La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a elDiario.es. La operación es fruto de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha acudido al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, el número 6, para solicitar varios registros y detenciones.
Los arrestos han sido practicados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de un operativo que todavía está abierto. Junto a Leire Díez ha sido detenido el ex presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. A ambos se les atribuye fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Están previstos más arrestos.
La Audiencia de Sevilla absolvió la semana pasada a 16 personas, entre ellos distintos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Entre los absueltos estaban Vicente Fernández Guerrero, detenido este miércoles junto a Leire Díez.
Fernández Guerrero había sido imputado por la jueza Mercedes Alaya en 2019 por su papel como secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, si bien en el momento de dirigir la investigación contra él desempeñaba el puesto de presidente de la SEPI. Fernández dimitió tres días más tarde, según anunció la entonces ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, hoy candidata socialista a la Junta.
La sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla incluye duras críticas a la instrucción de Alaya. Esta jueza, conocida como la primera instructora del caso de los ERE, fue uno de los objetivos de Leire Díez en su búsqueda de policías, jueces y otros funcionarios que hubieran actuado contra el Gobierno por motivaciones ideológicas. Ella defiende que sus maniobras solo responden al trabajo periodístico de quien está escribiendo un libro.
En este sentido, Leire Díaz ya estaba siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que, según el juez, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
