En las instituciones comunitarias y en los grandes think tanks europeos, la fecha está marcada en rojo: 29 de noviembre. La convocatoria de elecciones anticipadas en España ha sacudido el tablero político también en Bruselas, transformando unos comicios nacionales en un barómetro crucial para el futuro de la Unión Europea (UE). No se trata sólo de quién ocupará el Palacio de la Moncloa, sino del pistoletazo de salida de un superciclo electoral, un periodo que redefinirá los equilibrios de poder en el continente.
La sensación en la capital comunitaria es unánime: lo que ocurra en las urnas españolas también calibrará el equilibrio de poder de todo el continente de cara a un sprint político que promete ser turbulento.
Bruselas, siempre dada a medir las consecuencias políticas en términos de mayorías en el Consejo Europeo, observa el tablero rojigualda con una mezcla de expectación y ansiedad. España no es un socio más; es la cuarta economía de la zona euro y, en los últimos años, se ha consolidado como un actor con una influencia inusitada en los debates sobre energía, reglas fiscales y política exterior. Por eso, si a ti te interesa lo que pase ese domingo, a tus vecinos del resto de 26 Estados miembros, también.
🁅 El primer dominó del "superciclo" europeo
El 29-N es la primera gran prueba de estrés institucional antes de las decisivas citas electorales que afrontarán países como Francia, Italia o Suecia en los próximos años. En la burbuja bruselense, la política se lee a través de vasos comunicantes: una alteración en Madrid envía ondas sísmicas directas a la arquitectura institucional.
España ha actuado en los últimos años, según los círculos progresistas europeos, como un dique de contención frente a las corrientes más conservadoras que han ido ganando terreno en otras capitales de peso. Para las familias políticas de la Eurocámara, especialmente socialdemócratas y populares, el resultado de noviembre es un test de temperatura. Si España gira hacia la derecha, el Consejo Europeo consolidará una mayoría conservadora que podría rediseñar las prioridades estratégicas de la Unión hasta el final de la década. Si, por el contrario, se reedita una coalición de perfil progresista, Bruselas entenderá que existe una resistencia estructural a la marea conservadora (y hasta ultra) que parece generalizada.
El impacto es tal que la futura gobernanza de la UE depende de la estabilidad de sus grandes Estados miembros. La preocupación radica en la capacidad de la Unión para avanzar en reformas de calado (ampliación, presupuestos o defensa común) si sus principales capitales están inmersas en la polarización o gobernadas por coaliciones inestables. España, en este sentido, es la piedra de toque.
🔍 La "era Sánchez" bajo la lupa comunitaria
La figura del presidente español, Pedro Sánchez, es ampliamente debatida por estos lares. En los últimos años, se ha erigido como uno de los líderes más reconocibles de la familia socialdemócrata europea, un perfil que ha utilizado para impulsar debates como la reforma del mercado eléctrico o la flexibilización de las reglas fiscales. Sin embargo, los observadores europeos, como la Fundación Robert Schuman, se preguntan si el 29-N marcará el final de esta etapa.
Es puro pragmatismo. Por un lado, se le reconoce a la actual coalición de PSOE y Sumar la capacidad de haber alineado gran parte de su agenda con los objetivos de la Comisión, especialmente en lo relativo a la transición ecológica y el despliegue de los fondos Next Generation EU. Madrid ha sido el alumno aventajado en la recepción y ejecución de estos fondos, lo que ha generado una sintonía evidente con el Ejecutivo comunitario.
No obstante, las debilidades del Ejecutivo también son escrutadas con precisión y poca clemencia. La crisis de la vivienda, un problema estructural que afecta a toda Europa pero que ha adquirido tintes de emergencia en España, se ve en Bruselas como el gran talón de Aquiles de la actual Administración, aunque también podría intentar convertirse en una bandera electoral si se articula como un problema de Estado, frente a las políticas desreguladoras.
🔵 Cómo ve las cosas el PPE
Desde las filas del Partido Popular Europeo (PPE), que actualmente ostenta el mayor poder de influencia en las instituciones, se respira un optimismo palpable ante la posibilidad de un cambio de color político en Madrid. Para la derecha europea, recuperar España significaría asestar un golpe moral y numérico fundamental en el Consejo, consolidando su hegemonía de cara a la reestructuración de los altos cargos de la UE en el periodo 2027-2029.
Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo están siendo analizadas con lupa por los eurocratas. Dos temas destacan por encima del resto en los despachos de Bruselas: la política migratoria y la transición ecológica. El PP ha deslizado compromisos para endurecer el control de las fronteras y ralentizar el ritmo de los objetivos climáticos, buscando un equilibrio entre la ortodoxia económica y las demandas del sector industrial y agrícola. Son materias en las que sus correligionarios, empezando por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, han echado ya el freno y en las que el PPE se ha alineado con la ultraderecha en la Eurocámara.
Esta moderación de la ambición climática, que entronca con el discurso que el PPE lleva meses articulando a nivel europeo ("pausa regulatoria", es el eufemismo), es vista por algunos sectores empresariales con alivio, pero despierta reticencias en la Comisión, que teme que uno de los países más vulnerables al cambio climático pise el freno en el desarrollo del Pacto Verde.
Respecto a la inmigración, un Gobierno conservador en España probablemente se alinearía con las posturas de mayor control fronterizo que ya defienden otras capitales mediterráneas y centroeuropeas, endureciendo la postura del Consejo en el despliegue del recién aprobado Pacto de Migración y Asilo.
