España actúa, pero Europa no. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nueve nuevas medidas para castigar el genocidio de Israel en Gaza (Palestina), hecho este lunes, contrasta con la inacción del club de los Veintisiete y de las instituciones europeas que los representan. Claro que Madrid puede hacer más, claro que pudo haberlo hecho antes, pero se mueve. No es el caso de Bruselas, sumida en un bloqueo que, por duradero e inflexible, ha pasado ya a ser deshumanización.
La Unión Europea (UE) no es capaz más que de publicar comunicados que parecen obra de un copia pega, siempre «profundamente preocupada», evidenciando dos realidades igualmente inquietantes: la desunión a la hora de defender algo tan básico como los derechos humanos (el veto alemán es su principal obstáculo) y el «doble rasero» respecto a otro conflicto, el provocado por Rusia en Ucrania, ante el que ha sido rauda y contundente. De eso la acusa Sánchez, que califica la respuesta de la UE a esta masacre de «fracaso».
Desde que Hamás asesinase a 1.200 israelíes y secuestrase a 250 más el 7 de octubre de 2023 e Israel lanzase de seguido su operación sobre la franja mediterránea, que acumula ya más de 63.000 muertos, la reacción europea ha sido extremadamente tibia. La Comisión Europea (CE) comenzó tomando partido por Tel Aviv con un viaje de la propia presidenta, Ursula von der Leyen, apenas seis días más tarde, y amenazando con quitar la ayuda en cooperación a Palestina. La alemana siempre puso por delante el derecho a la defensa de Israel y tardo días en pedirle moderación en su respuesta sobre Gaza, para no dañar a civiles. No hubo foto con el presidente palestino, Mahmud Abbas. Sí avisos de que no se cayera en el antisemitismo.
Sólo la voz del entonces jefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, fue distinta en el seno del poder europeo. Conforme se constataba el aplastamiento al que Israel sometía a la franja, impulsó los contactos con los países árabes y redactó una hoja de ruta que hoy parece una quimera, un plan de 12 puntos con los que se trataba de acabar no con esta crisis, sino con el conflicto palestino-israelí, llegando a una solución de dos estados, que es lo que avalan las resoluciones de Naciones Unidas. Decía cosas como: «¿Qué otras soluciones tienen (los israelíes) en mente? ¿Que vivan todos los palestinos o matarlos? (…). La manera de destruir a Hamás, no es lo que están haciendo, están sembrando odio por generaciones».
Esa contundencia hoy es impensable. El socialista tuvo que dejar su cargo con la llegada de una nueva Comisión, tras las elecciones europeas del verano de 2024, y fue la estonia Kalja Kallas la que ocupó su lugar. Su elección tenía un objetivo: ayudar a Ucrania ante la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Su visión iba a estar centrada en el este de Europa, en esa guerra que amenaza a un estado que quiere ser miembro y en las consecuencias para otras muchas naciones fronterizas. Su seguidismo de Von der Leyen ha sido claro: su equipo lo llama prudencia.
En los consejos de ministros del ramo y en las cumbres comunitarias de líderes Gaza siempre ha estado en el orden del día, como tema troncal. Los comunicados del Consejo Europeo son calcos entre ellos: exigencia de alto el fuego, reclamación de uso proporcionado de la fuerza, apoyo a la solución pacifica de dos estados y retorno de los rehenes que aún quedan en manos de Hamás (un punto que solía ir por encima del armisticio en la enumeración).
Primeros pasos
No fue hasta mayo (con 53.000 asesinados en Gaza) cuando la CE se planteó en serio algo que países como España llevaban meses pidiendo: que se revisara el mayor arma que tiene Bruselas en sus manos para presionar a Benjamin Netanyahu, el Acuerdo UE-Israel. Ya sabemos que la influencia política y militar determinante para parar a Tel Aviv es la de Estados Unidos pero no hay que menospreciar el peso europeo en lo comercial: ese pacto es la herramienta fundamental del comercio de ida y de vuelta entre las partes, cuando la UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio total de bienes. Israel, por su parte, es el 25º socio comercial de la UE, representando el 0,8% del comercio total de bienes de la UE en 2022, pero uno de los principales en la cuenca mediterránea. Digamos que uno necesita más los productos del otro que a la inversa. El daño no es por igual.
