El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” después de que el juez Juan Carlos Peinado asegurase en su auto que los escoltas podrían “facilitar” la fuga de Begoña Gómez. El ministro Marlaska pone los hechos en conocimiento de Perelló para que adopte “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones”.
El juez Peinado puso por escrito en su auto que los agentes que se ocupan de las tareas de escolta de Begoña Gómez podrían “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga”. Lo hizo en medio de su argumentación para imponer la retirada del pasaporte a la esposa del presidente como una medida cautelar para evitar que intente eludir la actuación de la Justicia en el mismo auto en el que propone la apertura de juicio oral contra ella.
A todo ello el instructor le suma que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez “es algo efímero y, por tanto, transitorio” y esa protección de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado puede desaparecer en algún momento, “lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga”.
Para el ministro del Interior, esas afirmaciones “representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”. Marlaska califica las sospechas de “injustificadas” y lamenta que afectan, además de a los agentes concretos, también a sus superiores jerárquicos, a quienes Peinado atribuye la posibilidad de que dicten “órdenes ilegales”.
Las palabras del instructor han provocado las quejas de los sindicatos policiales. Varias asociaciones lo han calificado de “auténtica barbaridad”, “especialmente preocupante” o “una ofensa intolerable, escandalosa y miserable”.
“Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales. Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, ha respondido el sindicato mayoritario, Jupol.
