La implicación de Cristóbal Montoro en el tráfico de información confidencial de contribuyentes fue descubierta durante el análisis de los correos incautados a cuatro de sus colaboradores en la investigación por beneficiar a empresas gasísticas a través del despacho Equipo Económico que mantiene imputados al exministro y su equipo. “Para tu información. El jefe tiene una cuenta de mail, a la que mandamos los temas del ministerio: [email protected]”, dice uno de esos mensajes, a los que ha tenido acceso elDiario.es, sobre la dirección de correo que Montoro abrió evitando incluir su nombre y primer apellido. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, intentó abrir una nueva línea de investigación sobre el uso espurio de esa información, en el que detectaba varios delitos. No lo consiguió. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, lo impidió alegando que el uso de los datos de los contribuyentes se enmarcaba dentro de las competencias de Montoro y su equipo.
Una de las diligencias que García Cerdá intentó pedir al juez fue el volcado de la cuenta secreta de Montoro. Para defender la iniciativa ante su jefe, la fiscal del caso presentó las evidencias de que esa cuenta de correo electrónico pertenecía al ministro de Hacienda. En los correos obtenidos dentro del caso de las gasísticas había uno del 16 de diciembre de 2016 en el que uno de los investigados, Felipe Martínez Rico, quien fue jefe de gabinete de Montoro, explica a su sucesora en el puesto, Marta Vega, que la dirección encabezada por “aromero” pertenece “al jefe”. Romero es el segundo apellido de Cristóbal Montoro.
El propio Felipe Martínez Rico escribe varios mensajes a la citada dirección en la que se refiere a su destinatario como “ministro”. En un escrito remitido por García Cerdá a Luzón, la fiscal del caso intenta convencer a su jefe en mayo de 2023. “He localizado correos remitidos/recibidos por los investigados en el periodo temporal coincidente con las reformas legislativas investigadas en los que recibe información, notas, escritos y borradores cuya causa y finalidad no resultaría ser, ni la aplicación de tributos, ni la colaboración con la justicia, resultando ser relativa a hitos y mandamientos en concretas causas judicializadas y las que afectan a datos económicos-tributarios de personas con trascendencia política y mediática”, escribe la fiscal del caso.
Se trata de un centenar de correos cuyo contenido casa difícilmente con el desempeño del ministro de Hacienda y que incluye información reservada de algunos casos y personas que la fiscal enumera: “Gürtel, Bárcenas, Rodrigo Rato, Pokemon, Noos, Prenafeta, Pretoria, Parques Eólicos, Aznar, Aguirre, Granados, Marjaliza, Monedero, Podemos, Margarita Robles, Pujol, Carmona, la jueza Alaya, Baronesa Thyssen…”. Algunos de los afectados por este tráfico de información se personaron en la causa cuando El Periódico desveló en 2023 la existencia de la trama de la brigada fiscal en el seno del Ministerio de Hacienda. En julio pasado, después del levantamiento del secreto que pesaba sobre la causa, el juez de Tarragona al frente de la investigación, Rubén Rus Vela, resolvió que no había indicios de delito en esos correos y la actuación de la brigada fiscal de Montoro.
“La información se realiza a través de correo corporativo, y es una información en la que participan exclusivamente el jefe de gabinete y el ministro, no se comparte con terceros. Simplemente nos encontramos con una transmisión de información”, apunta el juez, quien asume el criterio del fiscal jefe Anticorrupción. El magistrado también alude a la junta de fiscales Anticorrupción que votó mayoritariamente a favor de las tesis de su jefe cuando fueron reunidos por iniciativa de su compañera García Cerdá.
El periodista Javier Chicote, que informó en 2017 de las maniobras de Equipo Económico, el bufete fundado por Montoro en 2006 y por donde habían pasado o pasaron después sus colaboradores en el Ministerio, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero o la rival interna de Montoro en el PP, Esperanza Aguirre, han visto rechazada su pretensión de que se investigue el uso de información confidencial en Hacienda para atacarles. Será la Audiencia Provincial de Tarragona la instancia encargada de resolver los recursos contra la negativa del juez a investigar.
“Revelaciones de secretos”
La Audiencia de Tarragona, al igual que ocurrió con el juez, no podrá analizar el escrito interno de la fiscal del caso porque no está incorporado a la causa. En él, Carmen García Cerdán asegura que ha localizado “un informe que recoge eventuales revelaciones de secretos sobre causas judicializadas (Banco de Mirabaud, HSBC Falciani y otros) efectuadas por la entonces directora de la ONIF, Margarita García Valdecasas, con destino a cuentas de correo de una sociedad, adjuntado incluso, documentos que parecen abrían podido estar en poder de la Fiscalía.
elDiario.es desveló que Montoro recibió en la citada dirección de correo electrónico un escrito de la Fiscalía Anticorrupción perteneciente a la causa de la caja B del PP antes de que llegara al juzgado. El representante de Anticorrupción en ese caso fue Antonio Romeral, ahora número dos de la Fiscalía especializada y el fiscal elegido por Alejandro Luzón para supervisar y limitar el trabajo de García Cerdá.
La fiscal del caso, en su escrito a Luzón, continúa en su escrito de mayo de 2023: “Se localizan incluso correos electrónicos que actualizan permanentemente el conocimiento de datos tributarios y del estado procesal de esas causas judiciales: o que someten a conocimiento y consideración del investigado Cristóbal Montoro información sobre entradas y registros judiciales, así como el sentido de las conclusiones e informes de la AEAT [Agencia Tributaia] en auxilios judiciales. Se habrían llegado a pasar informes del auxilio judicial antes de su incorporación al procedimiento”. En uno de esos correos, el ministro Montoro es advertido de que al día siguiente Vigilancia Aduanera, dependiente de su Ministerio, va a realizar unos registros por orden judicial en la Diputación de Lugo, en manos del PP, dentro del caso Pokémon.
La fiscal advierte a Luzón: “Considero que los hechos son muy graves. Junto a otros delitos que puede haber cometido la trama es claro que los investigados no podían trasladar al ministro la información que conocían a través de los auxilios judiciales nombrados en la causa. Como fiscales que somos, me cuesta que lleguemos a tener algún tipo de duda sobre este extremo”, lamenta García Cerdá en el escrito que le remite a Luzón.
En uno de los correos a los que ha tenido acceso elDiario.es, el jefe de gabinete escribe a la dirección secreta de Montoro suministrándole novedades sobre el caso de la caja B que pertenecen a la causa judicial, ajenas a la actuación del ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria defendió, en la época de Montoro, la tesis de que el Partido Popular no había cometido fraude fiscal en el pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede de Génova.
El 9 de febrero de 2015, Felipe Martínez Rico escribe a la dirección secreta de Montoro: “Ministro, esta semana (hoy y el miércoles), el juez revisa con el auxilio judicial los informes de AEAT e IGAE. Con toda probabilidad (…), el juez solicitará a la AEAT que recalcule el impuesto sobre sociedades del partido en la hipótesis de que ocurriría si se incorporara sin exención la parte de la financiación que incumplen lo previsto en la Ley de financiación de partidos políticos. El juez o las partes buscarán posiblemente que este tema tenga repercusión mediática”.
Cristóbal Montoro y nueve de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda están imputados por delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos sin perjuicio de que estos se amplíen. Los delitos están relacionados con dos modificaciones legislativas que el lobby gasístico habría logrado contratando a Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro en 2006, del que el ministro aseguro se desvinculó dos años después, y por el que pasaron sus colaboradores antes de regresar al Ministerio. En el correo que originó la investigación, un directivo habla con otro de las reformas legales que persiguen: “La vía directa es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”.