Inicialmente, Bruselas decidió revisar si dicho acuerdo estaba siendo violado, ya que en su artículo 2 deja claro que la asociación se basa en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos. «La continuidad de esta relación está condicionada al respeto de estos principios», se dice. Con los días y el debate, se llegó a filtrar una lista de 10 pasos que iba a dar la UE contra Israel si se confirmaba esa violación de derechos humanos, desde la ruptura o congelación del acuerdo en sí a medidas menores como el fin de proyectos técnicos.
Todo es nada ahora mismo: en julio, antes de las vacaciones, los Veintisiete no pudieron ponerse de acuerdo sobre esta fractura y sólo se pudo pactar la amenaza de que mantendrá las represalias sobre la mesa para ejercer la presión contra Israel y que mejore la situación humanitaria, tras el compromiso alcanzado con la UE para aumentar la ayuda humanitaria en la Franja. «Un importante éxito diplomático», dijo entonces Israel.
También se escapó Tel Aviv porque, en ese mismo mes, la Comisión propuso la suspensión parcial de la asociación de Israel a Horizonte Europa, un programa científico del bloque, pero los estados tampoco lo apoyaron. Sólo hacían falta 15 votos.
Ni siquiera hubo un toque de atención importante al Ejército de Israel después de que en mayo sus soldados disparan contra una delegación de diplomáticos en Cisjordania, entre la que había personal comunitario, de Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Austria, Bulgaria, Lituania, Polonia, Rumanía y España, entre otros.
No sólo es grave que no se haya podido apretar por falta de consenso sino que, durante meses, Europa se escudaba en que no tenía los datos independientes que le permitieran acusar a su aliado israelí de determinados crímenes. Primero los denunciaron organizaciones internacionales y locales, pero luego fue la propia ONU la que dio naturaleza hasta de genocidio a lo que está pasando. Aún así, entendían, era una voz de fuera. Ahora Europa tiene sus propios informes, que ratifican lo sabido, y tampoco actúa. Por un lado, el Servicio de Acción Exterior dijo en junio que ve «indicios» de que Israel viola sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo que dejaría en papel mojado el acuerdo con la UE. Por otro, distintos portavoces han reconocido que los exámenes de cuánta ayuda humanitaria, que se iban a llevar a cabo de forma exhaustiva cada dos semanas, revelan que no están entrando los bienes mínimos. Pero ni por esas.
La ONU ha avisado este lunes de que el «estrecho margen de tiempo» para evitar que la hambruna en Gaza se extienda a Deir el Balah y Jan Yunis «se está agotando rápidamente». Desde que comenzó la guerra, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños. Las muertes por desnutrición en Gaza han aumentado en los últimos meses como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria entre marzo y mayo.
El ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot, lo resumió el viernes pasado en una entrevista con AFP: «Es indiscutible que, en este momento, la UE no está a la altura de sus responsabilidades en esta gigantesca crisis humanitaria, que roza lo inhumano. Es evidente que, para la opinión pública, la credibilidad de la política exterior que lleva a cabo la Unión Europea, especialmente en este asunto, está desmoronándose». Bélgica acaba de anunciar que va a reconocer el Estado palestino, tras poner de acuerdo a una coalición de cinco partidos, de centroderecha y nacionalistas. La crisis de Gobierno en Países Bajos por la tibieza del castigo a Israel también se dio en un gabinete conservador. No es una cuestión de ser rojos, en este caso.
Entre los comisarios, sólo la española Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la CE, ha usado a las claras la palabra «genocidio»o ha comparado las imágenes del hambre en Gaza con las de «la liberación de Auschwitz». Los portavoces de Von der Leyen se han distanciado de su severidad: «Establecer si se han cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales, así como de los tribunales y cortes internacionales que puedan tener jurisdicción, y la calificación jurídica de un acto de este tipo, un acto de genocidio, requiere el establecimiento adecuado de los hechos y la constatación del derecho», han dicho.
Y así seguimos, viendo llover y esperando a que alguien confirme que llueve, cuando el último Eurobarómetro sostiene que el 90% de los europeos esperan más unidad de los países miembros a la hora de abordar conflictos armados como el de Gaza.
