El caso de James 'Fergie' Cox Chambers queda en pausa. Así lo han comunicado los magistrados que deben decidir sobre la extradición a EEUU de este activista propalestino al que reclama el Departamento de Justicia norteamericano y del que sospechan que pudo utilizar su fortuna para financiar a Hamás. Una nueva providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, indica que dado que EEUU ha reconocido ahora errores “sustanciales e involuntarios” en la traducción de documentos clave de la causa, ahora es necesario recabar un nuevo informe de la Fiscalía.
En concreto, el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre varias peticiones realizadas por la defensa de Chambers, entre las que está realizar una nueva traducción de toda la documental aportada. “Se suspende, de momento, la emisión de cualquier decisión de fondo sobre la procedencia o improcedencia de la extradición”, indica la resolución. Cabe recordar que, desde su detención en Ibiza, Chambers permanece en prisión provisional.
Fue el pasado 18 de noviembre cuando trascendió que el director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EEUU había remitido a la Audiencia Nacional un escrito con fecha de 12 de noviembre (antes de la celebración de la vista) en el que explica que, efectivamente, había “tres errores sustanciales e involuntarios” en la traducción que proporcionaron de la declaración jurada de un agente de FBI. Esa declaración servía de sustento a la petición de extradición.
El pasado 13 de noviembre un tribunal de la Audiencia Nacional celebró la vista de extradición del activista y filántropo norteamericano. En esa vista, los tres magistrados rechazaron que la defensa aportara un informe pericial que para ellos era clave porque en él se detectaban errores en la traducción del inglés al español de los documentos que servían de sustento probatorio. Entendían que esa traducción agravaba los hechos que se le imputaban a Chambers. Y la Fiscalía había usado esa traducción proporcionada por EEUU para informar a favor de la extradición.
El nuevo documento del Departamento de Justicia explicaba que ellos subcontrataron a una empresa privada para hacer esa traducción y añadía que, ahora, tras revisar todas las traducciones que hicieron sí han detectado errores “involuntarios”. EEUU hace algo más, tira de las orejas a la Audiencia Nacional porque junto a la traducción incorporaban los textos originales en inglés, que esos no cambian, por lo que el tribunal especial, que tiene encomendado estudiar todas las peticiones de extradición, bien podría haber realizado su propia traducción.
En el escrito de alegaciones urgentes, la defensa contestó que “antes de resolver sobre la entrega”, se debía incorporar y valorar el dictamen pericial de traducción que aportaron durante la vista y que fue rechazado en el acto de cuestiones previas.
Señalaban que esa pericial documenta no tres sino “hasta treinta cambios incriminatorios en la edición humana”. “El Departamento de Justicia califica los tres errores de aislados e involuntarios. Se apoya en la revisión de la misma empresa que contrató para traducir la documentación. El traductor atribuye tentativamente 'incendios' a una herramienta que la carta no identifica. Tampoco adjunta la revisión de la empresa ni aporta una traducción íntegra rectificada”, lamentaba.
Identificaba, además, la herramienta que se usó para la traducción automática: DeepL. E insistía en que hay “indicios de una alteración deliberada y de mala fe para agravar el relato ante las autoridades españolas, lo cual consiguieron a la vista de las referencias hechas por el Ministerio Público”.
Por eso, entendía que los magistrados debían solicitar ahora “otra traducción oficial por traductor designado por el órgano judicial”, valorar la pericial y estudiar “su incidencia en la fiabilidad de la reclamación”.
El tribunal, en la nueva providencia, pregunta a la Fiscalía si, como pide la defensa de Chambers, se debe escuchar en sala al perito traductor de parte que fue quien realizó esa pericial que descubrió los errores, y si se debe realizar una nueva traducción, esta vez solicitada por la Audiencia Nacional.