La causa que dirige la jueza María Tardón por la crisis de Ceuta va camino de convertirse en otro frente judicial para el Gobierno. La autoría de los delitos más graves apunta en dirección a Marruecos, pero esa parte de la instrucción permanece secreta y así seguirá por mucho tiempo, dado el volumen de las diligencias dictadas por la magistrada y la dificultad de que colaboren en ellas el país vecino o las tecnológicas responsables de las redes sociales. Por contra, las presuntas responsabilidades del Ejecutivo central por no haber reaccionado a tiempo a la avalancha de migrantes tendrán una publicidad inmediata: este miércoles inaugura las declaraciones en el juzgado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al día siguiente comparecerá el que fuera jefe de gabinete del recién dimitido delegado del Gobierno.
La jueza Tardón ha citado en primer lugar a Vivas porque la ciudad autónoma está personada en la causa como perjudicada y es habitual que el instructor tome declaración a los afectados en primer lugar. En cualquier caso, la declaración del presidente de Ceuta promete convertirse de inmediato en munición política. Vivas recibió la noticia de su citación concediendo sendas entrevistas a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana en las que adelantó que ofrecería a la magistrada todas las alertas que, según él, trasladó al Gobierno central en los días previos a la llegada masiva de migrantes. El presidente ceutí llegó a decir que desde el Ejecutivo le habían contestado que era “muy pesado”, aunque después rectificó esta afirmación.
El jueves está citado a declarar Gonzalo Sanz, jefe de gabinete la Delegación del Gobierno hasta la publicación de las comunicaciones que mantuvo con un oficial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las horas previas a la riada de migrantes. Sanz dimitió porque considera incompatible su afirmación de que trasladó el aviso al delegado del Gobierno con la postura de su entonces jefe entonces, Miguel Ángel Pérez Triano, quien niega que le hubiera informado.
La citación de Gonzalo Sanz como testigo es una iniciativa de la jueza Tardón que no responde a una propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su declaración motivará previsiblemente la de Pérez Triano, toda vez que el exjefe de gabinete mantenga ante la jueza la versión de los hechos que ha ofrecido hasta ahora.
A su vez, un documento que no se encuentra entre los desclasificados por el Gobierno muestra que el delegado del Gobierno avisó a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, del riesgo que vivía Ceuta en los días previos al gran asalto. Aun sin que se pueda determinar el delito que se podría atribuir a las autoridades del Ministerio del Interior, la citación de testigos o investigados dotará de gran relevancia política y mediática al caso.
Un solo párrafo de entre 26 folios sirvió de aviso al Gobierno central de las consecuencias que puede acarrearle la orientación que la jueza Tardón pretende darle a su investigación. Tardón mencionó en su auto de admisión a trámite que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.
Para ello, despliega la jueza en el mismo párrafo, serán analizadas “la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.
La doctrina de Marchena
Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es descartan que la jueza pueda adentrarse en una acusación contra el Gobierno central por el fallecimiento de al menos 83 migrantes que intentaron llegar a Ceuta a nado. Esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo durante la Covid-19, expresada en un auto del que fue ponente el entonces presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por el que se rechazaron las querellas que atribuían las muertes a la actuación, o inacción, del Ejecutivo.
En dicho auto, Marchena escribió: “Nuestro sistema no conoce un tipo penal en el que se castigue a la autoridad o funcionario público que, de forma intencionada o negligente, oculte información relevante para conocer el verdadero alcance de una pandemia que amenaza con causar un grave peligro para la sanidad colectiva”. “La imputación de actos homicidas o lesivos no puede construirse en términos estadísticos, sino estrictamente probatorios, ligados a la muerte o a las lesiones padecidas por cada una de las víctimas”, añadía el auto del Supremo.
En otro auto del pasado 16 de septiembre, dedicado a acordar diligencias, la jueza Tardón acepta, con matices, la propuesta de la Fiscalía para ahondar en el origen de la entrada masiva de migrantes. Una de ellas es la apertura de una pieza separada que se denomine “de investigación tecnológica”.
La Policía deberá identificar los llamamientos originales realizados desde Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram para que la Audiencia Nacional pueda dirigirse a través de comisiones rogatorias internacionales y órdenes europeas de investigación a las empresas dueñas de esas redes. La experiencia dicta que las respuestas se eternizarán y su contenido resultará insatisfactorio para la investigación. La jueza Tardón dictó que esa pieza permanezca en secreto y solo la Fiscalía, y no el ramillete de acusaciones populares, conozcan sus avances.
Otra instrucción de la jueza va dirigida a que las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil identifiquen a los agentes marroquíes que por acción u omisión contribuyeron a la llegada masiva de migrantes. En el remoto caso de que puedan hacerlo su declaración en calidad de investigados por los delitos contra la Nación que se instruyen se antoja imposible.
Algo similar ocurre con la orden de Tardón de que el Centro Nacional de Inteligencia identifique a los “dinamizadores” de la marcha hacia España, supuestos miembros de los servicios de Información marroquíes que se mezclaron entre los migrantes y sobre los que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía dibujó la sospecha. Con esta petición, Tardón está pidiendo al servicio de Inteligencia español que sacrifique la identidad secreta, uno de los secretos mejor guardados por los estados, de los colegas de un país considerado aliado en asuntos tan relevantes como la lucha contra el terrorismo yihadista.