El problema de las mayorías
Europa no es insensible a lo que pasa en Gaza. El problema es que no está actuando como bloque. España fue un referente en mayo de 2024 cuando anunció el reconocimiento del Estado palestino, pero tampoco hay que vanagloriarse: los sucesivos Gobiernos tenían el mandato de hacerlo desde diez años antes. Su empeño sirvió para que otros países se subieran a su tren, como Irlanda, Noruega o Eslovenia. Luego han llegado nuevos anuncios, que deberían cuajar en este mes, de pesos pesados de la diplomacia como Francia, Reino Unido o Canadá. Todos ellos, países con sensibles relaciones con Israel.
Además de este reconocimiento, se está anunciando un goteo de embargos de armas y de sanciones, por ejemplo, a ministros ultras del gabinete de Netanyahu. Pero, como hemos visto, no se hace nada en nombre de los Veintisiete, de toda la Unión. La razón fundamental es que las distintas sensibilidades en el seno de la UE impiden llegar a mayorías necesarias para la toma de decisiones de calado, a lo que se suma la lentitud a la hora de abordar la posibilidad de ir dando pasos intermedios: se puede, por ejemplo, poner en suspenso parte de un articulado como el Acuerdo UE-Israel, sin que sea al 100%, con un consenso de mínimos que, de momento, permita ir actuando.
Algunas de estas medidas que se barajan requerirían una mayoría cualificada para su aprobación, es decir, el apoyo del 55% de los Estados miembros de la UE, que representan al menos el 65% de la población de la UE. Quien más palos en la rueda de la mayoría pone es, sin lugar a dudas, Alemania. Un cambio de postura de Berlín le daría la vuelta a todo, pero no es lo que se espera, pese a la contundencia de las noticias que llegan de Gaza. La razón es evidente: el peso de la culpa inmemorial del nazismo y sus crímenes, el holocausto sobre más de seis millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Tan evidente como la necesidad de que sea de la partida porque, con sus 83,5 millones de habitantes, es el país más poblado de la UE, determinante en las cuentas finales.
Pero, hasta ahora, políticos alemanes como el canciller Friedrich Merz y el ministro de Exteriores, Johann Wadephul, se han limitado, sobre todo, a afirmar que Netanyahu y sus efectivos debe actuar dentro de los límites del derecho internacional. Se han restringido algunas exportaciones de armas alemanas (en agosto, toda una novedad), pero podrían reanudarse en el futuro, y se ha rechazado cualquier embargo comercial u otro tipo de sanciones.
Sus mandatarios se han limitado principalmente a «críticas sin consecuencias», pero es cierto que está empezando a haber una corriente, sobre todo de la sociedad civil, cada vez más crítica con este inmovilismo, que entiende que los palestinos no tienen que pagar los errores pasados de los germanos. En la última encuesta Politbarómetro, encargada regularmente por la cadena pública ZDF, el 76% de los alemanes afirma creer que las acciones de Israel en Gaza no están justificadas. El mismo estudio muestra que el 83 por ciento de los alemanes cree que su Gobierno debería detener o limitar las exportaciones de armas a Israel. Otras encuestas indican que los alemanes tienen ahora una opinión menos favorable sobre Israel. Pese a ello, un cambio en el poder no se ve, a día de hoy.
Alemania es determinante, pero no es el único en alinearse con Israel. Ahí está la Hungría de Viktor Orbán, que hasta se ha retirado de la Corte Penal Internacional (CPI) por pedir el arresto de Netanyahu por supuestos crímenes de guerra y que hasta recibió al primer ministro en su territorio, cuando hoy es un líder parcialmente aislado internacionalmente. Bulgaria y la República Checa también han ralentizado castigos como las sanciones, al igual que Italia, donde se critica por ejemplo el hambre en Palestina pero se dilatan los plazos para la toma de decisiones, pidiendo más informes y más tiempo.
Este verano, hasta 58 antiguos embajadores de la Unión se unieron para elevar una carta a la CE en la que le reclaman acción contra Israel por lo que hace en Gaza y, también, en Cisjordania. Una de sus advertencias es que está en juego la «credibilidad global» de Bruselas por el trato desigual a Gaza y Ucrania, justo en un momento en el que Von der Leyen había defendido la necesidad de influir en el mundo y de ser un actor de peso, respetado y escuchado, incluso en nuevas zonas de influencia.
