El Tribunal Supremo ha acordado preguntar tanto al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si la regularización extraoridnaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista choca con las directivas europeas.
En dos providencias que responden a recursos de Aragón y Comunidad Valenciana sobre determinados aspectos del Real Decreto 316/2026, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal da cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer acerca de la procedencia de que el TJUE interprete si puede haber conflicto con el Derecho de la Unión Europea. Y da este paso antes de resolver sobre las cautelares que ambas comunidades solicitaban en sendos recursos.
A finales de mayo, esa misma Sala del Supremo rechazó el recurso de la Comunidad de Madrid contra la medida al entender que no hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. Acordaba así no aceptar las medidas urgentes de apralizar el proceso ya que no había peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública fueran a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid.
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