Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado esta mañana en la sede del PSOE en la calle Ferraz, así como en las oficinas de varios organismos dependientes del Ministerio de Transportes, para cumplir con el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el que autoriza varias diligencias.
Los investigadores de la UCO han clonado en la sede del PSOE la cuenta de correo electrónico de Santos Cerdán como secretario de Organización del partido. En el Ministerio de Transportes han hecho lo propio con la que tuvo José Luis Ábalos como titular de la cartera. Igualmente, el juez solicita a Adif información de cinco contratos y a la Dirección General de Carreteras de otros seis expedientes señalados como irregulares en el informe de la UCO.
En su resolución, el juez argumenta que en los mensajes incautados al que fuera asesor Koldo García figura que Cerdán le facilitó su cuenta de correo corporativo para que le enviara “ciertas comunicaciones relevantes”. El magistrado también insta al PSOE a facilitar a los agentes el clonado “de cualquier otra cuenta corporativa de correo” empleada exclusivamente por Cerdán. Respecto al correo de Ábalos en Transportes, sostiene que es una diligencia “conveniente y necesaria” que no se había realizado hasta la fecha.
El juez del Supremo Leopoldo Puente había dado autorización a la UCO para realizar estas nuevas diligencias en el caso. En un auto conocido hoy, daba permiso a la Guardia Civil a investigar cuentas, inmuebles y la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán en el PSOE y la de Ábalos en Fomento. Igualmente, pide a ADIF y a la Dirección General de Carreteras expedientes de adjudicación de obras señaladas como irregulares en el informe de la UCO.
Rechaza registrar la casa de Cerdán
El magistrado, sin embargo, ha rechazado la petición de la acusación popular que lidera el Partido Popular de realizar un registro en el domicilio personal y en el despacho profesional Cerdán, que está en la sede del PSOE en Ferraz. Según la acusación popular, en ambas estancias podrían “hallarse evidencias que, en otro caso, podrían ser destruidas”.
El juez, sin embargo, considera que es una diligencia “limitativa de derechos” que “no se considera útil en este momento”. Respecto al “eventual riesgo de destrucción de pruebas”, el magistrado sostiene que hace “varios días” que el investigado tiene conocimiento de la existencia de las pesquisas.
