De nuevo, y más que nunca, unidad en la defensa de las RUPs en la UE
A lo largo de las legislaturas del Parlamento Europeo (PE) en las que ha venido funcionando el Intergrupo de trabajo de eurodiputados/as (MEPs, por sus siglas en inglés) residentes en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), es probable que nunca haya habido una situación interna de mayor heterogeneidad ideológica entre sus miembros, en paradójica simultaneidad con una mayor conciencia común de lo que está en juego para su futuro en el conjunto de la Política Regional y de Cohesión de la UE.
En efecto, la presente legislatura 2024-2029 arrancó en un contexto geopolítico turbulento e incierto, marcado por las incertidumbres y por la desvinculación de grandes potencias nucleares (la Rusia de Putin, los EEUU de Trump, el Israel de Netanyahu...) de las reglas del Derecho internacional que expresan el orden por el que se ha regido la comunidad internacional desde la II Guerra Mundial y la edificación del sistema de la ONU.
La propuesta de Marco Financiero Plurianual presentada por la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión VDL II, MFP 2028-2034) ha pretendido argumentarse como un "cambio de paradigma" ante las prioridades impuestas por ese escenario geopolítico, acarreando, en la práctica, la disolución de los vectores de cohesión y solidaridad regional en aras de un nuevo altar de prioridades en Seguridad y Defensa.
Las nuevas rúbricas del MFP 2028-2034 insisten, efectivamente, en la seguridad y la defensa, ya lo sabemos. Pero bajo ningún concepto es aceptable para las RUP que estas "nuevas prioridades" deban abrirse paso en perjuicio de las políticas de las que dependen las correcciones de sus desigualdades de origen y de carácter estructural, derivadas de su lejanía y fragmentación territorial (insularidad alejada).
Entre las prioridades de las RUP, plenamente respaldadas por la unidad y la estrategia compartida de sus MEP del Intergrupo, sobresale, por descontado, el mantenimiento a toda costa de las políticas regional y de cohesión, diferenciadas respecto de cualquier otra rúbrica, con su denominación como tales.
Importa también el mantenimiento del POSEI —apoyo al sector primario de las RUP en el marco de la PAC—, junto con las ayudas al sector pesquero, entre las que cobra especial relevancia la atención a la pesca artesanal, actividad sostenible por definición y por su práctica, que es en sí misma incompatible con la acumulación de cargas administrativas y burocráticas que se le han impuesto últimamente, con evidente desconocimiento del funcionamiento del sector.
Pero es también esencial mantener la ficha de cofinanciación de hasta el 85%, independientemente de la renta relativa de la RUP de que se trate ("región en transición"). La Política de Vecindad y el programa Interreg forman parte asimismo de la dieta de supervivencia de las RUP ante el futuro de la UE.
La diversificación económica de las RUPs es un objetivo recurrente en todas las agendas: pasar del monocultivo (agrícola o turístico) a una economía azul, verde y circular, con sectores punteros en innovación e investigación, como la investigación biomarina o la observación aeroespacial.
Las particulares dificultades en el acceso a la vivienda en las RUP han suscitado discusiones acerca de la pertinencia de medidas especiales invocando la base jurídica específica del artículo 349 del TFUE. Cualesquiera que sean esas decisiones singulares, deberán justificarse en su proporcionalidad para asegurar su conformidad con el Derecho de la UE.
La jurisprudencia del TJUE es elocuente: no caben discriminaciones arbitrarias o carentes de fundamento razonable; cada excepción al régimen europeo basado en las cuatro libertades clásicas (que incluyen la libre circulación y la libertad de elección de residencia de la ciudadanía europea) debe razonarse y justificarse mediante medidas proporcionales al objetivo perseguido de facilitar el acceso a una vivienda asequible para la población residente.
En definitiva, nunca como en esta legislatura 2024-2029 había tenido el Intergrupo RUP mejor fundadas razones para la unidad de acción —unidad en el PE, unidad de los Gobiernos (francés, portugués y español) en el Consejo de la UE, unidad de los actores económico-productivos y unidad en el apoyo de la sociedad civil y de sus organizaciones—, superando, en lo preciso, sus diferencias internas, primando el objetivo común.