Kühn von Burgsdorff, embajador de la UE en los territorios palestinos ocupados y la Franja de Gaza entre enero de 2020 y julio de 2023, fue el coordinador de esta carta y, en declaraciones a Euronews, expuso: «Me impresionó mucho la rapidez para actuar contra la invasión completamente ilegal de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Sin embargo, lo que hemos hecho en el caso palestino ha sido simplemente vergonzoso. En realidad, hemos cerrado los ojos».
«Podríamos suspender totalmente el acuerdo, pero eso requiere el consenso de los 27 Estados miembros, lo que, según nuestra evaluación, es poco probable. Sin embargo, podemos actuar por mayoría cualificada, lo que significa que al menos 15 Estados miembros que representen a dos tercios de la población de la UE pueden decidir sobre medidas de política comercial. En este caso, sugerimos suspender todos los acuerdos comerciales preferenciales con Israel», defiende. Siempre hay una vía si hay voluntad política.
Margen de mejora
En el caso de España, es necesario recordar que las primeras peticiones de sanciones, que ahora han cristalizado, las puso sobre la mesa la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra (Podemos), en noviembre de 2023. Parecía clamar en el desierto. Aún así, el presidente Sánchez, junto al belga Alexander de Croo, fue el primer líder europeo en visitar el lado egipcio de la frontera de Gaza, en Rafah, donde hizo una comparecencia anunciando los planes de reconocer el Estado palestino. Fue en el mismo mes.
En todo este tiempo, La Moncloa ha avalado los planes de Borrell para la solución de dos estados, se ha sumado al plan árabe de reconstrucción (la alternativa a la limpieza étnica y la Riviera que plantea el norteamericano Donald Trump) y ha insistido en la necesidad de romper el Acuerdo UE-Israel. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el abanderado en consejos y consejos con sus colegas europeos de la idea de imponer sanciones, respaldar financieramente a la Autoridad Nacional Palestina y hacer cumplir las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Medidas ahora aprobadas por Madrid, tras la presión de su socio de izquierdas, Sumar.
El embajador palestino en Madrid, Husni Abdel Wahed, aplaudía en mayo, en el primer aniversario del reconocimiento de su Estado, la «gran capacidad de gestión e iniciativa» y «el alto nivel de liderazgo sobre Palestina» del presidente Sánchez. «Lo más trascendente es mantener viva la ilusión de la liberación de un pueblo que yace bajo ocupación durante tanto tiempo», destacaba en una entrevista con El HuffPost. Sin embargo, siendo realistas, no ha habido un efecto arrastre potente. Nuestro país tiene peso en Europa, pero no es determinante en el desbloqueo de decisiones de semejante calado, que en el caso de Alemania supondría romper con una trayectoria histórica que nadie sabe si puede ser perpetua. Generar debate, animal, poner en los titulares. Todo eso sí lo ha logrado Moncloa. La unidad general y el puñetazo en la mesa a 27 manos, no.
Incluso para un país como España, que es ahora punta de lanza de la defensa de la causa palestina en Europa, hay margen de mejora en ese cerco diplomático a Israel. De incrementar las sanciones a vetar a Israel en acontecimientos deportivos o culturales (en la línea de la campaña BDS: boicot, desinversión, sanciones), pasando por suspender o congelar relaciones comerciales (no sólo defensivas) y diplomáticas, o por condicionar esas relaciones al fin de la ocupación.
También puede impulsar en la ONU la suspensión de Israel como miembro en la Asamblea General, como se hizo en 1974 con Sudáfrica por sus políticas de apartheid, palabra que la propia ONU usa ahora para definir lo que ocurre en los territorios palestinos, o incluso empezar a pedir a los de Netanyahu el dinero por los proyectos de cooperación pagados con dinero español que han sido destrozados durante décadas por su ejército.
Como se ha puesto de manifiesto en la reciente denuncia al Gobierno belga por no prevenir lo que está pasando en Gaza, existe una responsabilidad primigenia, que es la de Israel, y un problema de fondo, que es el conflicto viejo de más de 70 años, pero lo que no hagan los Gobiernos que tienen margen de influencia, aunque sea mínimo, quizá también acabe siendo un delito, con el derecho internacional en la mano.
