El Gobierno ampliará el plazo de alegaciones para la nueva regulación de los centros de datos

El Gobierno se dispone a ampliar el plazo de alegaciones al borrador de Real Decreto que endurece significativamente las exigencias para los centros de datos, que salió a consulta el pasado 27 de agosto y que en principio estaba abierto a comentarios hasta el próximo viernes.

Según confirman a elDiario.es varias fuentes con conocimiento del asunto, el Gobierno ha accedido a esta prórroga ante la polémica generada por esta propuesta, elaborada al alimón por vía de urgencia por los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.

La prórroga, que el departamento de Sara Aagesen no comenta, llega después de que el pasado lunes SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos que pilota la ex vicealcaldesa de Madrid con Ciudadanos, Begoña Villacís, elevase “su preocupación tras analizar el Proyecto” y reclamara al Ejecutivo “cambios sustanciales” en el texto inicial.

En opinión de esta patronal, “el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad de España frente a otros mercados europeos”. El sector asegura que están en riesgo cifras de inversión que se han cifrado en hasta 60.000 millones de euros. El de los centros de datos es uno de los negocios de moda por el boom de la inteligencia artificial.

El borrador inicial del Gobierno plantea, entre otros requisitos, que el 80% de la energía utilizada por estas instalaciones sea renovable minuto a minuto. También incluye distintas exigencias en materia de ciberseguridad y soberanía digital, como que el operador de la infraestructura esté establecido en la Unión Europea (UE).

La ampliación de plazo va llegar después de que también el pasado lunes la Agencia EFE revelase que el Ejecutivo está negociando con las grandes multinacionales norteamericanas de centros de datos un acuerdo sobre las exigencias medioambientales que recogerá el futuro decreto del sector sin que tema que la regulación pueda ahuyentar sus inversiones en España.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que España alcanzaría una potencia de 2,5 gigavatios hasta 2030, pero ya se han preconcedido más de 12 gigavatios. Aunque actualmente no existe un problema de suministro, el Gobierno ha advertido de que podría producirse si se materializan todas las solicitudes. En Estados Unidos, que lleva la delantera en este asunto, ya están propiciando fuertes subidas de la luz en territorios como Virginia y algunos problemas de estabilidad en la red.

El Ejecutivo pretende actuar antes de que la demanda energética de estas instalaciones (que ya empieza a aflorar en las estadísticas de Red Eléctrica) llegue a desbordar la capacidad disponible. Las fuentes han citado el caso de Irlanda, donde los centros de procesamiento de datos pueden llegar al 32% del consumo eléctrico, así como el de algunas zonas de Estados Unidos donde superan el 25%. Países como Países Bajos, además, han aplicado moratorias para frenar su expansión.

Por otro lado, el Ejecutivo sostiene que alrededor de los centros de datos se estaba generando una burbuja, con numerosos proyectos compitiendo por los mismos puntos de acceso a la red eléctrica.

A cierre de 2025, la potencia informática instalada en los centros de datos españoles era de 439 megavatios (MW), según SpainDC. Para 2030, la patronal estima que estarán operativos entre 2,6 y 2,9 gigavatios (GW), y la Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno calcula unos 2,5 GW de potencia de computación, equivalentes a una demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW.

Frente a esas cifras, la red ya ha concedido permisos de acceso por unos 12 GW (más de 6 GW en la red de transporte y otros 6 GW en las de distribución) y se calcula que hay solicitudes formuladas por cerca de otros 20 GW.

“Entre permisos concedidos y solicitudes en cola, hablamos de más de 30 GW de capacidad para una necesidad real de 3 a 4 GW en 2030”, resumía hace unos días el inversor y experto en energía Joaquín Coronado, que considera “desproporcionada” la exigencia de un 80% de renovables hora a hora, porque “obliga a sobredimensionar la generación para cubrir las horas malas (noches sin viento, días nublados) y a desperdiciar el excedente el resto del tiempo”.

Un estudio reciente en Estados Unidos ha vinculado los centros de datos con subidas del precio de la luz y la vivienda. Estas instalaciones se están convirtiendo en argumento de peso en las elecciones de medio mandato en ese país, con muchos demócratas y un número creciente de republicanos posicionándose contra ellos.

Hace unas semanas, Morgan Stanley estimaba que la capacidad total de estos centros en España alcanzará 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que contemplaba hasta ahora.

La entidad situaba a Aragón como el mercado secundario “más emocionante de Europa”, con un potencial estimado para alcanzar 3 GW de capacidad y consolidarse firmemente como el próximo gran nodo de interconexión del continente gracias a su abundante suelo, buen recurso renovable, un clima algo más fresco que otras zonas de España y la conectividad que aportan cables submarinos como Marea, Grace Hopper y Anjana, que enlazan con EEUU y Reino Unido y permiten corredores de baja latencia.

Por su parte, la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield situaba recientemente a Madrid como el quinto mercado primario de centros de datos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y uno de los principales 'hubs' europeos para esta industria, a la que comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Aragón han puesto alfombra roja.

Parte del actual colapso de peticiones de acceso a la red eléctrica está relacionado con estas infraestructuras, que han atraído a firmas del Ibex como ACS, Iberdrola o Merlin Properties, y a alguna gran fortuna como el magnate de la eólica en Castilla y León Rafael González-Vallinas. Las eléctricas los ven como una oportunidad para reactivar una demanda a la baja que pone en riesgo la rentabilidad de los proyectos de renovables, en especial, las fotovoltaicas más recientes.