El PP y el PSOE se enfrentan al fantasma de la corrupción con dos juicios que acapararán portadas de todos los medios de comunicación en las próximas semanas: la trama Kitchen y el caso Koldo. Ambos procesos llegan en un momento de especial intensidad política, con las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo, y las negociaciones en marcha para formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León y la legislatura de Sánchez en vilo.
Este lunes arranca en la Audiencia Nacional la vista oral donde se juzgará a la ex cúpula del Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por ejecutar una operación parapolicial diseñada para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas tras confesar éste la financiación irregular de la formación conservadora ante el magistrado Pablo Ruz.
Un día después, comienza en el Tribunal Supremo el juicio al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por la compraventa fraudulenta de material sanitario en el peor momento de la pandemia del Covid, así como por diversos sobornos que aceptó siendo la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La operación Kitchen tuvo lugar hace 13 años, en concreto, en el primer semestre de 2013; después de que EL MUNDO publicara el día 18 de enero de aquel año en su portada a cinco columnas una información titulada: «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP». En este juicio contra las cloacas del Estado serán juzgados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez, así como varios ex altos cargos policiales.
En contraposición, los hechos que se juzgarán en el denominado caso Koldo son más recientes y afectan de lleno al actual Ejecutivo. «Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal, no podemos normalizar la corrupción», defendió José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, el 31 de mayo de 2018 desde la tribuna del Congreso de los Diputados durante la moción de censura contra la corrupción del PP.
Sin embargo, la investigación judicial llevada a cabo por el Supremo ha puesto de relieve que los lazos entre los miembros de la presunta organización criminal que será juzgada a partir del martes se comenzaron a fraguar en agosto del año 2018; tan sólo dos meses después de que Ábalos fuera nombrado ministro de Fomento en el primer Gobierno de Sánchez. El ex dirigente socialista no dudó en aprovechar rápidamente su influencia como ministro para obtener un claro beneficio económico.
En Kitchen, el objetivo que se perseguía con este operativo era robarle a Bárcenas material comprometido para altos cargos del PP relacionado con la caja B. Tanto Fernández Díaz como su número dos, Francisco Martínez, serán juzgados por la posible comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento u obstrucción a la Justicia.
Entre los ex altos cargos que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se encuentran el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y buena parte de sus subordinados, entre los que figura el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas o el comisario José Manuel Villarejo. No será juzgado, en cambio, debido al grave deterioro cognitivo que padece en la actualidad, el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO), Enrique García Castaño, personaje clave dentro del entramado parapolicial diseñado por Interior.
Esta causa judicial comenzó a finales de 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervino documentación y grabaciones relacionadas con el operativo puesto en marcha para espiar a Bárcenas en el domicilio del ex comisario Villarejo. En poder del alto mando policial se encontraban los recibos de pagos con fondos reservados al chófer del ex tesorero del Partido Popular, Sergio Ríos Esgueva, captado como confidente, quien se convirtió a la postre en la principal fuente policial para identificar los lugares en los que había escondido Luis Bárcenas documentación sensible contra la antigua cúpula del partido.
La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, se convirtió junto a su marido en el objetivo principal de la operación Kitchen. La Policía monitorizó todos sus movimientos, espió sus citas y conversaciones y le robó unos manuscritos en los que aludía a «pagos en negro en casa de Mariano [Rajoy]», al «dinero en negro que entraba cada año en Génova» o a la entrega de sobresueldos a altos cargos. El juicio se prolongará previsiblemente hasta el próximo mes de mayo y en el mismo tendrán que testificar el matrimonio Bárcenas-Iglesias, el ex presidente Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal o el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, entre otros.
Por su parte, el primer juicio del caso Koldo -la trama que operó en el Gobierno y el PSOE y que continúa bajo investigación en la Audiencia Nacional- se extenderá a lo largo de todo el mes de abril. En el banquillo de los acusados se sentarán el ex ministro Ábalos, su ex asesor Koldo y el empresario Víctor de Aldama, quien ha confesado los hechos delictivos y ha colaborado con la Justicia.
Además del pelotazo de las mascarillas en pandemia, en el Salón de Plenos del Alto Tribunal también se juzgará la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso que tenía en la Plaza de España de Madrid esta amiga íntima de Ábalos o el enchufe de la otra amiga del ex ministro, Claudia Montes, en la empresa Logirail. Entre los hechos presuntamente delictivos que también serán juzgados se encuentran la operación de arrendamiento del chalé de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz), la estancia de Ábalos en un chalé vacacional en Marbella, su papel en el rescate de la compañía Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento de un piso con opción a compra en el Paseo de la Castellana de Madrid.
La investigación judicial ha puesto además de relieve que fue otro ex secretario de Organización del PSOE actualmente imputado, Santos Cerdán, el que introdujo a Koldo García en el círculo de confianza de José Luis Ábalos.
Ábalos y Koldo se conocieron durante los viajes realizados en las primarias del PSOE de 2017 -las que ganó Pedro Sánchez-, siendo el ex asesor una persona vinculada al Partido Socialista de Navarra y de la total confianza de Santos Cerdán por aquel entonces. No en vano fue Cerdán quien recomendó a Ábalos, al ser nombrado este secretario de Organización del PSOE, que contratara a Koldo como su conductor en los desplazamientos por España.
En agosto del año 2018, el empresario Víctor de Aldama conoció a Koldo García a través de su hermano, que era escolta del ministro Ábalos. Así, a raíz de estas relaciones personales, emergió la organización criminal que enjuiciará el Supremo y que, según la Fiscalía Anticorrupción «nació con innegable vocación de permanencia en el tiempo». Los primeros negocios opacos e ilegales llegaron tan «pronto vieron los ahora investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico» y se prolongaron durante varios años.
El ex titular de Transportes y su ex mano derecha Koldo García se enfrentan a una condena por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Un total de 24 años de cárcel pide el fiscal para Ábalos y 19 y medio para Koldo García.
Por su parte, el empresario Aldama, tras colaborar y ayudar a abrir nuevas vías de investigación, va a ser juzgado por organización criminal y cohecho. Se enfrenta a una solicitud de siete años de prisión por parte de Anticorrupción.
Aparte de este primer juicio, que afecta a la corrupción en el Gobierno de Sánchez, en la Audiencia continúan investigándose los amaños de grandes obras públicas desde el Ministerio de Transportes y los pagos en metálico en la sede del PSOE entre los años 2017 y 2024.
