La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que su partido “siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española”. Muñoz hace esta afirmación un día después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que el Gobierno quiere “fabricar dos millones y medio de votantes” con la Ley de Memoria Democrática y alentara la conspiración de una “ingeniería electoral”.
El PP intenta resituar así su discurso sobre la mal llamada 'ley de nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática que abrió un periodo extraordinario para que descendientes de españoles y españolas que emigraron por diferentes razones políticas pudieran solicitar la nacionalidad de sus ascendentes. Según los últimos datos, alrededor de medio millón de personas ha visto su petición aceptada.
La ley se aprobó en la anterior legislatura, en 2022, y con el voto en contra del PP y de Vox. Los de Feijóo se opusieron tanto al articulado general de la norma que actualiza la primigenia Ley de Memoria Histórica como a la disposición específica sobre la nacionalización de descendientes de españoles. El motivo, que era un texto “ideológico” que buscaba “reabrir heridas” y que su redacción final se pactó con EH Bildu, que exigió ampliar hasta 1983 el periodo de violencia política derivado de la dictadura y la Transición.
Pero en las últimas semanas, el PP ha azuzado sus ataques a la llamada 'ley de nietos' ante el acelerón que la administración ha dado a las tramitaciones de las peticiones. Pese a que el plazo para solicitar la nacionalidad española concluyó en octubre del año pasado, cientos de miles de personas esperan la resolución de su caso, por lo que el Gobierno ha activado mecanismos para dar velocidad al proceso.
Esto es lo que suscita las “sospechas” del PP, según ha explicado este lunes Muñoz en un acto informativo donde le ha precedido en el uso de la palabra José María Aznar, quien ha reclamado una “mayoría nacional” para echar a Sánchez y evitar “un cambio de sistema”.
Muñoz ha explicado que “en 2022, el Parlamento votó que recuperasen la nacionalidad los que hubiesen tenido que salir por exilio, forzados por la dictadura o la Guerra Civil” y que el Congreso rechazó “una enmienda de Ciudadanos” para ampliar el procedimiento a “cualquier persona”, independientemente del motivo de su salida del país.
La portavoz del PP ha puesto como ejemplo a alguien que “con su dinero se fue a México y montó una cervecera”. “En mi provincia hay dos”, ha apuntado. “Pues el Congreso votó que 'no'. El Congreso votó que solo aquellos que salieron al exilio pudieran recuperar la nacionalidad sus descendientes”, ha sostenido.
Pero la ley no es tan concreta. La disposición adicional octava asegura: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.
Pero además, la ley contempla dar la nacionalidad a “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros” y otros casos.
Críticas a lo que pidió Feijóo en 2023
El PP suma así un nuevo vaivén a una posición cambiante desde al menos hace dos décadas en función de su interés electoral y discursivo. Así, el mismo Feijóo que en 2006, desde la oposición, reclamaba conceder automáticamente la nacionalización a todos los descendientes de emigrantes gallegos nacidos en el extranjero ha pasado ahora a poner en duda una ley que ha prometido derogar una y otra vez.
Hace 20 años, Feijóo decía que no darle automáticamente la nacionalidad a los descendientes de los exiliados era propio “del lejano Oeste”. En 2017, ya presidente de la Xunta, aseguró: “Los derechos de los emigrantes son los nuestros”. De ellos, dijo: “Sois tan gallegos como el que más y os merecéis que Galicia no os deje solos”.
El PP azuza ahora las críticas al proceso de nacionalización, pero las insinuaciones de 'pucherazo' y las acusaciones expresas lanzadas por Isabel Díaz Ayuso han motivado la reacción de la dirección nacional, que ha reculado en sus planteamientos. Sus socios de Vox han llegado a hablar de “golpe de Estado”.
Ha sido Muñoz la encargada de exponer la nueva tesis. El problema no es la ley, sino una instrucción posterior firmada por la directora general de Justicia y que desarrolla cómo se aplica esa ya famosa disposición octava.
En ese texto legal se puede leer: “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.
Según Muñoz, “se reinterpretó” la ley salida del Congreso y “donde se decía solo exilio”, después se amplió “a todos”.
El problema es que en 2023, el propio Feijóo precisamente reclamó que el derecho no se circunscribiera a los españoles exiliados, sino que se ampliara para no “ideologizar” el proceso. En Buenos Aires prometió una “ley específica” para conceder la nacionalidad a los descendientes de españoles “desvinculada de la ideología”.
“El problema no es la ley”
La nueva estrategia discursiva del PP pasa por dejar de criticar la ley y su espíritu, y arremeter contra el proceso de nacionalización puesto en marcha por el Gobierno.
Ester Muñoz ha arremetido este miércoles contra la “rapidez” de la burocracia y el uso de “empresas externas” para agilizar el proceso. “¿Qué necesidad hay de que sea rápido?”, se ha cuestionado. Además, la portavoz ha ironizado con los casos de corrupción que salpican al Gobierno: “¿Cómo es posible que podamos sospechar de un Gobierno que tenía ministros que amañaban contratos, que ha creado una cloaca para coaccionar a jueces? ¿Cómo vamos a sospechar?”.
Al acto no ha ido Feijóo, que mantenía a esa hora una reunión en la sede nacional del PP. Sí han ido otros dirigentes. Por ejemplo, Cuca Gamarra ha zanjado ante los periodistas que “el problema no es la ley, es la instrucción que va más allá de lo que la ley permite”, y ha afirmado que se debe atender a “cuestiones de exilio” y “no cualquier persona”.
