorias, que no les ha dado tiempo a clonar, y que podrá recuperar este miércoles, según ha dicho el propio exministro.
El juez Leopoldo Puente encargó a la UCO un informe sobre el contenido de los dispositivos intervenidos al que fuera asesor y al supuesto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, cuando ambos fueron detenidos en febrero del año pasado. Sólo en casa de Koldo García los agentes hallaron 23 teléfonos móviles, 12 discos duros y 24.000 euros en efectivo.
Ahora, las grabaciones de quien fuera mano derecha de Ábalos en Transportes dan un impulso al caso. Una vez encontradas en los dispositivos almacenados, la UCO culminó un informe la semana pasada y la Fiscalía Anticorrupción hizo lo propio. De acuerdo al contenido de los mismos, el juez Puente ha acordado el registro este martes del domicilio de Ábalos en Valencia y la incautación, para su clonado, de los dispositivos móviles de que dispusiera.
“A partir de la solidez de los mencionados indicios, la entrada y registro que aquí se acuerda resulta de la efectiva existencia de aquellos, que permiten considerar, al menos, la posible comisión de sendos delitos de cohecho y organización criminal”, señala el juez en el auto.
El juez justifica su medida en que, “pese al tiempo transcurrido, en el citado domicilio y en el bajo comercial propiedad de Ábalos sito en el mismo edificio, pudieran ser hallados elementos, efectos, instrumentos procedentes del delito o reveladores de la comisión del mismo”. Los agentes han estado más de ocho horas registrando los dos departamentos y volcando el contenido de los dispositivos móviles incautados.
Las obras señaladas por Aldama
La resolución conocida este martes eleva las sospechas sobre la implicación de Ábalos en el cobro de mordidas a cambio de contratos de obra pública, lo que extendería las presuntas irregularidades más allá de la contratación de las mascarillas durante la pandemia, que es el episodio que está en el germen de las pesquisas. El magistrado ha reiterado en varias de sus resoluciones que el objeto de esta causa no se limita a la intervención de Ábalos en los contratos de manterial sanitario durante la crisis del coronavirus.
De hecho, encargó a la UCO otro informe sobre la adjudicación de las obras señaladas por Aldama por supuestos amaños. La unidad del instituto armado ya está tratando de fiscalizar todo el proceso e identificar a las empresas finalmente adjudicatarias de esas obras.
El magistrado Puente consideró que la “coincidencia existente” entre la letra de Koldo García y la que figura en un manuscrito presentado por Aldama como supuesta prueba de hasta seis contratos amañados justifica la investigación de esas adjudicaciones, así como de las reflejadas en un anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado con decenas de contratos “destacados con línea fluorescente” por el comisionista y aportados al tribunal.
