Beatriz Biedma, la magistrada que llevó a juicio al hermano de Pedro Sánchez, insiste en que la Audiencia Nacional debe investigar las supuestas maniobras urdidas en su contra por la presunta trama dirigida por la exmilitante Leire Díez y vinculada al PSOE para “desestabilizar” causa judiciales que afectaban a exdirigentes socialistas y a familiares del presidente del Gobierno. Biedma ha recurrido la decisión del instructor del caso en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de aceptar su personación solo por las posibles calumnias que pudo sufrir y no por el supuesto encargo para que un clan la intimidara.
Para intentar revertir esta decisión, la magistrada ha presentado un escrito en el que aporta decenas de vídeos de la campaña en redes contra ella y alude también a la muerte en Badajoz tras “varios disparos de arma de fuego” de Jesús Rocho, un caso que está investigando. El asesinado es el padre de Cinthia Rocho, la mujer que afirmó en un programa de televisión que “un juez y un abogado” la contactaron para que hostigara a la magistrada. En su escrito, la magistrada dice que el crimen fue perpetrado el 30 de diciembre de 2024, en “pleno apogeo” de la instrucción contra David Sánchez y cuando la presunta trama dirigida por Leire Díez ya operaba para “destruir el procedimiento”, si bien no apunta qué relación puede tener con estos hechos.
Sí establece vinculación con otro episodio vinculado al clan de “Los Rochos”. Se trata de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir el recurso de amparo de otro de los hijos del asesinado, quien denunció que Biedma le había denegado el un recurso judicial para que un juez decida si su arresto es contrario a la ley y le deje en libertad. El tribunal de garantías le dio la razón. Según el escrito, uno de los colaboradores de Leire Díez se basa en esa resolución para decir “continuamente” en vídeos de YouTube que Biedma ha sido “condenada por violar derechos fundamentales”.
Esos vídeos constituyen, según Biedma, la principal prueba de la existencia de una campaña en su contra. En el escrito, detalla la existencia de varios en los que se vertieron afirmaciones vejatorias, acusándola de actuar de forma ilegal, “pagar favores”, “servir a intereses ajenos a la justicia” o tildándola de “violadora de derechos fundamentales”, “cobarde”, “cínica”, “vaga” o “cordobesa asintomática”.
El autor de esos vídeos es Luis José Sáenz de Tejada, un antiguo juez que lleva años fuera de la judicatura tras haber sido condenado por amenazas de muerte a su exmujer. Según se desprende de la investigación, aceptó ser el brazo ejecutor de la estrategia de la trama contra Biedma. El plan abarcaba que se personase en el proceso para “paralizar” la causa e incluso asumir la defensa de David Sánchez, algo que nunca sucedió. Pero sí puso en marcha acciones penales contra Biedma que nunca prosperaron.
En el escrito, la jueza recuerda que la UCO acreditó que Sáenz de Tejada pidió a Leire Díez que difundiera sus vídeos y afirma que las publicaciones del canal se centraron intensamente en ella a partir de agosto de 2024, tras la creación del grupo de WhatsApp “Vacaciones y Viajes”, compuesto por Leire Díez, Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. Además, mantiene que omitió el nombre de los testigos de los hechos que denuncia para “salvaguardar su futura declaración en el procedimiento de injerencias externas y de posibles presiones, así como para evitar que fueran localizados por la prensa y que sus manifestaciones e identidad fueran publicadas en medios de comunicación”.
La decisión de Pedraz
El juez Pedraz, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias. Entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación.
En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.
La jueza quiere que se investigue “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.
Biedma explicaba así en su primer escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.
El juez Pedraz, en cambio, le recordó que la UCO no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añadió que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.
