La presión social le 'expropia' a Milei las partes más polémicas de su Ley de Propiedad Privada

Mientras un enojado Javier Milei desembarcaba en la madrugada de este viernes en Bogotá, para acudir a la investidura del nuevo mandatario colombiano, el ultra Abelardo de la Espriella, con evidente tensión y esquivando las preguntas de la prensa; en Argentina su Gobierno trataba de explicar qué podía haber fallado unas horas antes. "Cada vez que se hablaba de algo, se hablaba del tema de [Manuel] Adorni... después tuvimos el tema del Mundial...", respondía, con cara larga, la senadora argentina, Patricia Bullrich, a preguntas de los periodistas. 

"Seguramente en ese momento se había aprobado. Con todo, sí", admitía la exministra de Seguridad Nacional aludiendo a los momentos previos al escándalo de presunta corrupción que acabó con la salida del jefe de gabinete de Milei, Adorni, acorralado durante meses pero sin perder el apoyo del mandatario neoliberal. ¿Qué derrota ha sufrido La Libertad Avanza (LLA) para escudarse incluso en la victoria de La Roja ante el combinado albiceleste? El mismo proyecto de ley que sacó a miles de argentinos a protestar unidos en torno a una pancarta que recordaba que "la patria no se vende". 

Llevaba el nombre de anteproyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero se trata de una iniciativa legislativa que en las últimas 48 horas ha sufrido la retirada de dos de los capítulos más polémicos y criticados de todo el paquete normativo. Ante una cascada de falta de apoyos que crecía en similar proporción a las críticas y protestas en la calle. Se trataban de las conocidas como Ley de Tierras y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. 

¿Por qué protestaban miles de manifestantes?, ¿qué supondría la ley?

Contradictoriamente, esta última parte buscaba rebajar el grado de protección de zonas afectadas por incendios —tanto provocados como naturales—, mientras que la primera consistía en levantar los límites de compra de tierras rurales a ciudadanos extranjeros. Actualmente existe un tope del 15% a escala nacional, regional y municipal, pero también otro de 1.000 hectáreas en zona núcleo agropecuaria; cuestión de relevancia en un país con gran peso económico del sector ganadero.

Después de una maratoniana sesión de 13 horas, el Senado argentino acabó aprobando una ley cercenada que aún así salió ajustada en la votación: 37 votos a favor y 33 en contra. Fuera de la Cámara Alta, miles de argentinos desafiaban a la lluvia y eran recibidos por los antidisturbios con gases lacrimógenos, balas de goma y manguerazos de los camiones hidrantes para dispersarles. 

Hay un total de 12 manifestantes detenidos por desórdenes públicos, que han sido descritos por el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri —primo del expresidente Mauricio Macri—, como "delincuentes anarquistas" que "son enemigos de nuestro estilo de vida". 

La Ley de (venta de) Tierras que no cuadraba en plena reivindicación por las Malvinas

Después de una recta final del Mundial en la que se coló la reivindicación por la soberanía argentina de las islas Malvinas —Falklands, en inglés—, el Gobierno de Milei tenía la difícil tarea de lograr convencer a la sociedad de que sería positivo suavizar el tope de tierra que una empresa extranjera o particular puede adquirir. La realidad es que este capítulo ni llegó vivo al debate parlamentario de esta madrugada, un día antes, fue retirado por el propio Ejecutivo tras constatar que no tenían votos suficientes.

Eso no quiere decir que no lo intentasen previamente, tratando de conseguir que ese límite antes mencionado fuese ampliado al 25% de la superficie nacional, provincial y departamental que las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden adquirir de tierras productivas. A mayores también se quería eliminar la prohibición de que personas de otros países puedan comprar terrenos que contengan o sean ribereñas de grandes cuerpos de agua permanentes.

Cabe mencionar que, a pesar de que se había anunciado la retirada el día antes, las manifestaciones y protestas mantuvieron teniendo al frente el rechazo a este capítulo.

Tras desproteger los glaciares le llegaba el turno a los bosques, entre advertencias por la Patagonia

La Ley de Tierras no era el único apartado que fue denunciado como un intento de hacer negocio con el patrimonio natural argentino vendiéndoselo a empresas extranjeras. La reforma de la Ley de Manejo del Fuego también se pretendía en un contexto de gran crispación, sobre todo en la provincias y más concretamente en la Patagonia. Desde hace varios años se vienen registrando denuncias periódicas de incendios intencionados en esta importante área de producción ganadera y preciado enclave medioambiental. Incluso se ha tratado de ligar a teorías conspirativas sobre Israel y el Plan Andinia, aprovechando el acercamiento del Gobierno de Milei con el de Benjamin Netanyahu.

Con esta modificación, se borraría de un plumazo la prohibición del cambio de uso del suelo por 60 años después de un incendio en zonas de bosque, áreas naturales protegidas y humedales. De igual forma sería el final de la prohibición por un plazo de 30 años para realizar proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias, después de producirse incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. A mayores, también se abriría la puerta a rebajas a la venta o división de las tierras afectadas.

Pero una de las grandes quejas de los ecologistas y opositores a este capítulo entronca directamente con otra ley aprobada antes y que podría suponer un antes y un después en las zonas rurales argentinas. Y en sus ciudades que dependen del agua de los glaciares. Precisamente, la conocida como reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada la pasada primavera dejando abierta la posibilidad de que sean los gobiernos provinciales los que determinen cuáles son las áreas a definir como glaciares protegidos, cuestión que antes competía al Instituto Argentino de Ciencias de la Nieve, el Hielo y el Medio Ambiente. 

De hecho, la norma original, el texto de 2010, prohibía toda actividad minera y de exploración en regiones glaciares, protegiéndolas como reservas de agua. El Gobierno de Milei defendió el cambio como "empodera a las provincias para utilizar sus recursos", sacando pecho de que permitiría actividades mineras "donde no había nada que proteger".

¿Y qué ha logrado aprobar el Gobierno de Milei?: de acelerar el desalojo en casos de ocupación a limitar la expropiación

A pesar de que el anteproyecto legislativo del Gobierno de Milei sufrió la pérdida de su articulado más importante, o el que mayores consecuencias podía acabar acarreando en el futuro, sí salieron adelante medidas relacionadas con el precepto del refuerzo de la propiedad privada. 

Por ejemplo, uno de ellos es la serie de modificaciones establecidas en el ámbito de la usurpación o la ocupación ilegal de propiedades. El desalojo de estas ahora será más veloz en términos de su trámite, puesto que pasará a desarrollarse mediante juicio sumario, acortando plazos.

Otra de las cuestiones que sí han recibido el respaldo de una mayoría del Senado argentino pasa por poner límites a un poder del que goza el propio Estado argentino. Se va a limitar su capacidad de expropiación de bienes, mediante la introducción de nuevas definiciones que obligan a justificar u argumentar la "utilidad pública" que tendría dicha expropiación. 

Esto también afecta a las indemnizaciones que se recibirán, puesto que debe asegurársele al propietario la reparación plena y el lucro cesante por el valor de dicho bien a expropiar. Para ello se considerará que el valor es con el que contaba antes de que se anunciase el propio proceso de expropiación.