El Gobierno alerta del impacto de los centros de datos en el precio de la luz y las emisiones de CO2
El Gobierno advierte de que una entrada “abrupta” de centros de datos en el sistema eléctrico tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y sobre las emisiones de CO2 asociadas al 'mix' de producción de energía eléctrica.
La memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, que ha sido remitida al Consejo de Estado para su dictamen tras la fase de audiencias públicas, estima que la entrada de 10 gigavatios (GW) de potencia instalada de centros de datos en 2030 supondría, en comparación con la entrada de 1 GW, “un aumento del funcionamiento de los ciclos combinados (+107%), del coste variable total de generación (+200%) y de las emisiones de CO2 (+65%)”.
El informe, elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, Comercio y Empresa y para la Transformación Digital y de la Función Pública, destaca que, como consecuencia del perfil de carga asociado a esta tipología de consumo, se necesitará inevitablemente, en ausencia de un marco regulatorio que lo corrija, un mayor respaldo del funcionamiento de los ciclos combinados en los momentos de menor disponibilidad del recurso primario de origen renovable.
De esta manera, ese incremento de las horas de funcionamiento de los ciclos combinados traería consigo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de los precios de la electricidad, ya que estos internalizarían el precio del gas natural y de los derechos de emisión necesarios para el funcionamiento de los grupos térmicos de generación convencional.
Por ello, alerta de que estos resultados “evidencian los efectos adversos derivados de un despliegue descontrolado” de los centros de datos en el ámbito nacional como el que se produciría de no implementar un marco regulatorio dedicado a esta situación.
Así, el Ejecutivo considera que este incremento estimado del coste variable total de generación “repercutiría negativamente en el conjunto de los consumidores y el aumento de las emisiones podría comprometer los objetivos climáticos y de descarbonización del Reino de España”.
De esta manera, defiende articular un binomio de exigencias basado en la adicionalidad y en la correlación horaria. Para asegurar que los centros no detraigan energía limpia del resto de la economía ni encarezcan el recibo, se exigirá cubrir el 80% del consumo con generación renovable adicional -vía autoconsumo o mediante contratos de compra a plazo (PPA) a un mínimo de seis años con instalaciones de antigüedad máxima de 36 meses-.
Paralelamente, se establece que la energía consumida en cada hora deberá estar respaldada al menos en un 80% por electricidad de fuente renovable generada o desembolsada en esa misma fracción horaria, pudiendo emplearse sistemas de almacenamiento hibridados o independientes. Este requisito busca corresponsabilizar a la demanda tecnológica en las horas en que el sistema sufre mayor escasez o tensión.
En la memoria, adelantada este jueves por el diario 'El País', el Gobierno valora así que el requisito de adicionalidad es necesario para “evitar que un despliegue acelerado de centros de datos detraiga a otros consumidores, ya sea industriales, comerciales o residenciales, y en gran parte de los casos con menor poder adquisitivo o capacidad competitiva que los centros de datos, la posibilidad de aprovechar la energía limpia y competitiva que supone la generación renovable en el sistema eléctrico español”.
Asimismo, para desincentivar cualquier atajo regulatorio, el real decreto implementa un régimen penalizador mediante recargos progresivos sobre los peajes de acceso y cargos del sistema. En los supuestos de incumplimiento en las cuotas de correlación horaria y adicionalidad, los recargos fluctuarán del 10% hasta alcanzar el 500% del coste de los peajes, cuyos ingresos serán restituidos a la bolsa del sistema eléctrico para compensar a los consumidores.
La norma sanciona los incumplimientos más desobedientes o reiterados decretando directamente la extinción de los permisos de acceso y conexión otorgados. “La pérdida de los permisos se reserva a los supuestos de incumplimiento renovable significativo y reiterado y a las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa” dictadas en materia de soberanía digital o de eficiencia, señala la memoria.
Por otra parte, ante la entrada en vigor del nuevo paradigma, se habilita una ventana de renuncia voluntaria de seis meses de duración para que aquellos promotores con permisos concedidos o en tramitación que descarten asumir los requisitos puedan desligarse sin la ejecución de las garantías económicas depositadas ante los gestores de red.
Además, se ofrece vías alternativas transitorias, como la adhesión gradual mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) durante cinco años, así como un régimen especial ajustado para proyectos estratégicos europeos vinculados a la soberanía digital.
En el caso de los recursos hídricos, se impone estrictos niveles de eficiencia energética e hídrica alineados con la máxima clase 'A' del futuro etiquetado europeo de centros de datos, exigiendo a los nuevos proyectos alcanzar dichos estándares tras un margen inicial de adaptación de seis meses desde el inicio de su funcionamiento.
En la memoria, el Gobierno advierte de que existen permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas ya concedidos por valor de más de tres veces las estimaciones más ambiciosas de capacidad existente para centros de datos a 2030.
Así, se pone de relieve la desproporción actual de la demanda al registrarse en los últimos seis años más de 12 gigavatios (GW) de potencia concedida entre el gestor de la red de transporte y las distribuidoras. Esta acumulación contrasta frontalmente con la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, que estimaba únicamente entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica de computación para el final de la década.
El Gobierno pretende aprobar la normativa para regular los centros de datos antes de las elecciones del 29 de noviembre, a pesar de que ha contado con el total rechazo del sector, ya que la asociación Spain DC ha pedido una regulación que sea “proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo, evitando que nuevas exigencias puedan situar a España en desventaja frente a otros países comunitarios.