👻 Cuatro escenarios y el fantasma de la inestabilidad
La aritmética parlamentaria española -atomizada, si somos clementes, y enloquecida, si no- obliga a Bruselas a prepararse para múltiples escenarios. En la también capital belga no gustan las sorpresas, pero mucho menos los bloqueos institucionales que dejan a un Estado miembro paralizado durante los turnos de negociación europeos. Visto el panorama, podemos decir que hay cuatro escenarios a la vista:
El primero es el giro a la derecha con influencia ultra, que es el que más literatura genera en los análisis de estos días. La posibilidad de que el PP necesite a Vox para gobernar plantea interrogantes sobre el compromiso de España con ciertos pilares de la integración europea. Aunque la retórica euroescéptica ha bajado de decibelios tras el Brexit y Santiago Abascal ahora ya no habla de los "burócratas" de Bruselas porque le conviene el perfil light, la presencia de fuerzas de extrema derecha en gabinetes de grandes países europeos genera una fricción constante en temas de derechos civiles, ampliación y política exterior compartida. Es un hecho y eso va contra los pilares fundacionales de la casa común.
Luego está la resistencia del bloque progresista. Una victoria de las fuerzas de izquierda obligaría a reeditar pactos de geometría variable con partidos regionalistas y nacionalistas, como en el mandato que se cierra. Para Bruselas, este escenario garantiza la continuidad en la agenda económica y verde de la UE, pero mantiene viva la preocupación por la estabilidad interna de España y la dependencia de fuerzas con un agenda en la Europa es secundaria.
Tercer opción, la "Gran Coalición" a la española: aunque políticamente parece ciencia ficción desde la perspectiva de Madrid, en Bruselas suspiran por este modelo, cual Alemania con la CDU del canciller Friedrich Merz y el SPD, hoy liderado por Lars Klingbeil y Bärbel Bas. Analistas y diplomáticos proeuropeos ven en un entendimiento entre PSOE y PP la única vía para garantizar una mayoría de Estado que blinde la posición de España en Europa, impulse reformas estructurales y aísle a los extremos. Es el modelo que domina en el Parlamento Europeo, pero que choca frontalmente con la cultura política española. La polarización, además, no augura ese milagro.
La opción final es el bloqueo y la repetición electoral, o sea, el peor de los temores para las instituciones comunitarias. Un Gobierno en funciones durante meses debilitaría la capacidad de la UE para tomar decisiones rápidas en un contexto geopolítico volátil, con la guerra en Ucrania, la política arancelaria global y los debates presupuestarios en plena ebullición.
🗳️ ¿Un freno a los ultras o su definitiva consolidación?
España se enfrenta al 29-N bajo la etiqueta de ser "la excepción europea". Mientras países fundadores y escandinavos han visto cómo partidos de ultraderecha ganaban ministerios o condicionaban las mayorías, nuestro país logró esquivar esa dinámica en sus últimas citas con las urnas. Nacionales, queremos decir.
Sin embargo, los debates que dominan la campaña española -coste de la vida, inmigración, identidad nacional y críticas al establishment- son exactamente los mismos que han alimentado a las formaciones radicales en toda la Unión. Bruselas es consciente de que existe un gran reseteo ideológico impulsado por fuerzas soberanistas que buscan desmantelar parte del poder de la UE desde dentro, bloqueando acuerdos desde el Consejo. Si España incorpora esa variable al poder, la dinámica interna de la UE cambiaría drásticamente, obligando a las instituciones a negociar cada paquete legislativo en un campo de minas.
Por el contrario, si los españoles rechazan esa opción, el país se consolidará como el gran contrapeso en un continente cada vez más inclinado hacia la derecha. Hay esperanza también a este lado del Atlántico, tras lo ocurrido en las elecciones de Brasil y EEUU. Los líderes europeos miran de reojo las encuestas, sabiendo que la gobernabilidad de Europa en los meses por venir dependerá de lo que los españoles decidan en las urnas.
Cuando cierren los colegios electorales el 29-N, los despachos de Bruselas seguirán con las luces encendidas. El destino político de 48 millones de españoles dictará, también, el ritmo al que latirá el corazón de Europa durante el próximo lustro.
❓Explícamelo, Huff
Lala, una lectora del HuffPost, se ha puesto en contacto con nosotros (¡gracias!) y nos lanza esta pregunta en nuestro consultorio de Bruselandia:
Actualmente, la Unión Europea no se encuentra inmersa en un conflicto bélico abierto, convencional, ni a las puertas de uno. Ucrania, invadida por Rusia desde hace casi cinco años, aspira a ser parte de la UE, aún no lo es, y su inclinación a Bruselas y su localización geográfica hacen que esa guerra se sienta muy próxima. Europa enfrenta una creciente amenaza de guerra híbrida y una escalada de tensiones geopolíticas, eso es innegable, y se señala por ello en buena medida a Moscú, que niega las acusaciones de guerra híbrida y responsabiliza a las potencias occidentales de prolongar la confrontación.
Por ejemplo, un informe del Instituto Universitario Europeo identifica la guerra híbrida como la amenaza de alto riesgo más probable para la Unión, señalando peligros contra infraestructuras críticas como aeropuertos, redes eléctricas y cables submarinos. En los últimos meses, hemos vivido una oleada de decenas de falsas amenazas de bomba contra aerolíneas comerciales, además de incidentes de sabotaje e incursiones de drones en países como Polonia, Rumanía y Alemania.
Dirigentes como el líder alemán Merz han advertido que las sociedades europeas subestiman los intentos rusos por desestabilizar el orden político del continente. En la misma línea, los ministros de Defensa de la Unión han expresado preocupación por la expansión de estas tácticas. La percepción de vulnerabilidad europea también responde al debilitamiento del orden internacional de posguerra y a las dudas sobre el alcance de las garantías de seguridad de EEUU.
De fondo, el debate está servido entre los que ven el rearme como una acción preventiva necesaria y los que entienden que se está azuzando el miedo en exceso y no es pertinente tanta inversión para lograr la paz.
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