La carta con la que Bolaños rechaza ir a una conferencia sobre acusaciones populares: “Pervierten esa figura para perseguir a progresistas”
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”.
HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.
Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno.
En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.
Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”.
En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.
“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta.