Volkswagen afronta una semana decisiva para el futuro de sus trabajadores. La dirección del grupo volverá a someter, el próximo 4 de septiembre, al consejo de administración su controvertido plan de reestructuración, que contempla la supresión de hasta 100.000 empleos, posibles cierres de fábricas y la separación de algunas actividades. El proyecto ya fue rechazado en la anterior reunión del consejo, celebrada en julio, y afronta una nueva votación en un clima de creciente tensión entre la cúpula y los sindicatos y el Estado de Baja Sajonia.
La presión es especialmente elevada porque el consejo de administración de Volkswagen cuenta con una estructura de poder poco habitual reservada a grandes empresas alemanas por la ley de la cogestión. De sus 20 puestos, actualmente uno está vacante, mientras que los representantes de los trabajadores y Baja Sajonia controlan 12 sillas, lo que les permite bloquear el plan de la dirección. El Estado alemán de Baja Sajonia (donde se ubica la sede central de Wolfsburg) posee además un 20% de las acciones con derecho a voto y cuenta con una posición de bloqueo efectiva en determinadas decisiones estratégicas.
El primer ministro de Baja Sajonia, Olaf Lies, uno de los principales actores en las negociaciones, ha reclamado a todas las partes que aprovechen los últimos días antes de la reunión para alcanzar un acuerdo. “Insto encarecidamente a que aprovechemos el tiempo que queda hasta la próxima reunión para conciliar las diferentes posturas”, afirmó el viernes. Lies considera que Volkswagen debe afrontar con urgencia sus problemas de costes y competitividad, pero también recuerda el impacto que cualquier decisión tendrá sobre los trabajadores, sus familias y toda la red de proveedores y empresas de servicios vinculada al grupo.
Ruptura entre IG Metall y la dirección
El pulso se produce después de que el consejero delegado, Oliver Blume, haya participado en asambleas con trabajadores para explicar el endurecimiento del programa de ajuste que el grupo había pactado con los sindicatos en 2024. Aquel acuerdo ya contemplaba la eliminación de unos 50.000 puestos de trabajo, principalmente mediante jubilaciones, bajas voluntarias y una política de contratación restrictiva, a cambio de garantías de empleo. Ahora Volkswagen plantea otros 50.000 puestos afectados, aproximadamente la mitad en Alemania y la otra mitad en el ámbito internacional, en unas 170 sociedades.
Blume anunció que el grupo pretende evitar en la medida de lo posible los despidos forzosos y apuesta de nuevo por las salidas voluntarias, especialmente las jubilaciones y los acuerdos individuales. Sin embargo, el anuncio ha provocado una fuerte reacción entre los trabajadores y ha deteriorado la confianza en la cúpula del grupo.
La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, ha cuestionado abiertamente la gestión de Blume y ha asegurado que la confianza en el máximo ejecutivo está “deteriorada”. Desde el sindicato IG Metall, el responsable del distrito de Baja Sajonia, Thorsten Gröger, ha elevado todavía más el tono y ha acusado a la dirección de llevar a cabo una gestión “desastrosa” de la comunicación interna. La central considera que los trabajadores ya han realizado importantes sacrificios y reclama que cualquier nuevo ajuste vaya acompañado de garantías sobre inversiones, nuevos modelos y carga de trabajo para las fábricas alemanas.
La amenaza de movilizaciones, incluidas las huelgas, empieza a aparecer de nuevo en el horizonte. Gröger ha recordado que el periodo de paz social permanece vigente hasta finales de año por los acuerdos anteriores, pero ha advertido que a partir de 2027 los trabajadores podrían recurrir teóricamente a los paros. “Todo apunta a un conflicto”, ha señalado el dirigente sindical, que considera que la dureza de las medidas planteadas por algunas empresas del automóvil no guarda proporción con la situación del sector.
Cuatro fábricas, en el punto de mira
Uno de los principales focos de conflicto es el futuro de las plantas alemanas. Durante su reciente gira por las instalaciones del grupo, Blume reconoció que Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no tienen una perspectiva de producción viable para la década de 2030.
Volkswagen insiste en que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de estas fábricas y que clausurar una planta sería “siempre la solución de último recurso y la más costosa”. Sin embargo, la falta de carga de trabajo prevista para algunas instalaciones alimenta la preocupación entre los trabajadores y las autoridades regionales.
La dirección sostiene que el ajuste es necesario para recuperar competitividad en un momento especialmente complicado para el fabricante. Volkswagen está sufriendo la presión de los aranceles estadounidenses, la debilidad de sus ventas y beneficios en China y el avance de los fabricantes asiáticos tanto en el mercado chino como en Europa. A ello se suma la necesidad de reducir costes y acelerar la transformación tecnológica del grupo.
Las familias Porsche y Piëch, principales accionistas de Volkswagen a través de Porsche SE, también están presionando para elevar la rentabilidad y acelerar la reestructuración. Su posición añade presión sobre Blume para ejecutar un plan más ambicioso, pese a la resistencia del comité de empresa y de Baja Sajonia.
Un plan B si el consejo vuelve a votar en contra
La gran incógnita de la reunión del 4 de septiembre es qué ocurrirá si el consejo de administración vuelve a rechazar la propuesta de la dirección. Volkswagen ya estaría estudiando una vía alternativa, según la prensa alemana: convocar una junta extraordinaria de accionistas, posiblemente en octubre, para trasladar directamente a los inversores la decisión sobre los puntos más polémicos de la reestructuración.
Se trataría de un movimiento extraordinario dentro de la tradicional cultura empresarial alemana, basada en la búsqueda de consensos entre dirección, trabajadores y accionistas. La junta general presenta, además, un equilibrio de poder diferente al del consejo de administración, ya que los representantes de los trabajadores no tienen derecho a voto y Baja Sajonia dispone del 20%.
Sobre el papel, esta vía podría permitir a la dirección superar el bloqueo del consejo. Las familias Porsche y Piëch, que han mostrado su apoyo al ajuste de Oliver Blume, controlan a través de Porsche SE el 53,3% de los derechos de voto, mientras el fondo soberano de Qatar posee otro 17%. El resto está en manos de otros accionistas. Sin embargo, el escenario no está exento de dificultades jurídicas.
La denominada Ley Volkswagen establece condiciones especiales para determinadas decisiones corporativas y podría exigir mayorías superiores a las habituales, especialmente en operaciones como la escisión de determinadas actividades. La dirección podría tratar de apoyarse en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas alemana para llevar el conflicto directamente a los accionistas, pero una decisión de este tipo podría desencadenar una larga batalla legal, según los expertos de Alemania.
Antes de llegar a ese extremo, las partes todavía disponen de una última oportunidad para negociar. El comité ejecutivo del consejo de administración, integrado por el presidente del comité de empresa, el primer ministro de Baja Sajonia y representantes de las familias Porsche y Piëch, se reunirá el 3 de septiembre, un día antes de la votación.
