O yo o el caos. Eso han venido a decir las izquierdas (Pedro Sánchez y las que acaben siendo) y las derechas (el PP de Feijóo y de Ayuso + Vox) nada más conocerse la fecha de las próximas elecciones generales. Como es grotesco, sonrojante y una pérdida de tiempo detenerse en los argumentos de los segundos (a saber: corrupción, democracia y quebranto del sistema constitucional), prefiero centrarme en los argumentos económicos, que es además de lo que va este boletín. Porque esto va de vivir mejor, de conquistar nuevos avances sociales y de seguir transformando el país, en mi opinión, en el sentido radicalmente opuesto al manual de la ultraderecha.
España se ha convertido en la economía que más crece (en términos de PIB) y que más empleo crea de toda la Unión Europea. Con los últimos gobiernos progresistas se han aprobado ocho subidas del SMI desde 2018. El salario mínimo ha pasado de 735,90 euros brutos mensuales en 2018 a 1.221 euros en 14 pagas en 2026, un incremento acumulado cercano al 66%. La pobreza en España ha disminuido durante los últimos años, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, y la tasa es la más baja de la última década.
Otro dato: la renta bruta disponible ha aumentado casi 10 puntos desde 2018, al pasar del 95,93 al 105,18, según el índice de la OCDE. Estamos hablando de la renta bruta disponible en términos reales y per cápita, es decir, lo que reciben los hogares, no solo teniendo en cuenta salarios, sino también transferencias e impuestos y el impacto de los precios, y en términos per cápita, para evitar el efecto del crecimiento de la población.
Con Rajoy, España pasó de 92,84 a 95,93. De hecho, el partido del último presidente del Gobierno del PP ofrece la motosierra. Lo escribí hace poco, a propósito del debate sobre el absentismo. Es el sello de esta derecha. En apenas una semana, el gurú económico del PP, Álvaro Nadal, ha propuesto ampliar el límite de horas extra y el propio Feijóo ha adelantado una propuesta de reforma para que las mutuas —entidades que gestionan organizaciones empresariales— puedan dar el alta a trabajadores de baja por enfermedad común. Su socio en la mayoría de comunidades autónomas y muleta necesaria para que el gallego entre en La Moncloa da el sistema público de pensiones por finiquitado.
“Es un zombi” y “está quebrado”, en palabras de José María Figaredo, el responsable económico y secretario general del partido de Vox en el Congreso de los Diputados. Es mentira, pero la formación liderada por Santiago Abascal defiende acabar con el actual sistema público de reparto para avanzar hacia un sistema mixto de capitalización, con pensiones individuales.
Es verdad que hay mucho camino por recorrer. Hay que reabrir sin miedo debates que a veces incomodan a las izquierdas (absentismo, pensiones, fiscalidad, productividad). Los niveles de desigualdad y pobreza han mejorado, pero continúan siendo altos. La población ocupada ha crecido, pero al mismo ritmo que la demografía. La renta disponible ha aumentado, pero por debajo de la inflación: entre 2018 y 2026, los precios de consumo en España se han incrementado aproximadamente un 27%, según el INE.
Más allá del gran fracaso en vivienda, cuya parte de culpa es de los salarios, que no alcanzan. Los sueldos reales acumulan prácticamente un cuarto de siglo de estancamiento, sin una mejora clara del poder adquisitivo. En España tenemos un problema de bajo nivel de remuneración que afecta a sectores amplios de la población asalariada: el SMI ha dejado de ser referencia del trabajo no cualificado o sin experiencia para convertirse en el sueldo más común del país.
Los sindicatos tendrán que emplearse a fondo en meter la ecuación salarial entre sus argumentos y reivindicaciones para que la huelga general del 11 de noviembre sea legal. La clave está en cómo se convoque, estableciendo una relación con los intereses de los trabajadores, algo que ya están haciendo y que encuentra múltiples antecedentes. Será legal, sí, pero no deja de ser rara, poco ortodoxa. ¿Contra quién va? ¿Contra qué gobierno? El coste de no convocar es peor, el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos les han adelantado por la izquierda. Pero, tal y como recuerda una fuente sindical, deja a los sindicatos en evidencia, ante su debilidad en la negociación colectiva, que es donde se pactan los salarios.
Con todo, y volviendo al principio, la reflexión que debe hacerse cada uno es si cree que con el PP y Vox en La Moncloa tendríamos –en el mejor de los casos– más derechos sociales, medioambientales y mejores indicadores económicos como los que he planteado más arriba o no.
El dato
Es el porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar que se quedan fuera del mercado laboral. Seis de cada diez. La proporción apenas ha variado en la última década, lo que refleja una notable resistencia a la inclusión a pesar de los cambios normativos y de un contexto económico favorable con cifras récord de empleo. “La mayoría de las personas con discapacidad ni siquiera llega a formar parte del mercado laboral”, ha señalado el presidente de la patronal de centros especiales de empleo (Conacee), Albert Campabadal, que calcula que de los 4,4 millones de personas con discapacidad en España solo unas 700.000 están activas.
El gráfico
Cuesta no hablar de vivienda. Uno de los argumentos que explican el aumento de los precios es porque faltan casas, hay poca oferta frente a una demanda creciente porque la población ha aumentado. Parece bastante obvio, como contaba Enric González en este artículo. Sin embargo, el análisis de Alberto Garzón de esta semana introduce también el uso de la vivienda como un activo financiero, es decir, como una inversión. El gráfico muestra que desde 2015 invertir en vivienda (tanto para poner en alquiler como para la revalorización en el precio) es bastante más rentable que hacerlo en bonos del Estado, por ejemplo. Esto es especialmente intenso cuando los tipos de interés son bajos, ya que las alternativas estrictamente financieras pierden atractivo. Tanto para fondos, empresas y grandes tenedores, como para pequeños propietarios.
Es la misma tesis que sostiene la economista Mariana Mazzucato, a quien he entrevistado recientemente y que podrás leer si te apetece este fin de semana. Por eso es tan importante una buena regulación fiscal y dar alternativas. La cuenta de ahorro e inversión diseñada por el vicepresidente Carlos Cuerpo, y aprobada de nuevo en el Real Decreto-ley, tiene el doble objetivo de desincentivar los activos inmobiliarios como refugio del ahorro y movilizarlo hacia la economía productiva y los mercados financieros (renta variable y empresas europeas).
Nos gusta la competencia
Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:
Aquí lo dejo por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a [email protected] con ideas, propuestas, sugerencias o críticas.
¡Un abrazo!
