Las conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Saura sobre el rescate de la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra cuando eran ministro de Transportes y secretario de Estado demuestran su rechazo a la operación, así como su firme voluntad de revertirla. La conversación clave, a la que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO, se produjo el 24 de marzo de 2021. Ese día, varios medios publicaron el contenido del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de Transportes, sobre el rescate a la compañía aérea, a la que se otorgaron 53 millones públicos.
La filtración de este documento, que formó parte del expediente para que el consejo gestor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), perteneciente al Ministerio de Hacienda, aprobara la inyección de fondos públicos, desató la inmediata indignación de Ábalos y Saura al advertir que se intentaba desde el propio Gobierno trasladarle toda la responsabilidad de la operación.
Su cabreo se fundamentaba, además, en que el ministro había negado públicamente días antes que hubiera intervenido en el controvertido rescate de la aerolínea. «La verdad es que el Ministerio no ha tenido nada que ver, por lo tanto no puedo dar muchas explicaciones», había declarado Ábalos, refiriéndose con desdén a la compañía dejando claro que no sabía siquiera su nombre exacto: «Plus Ultra creo que se llama». Al tiempo que puntualizó que era una compañía «muy pequeña». Junto al referido informe de Aesa se emitieron otros dos externos por parte de DC Advisory y de Deloitte.
A las 8.42 horas el ministro escribió a su mano derecha pidiéndole explicaciones por la publicación del referido informe. «¿Quién ha filtrado el informe de Aesa?», requirió un enfurecido Ábalos a Saura. «Tiene que haber sido Economía o Hacienda», le respondió el secretario de Estado de forma automática. A lo que el ministro puntualizó: «Todo indica que Economía quiere salvarse».
Una hora después, y tras meditar lo sucedido, el secretario de Estado planteó a su jefe abortar el préstamo millonario a la compañía cuyos máximos directivos fueron detenidos el pasado mes de diciembre acusados de blanquear capitales utilizando precisamente los fondos del rescate público. «No sé cómo lo ves, mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra», le indicó. A lo que añadió a renglón seguido: «Y, dos, que la Sepi está fuera de control«.
Apenas 20 minutos después Ábalos replicó a Saura que no estaba dispuesto a hacer saltar por los aires la operación porque automáticamente iba a provocar un enfrentamiento con María Jesús Montero, al frente entonces del ministerio que había articulado la ayuda, y que la había justificado diciendo que era «una empresa estratégica». «Eso es indisponerme con Hacienda», zanjó Ábalos.
Ambos conversaron por WhatsApp a lo largo del día sobre este asunto y la posición que debían adoptar sobre el rescate y sus comunicaciones concluyeron trasladando toda la responsabilidad a Montero en este episodio. A su vez, auguraron que, como finalmente ocurrió, el caso acabaría en los tribunales. «La Sepi dice que fue fundamental un informe de seguridad aérea para un fondo de rescate empresarial que tiene como objetivo salvar a empresas estratégicas y que hay que evaluar si pueden devolver la ayuda», expuso Saura. «Apaga y vámonos», añadió, «si este es el argumento ante un juzgado lo tienen mal».
Al mismo tiempo, subrayó que la única cuestión relevante en la tramitación del expediente de salvación de Plus Ultra pasaba por determinar «si la empresa puede devolver las ayudas» y que, por lo tanto, la opinión de Transportes resultaba accesoria. De ahí que añadiera a Ábalos que todo aquel que considerara clave el pronunciamiento de Aesa estaba guiado por una «animadversión política».
En esta misma línea, Transportes declaró a lo largo de esa misma jornada a este periódico que «Aesa hace informes de forma habitual de las aerolíneas porque está dentro de sus competencias de inspección y supervisión. Analiza las cuentas desde el punto de la seguridad aérea, no desde el punto de vista estratégico». «Nosotros tratamos de la situación de conectividad y de la movilidad, pero no de la situación de las empresas», también dejó claro en público Ábalos.
Sin embargo, otras fuentes gubernamentales de la época aseguran que el único Ministerio que aportó informes favorables al rescate de Plus Ultra fue el de Transportes y no sólo con el de Aesa, sino el de la Dirección General de Transportes, como publicó EL MUNDO. Sin ellos, no se habría aprobado la ayuda, porque evaluaban la importancia de la aerolínea para España y su solvencia para volar.
El papel de Zapatero
A pesar de ser, como subrayaba el propio Ábalos, una aerolínea «muy pequeña» y que representaba una cuota de mercado simbólica, el Ejecutivo de Sánchez sacó adelante finalmente el rescate, que con el paso del tiempo se encuentra cada vez más bajo sospecha. Cabe recordar que durante los últimos meses, tanto Ábalos como el empresario Víctor de Aldama han acusado directamente al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de haber intervenido para que el Gobierno salvara a Plus Ultra. El primero arguye que se lo llegó a confesar en una ocasión su subordinado Saura y el segundo, que presenció una reunión en el Ministerio de Transportes en la que Zapatero habría exigido a Ábalos su apoyo para esta empresa. El ex jefe del Ejecutivo español niega rotundamente las afirmaciones de ambos y ha asegurado en el Senado que nunca intervino ante ninguna autoridad en referencia a este asunto.
La Justicia, sin embargo, ha vuelto a poner el foco en esta operación y el pasado mes de diciembre la Fiscalía Anticorrupción ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y de su principal ejecutivo, Roberto Roselli. A ambos les acusa de utilizar el dinero del rescate para sufragar unos préstamos a un polémico financiero neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza por lavar fondos de actividades delictivas en Venezuela.
En el marco de estas pesquisas, que en estos momentos dirige en secreto la Audiencia Nacional, también fue arrestado el empresario Julio Martínez Martínez, asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero. Tal y como desveló este diario, Martínez cobró de la compañía más de 600.000 euros y transfirió 460.000 al ex líder socialista en concepto de supuestas «asesorías globales». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) está analizando estas operaciones para comprobar si las consultorías son reales o si por el contrario constituyen una contraprestación a cambio de otro tipo de gestiones.
