Ni España es Polonia ni Marruecos es Bielorrusia, ¿o sí? Las diferencias entre las crisis migratorias en la UE

España trata de calmar la mayor crisis reciente en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Se calcula que más de 60.000 personas han cruzado a suelo español y que al menos 72 se han dejado la vida en nuestras aguas, más 11, como poco, en el lado alauí. Mañana, los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) analizarán la situación a petición de 22 estados miembros, movidos por la alerta, y del Gobierno español, azuzado por el enfado con los socios, alentados "por prejuicio, bulos, ignorancia o interés político" en sus críticas, valora Moncloa. Algunos, como Italia y Dinamarca, hasta han reclamado que se suspenda el espacio Schengen temporalmente. 

Lo cierto es que esta no es la primera crisis migratoria y humanitaria de esta naturaleza a la que se enfrenta España, que encontraba su precedente más reciente en mayo de 2021. Pero es que en noviembre de ese mismo año, también comenzaron a llegar foráneos de manera masiva a la frontera de Polonia con Bielorrusia y, poco después, a las de Lituania y Letonia. Una manera del satélite ruso de presionar, apenas unos meses antes del inicio de la invasión de Ucrania. 

Dos años más tarde, el Ejecutivo finlandés responsabilizó a las autoridades rusas por el incremento registrado a lo largo de 2023 en el tránsito a través del extenso límite común con la Federación, de más de 1.340 kilómetros. El tratamiento del segundo y tercer frente fue radicalmente distinto tanto por parte de las autoridades europeas como de las españolas y, ahora, vuelve a ocurrir. 

Vayamos primero a los hechos. Durante los últimos tiempos, diversas naciones europeas han experimentado situaciones análogas a las de la ciudad autónoma española en sus lindes territoriales, particularmente en las zonas septentrionales y orientales del mapa europeo, siendo calificadas como maniobras que manipulan la movilidad humana con el fin de generar agitación política, de estrategias de guerra híbrida, directamente. Ante este panorama, la respuesta habitual consistió en la implementación de normativas extraordinarias, que incluyeron la activación de regímenes de excepción, el envío masivo de efectivos militares y fuerzas policiales, así como la subsiguiente edificación de estructuras físicas de contención. 

En determinados territorios se llegó al bloqueo total de los accesos y a la intensificación de las inspecciones. En aquel momento, tanto las naciones perjudicadas como las instituciones comunitarias protestaron públicamente, señalando que los Gobiernos de Moscú y Minsk buscaban sembrar incertidumbre mediante estrategias de "guerra asimétrica". Estas dinámicas implicaban la instrumentación de seres humanos -cuya llegada al perímetro de la UE era facilitada mediante engaños e intermediarios clandestinos- para chantajear al bloque continental. Los ataques cibernéticos, los daños a redes GPS o la desinformación formaban parte del mismo saco. 

Sin duda, la crisis de mayor resonancia pública tuvo lugar en suelo polaco a lo largo de 2021 e inicios de 2022. Una multitud de desplazados, originarios mayoritariamente del continente africano y de regiones del Próximo Oriente como Irak o Siria, se vieron bloqueados en las proximidades del paso bielorruso. Tanto las autoridades de Varsovia como los portavoces de Bruselas culparon directamente a su mandatario, el dictador más longevo de Europa, Alexander Lukashenko, de planificar este escenario. Incluso se le acusó de organizar rutas aéreas para trasladar personas desde latitudes lejanas, como represalia hacia la UE tras los castigos económicos impuestos a su administración por los comicios de 2020, entendidos como irregulares y antidemocráticos y seguidos por una dura represión gubernamental, que aún hoy dura con la protección del Kremlin. 

La administración polaca de aquel periodo (en manos de la ultraderecha de Ley y Justicia) decretó el estado de excepción, desplegó tropas a lo largo del perímetro y terminó erigiendo un muro defensivo para blindar la linde con Bielorrusia. 180 kilómetros y 5,5 metros de altura que se han convertido en un impedimento real para los migrantes, prácticamente infranqueable. Los Gobiernos de Vilnius y Riga adoptaron tácticas parecidas conforme se extendía el problema, elevando la vigilancia física, expandiendo las vallas divisorias y profundizando la coordinación con los organismos continentales. Se instauró la máxima alerta fronteriza, se multiplicaron los contingentes de defensa y se clausuraron puestos de tránsito, por ejemplo, 

El Gobierno finlandés también ha experimentado durante el pasado reciente un incremento sustancial en el flujo de migrantes a través del territorio colindante con Rusia, una tendencia intensificada tras su adhesión a la OTAN, a raíz de la "operación militar especial" lanzada por Rusia en Ucrania, hace ya casi cinco años. Asegura Helsinki que la administración de Vladímir Putin coordinó por completo el transporte de ciudadanos procedentes de lugares como Siria, Yemen o Somalia hacia el límite septentrional para desestabilizar a las instituciones europeas.

Este conflicto, interpretado por las autoridades locales y sus socios internacionales como una evidente táctica de acoso híbrido, provocó el bloqueo gradual y definitivo de los pasos de entrada, una disposición que permanece activa sin una fecha prevista para su cancelación. De forma complementaria, la cámara legislativa del país escandinavo dio luz verde a un texto normativo que faculta a la administración a denegar el procesamiento de peticiones de protección internacional en pasos específicos, una iniciativa legislativa que ha encontrado el rechazo frontal de múltiples colectivos defensores de las libertades fundamentales. 

¿Y la solidaridad?

En los dos casos, los países afectados fueron arropados por Bruselas. El comunicado de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue entonces para "expresarles la solidaridad de la Unión Europea y debatir con ellos las medidas que la UE puede adoptar para apoyar sus esfuerzos a la hora de hacer frente a esta crisis". En el caso de España, fue casi un tirón de orejas, llamando a Madrid indirectamente a poner más medios para evitar la crisis. "Es necesario reforzarlo aún más", escribió. "No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas", añadía. 

Este lunes, a través de una carta enviada al presidente español, Pedro Sánchez, Von der Leyen ha elogiado la gestión "eficiente y eficaz" de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y de Marruecos, ambas, y a instado a dar una "respuesta europea común", unida y solidaria, informa EFE. 

"La solidaridad europea ha brillado por su ausencia", lamentaba este fin de semana en El País el exjefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell. El Gobierno español aguardaba un respaldo equivalente al que las instituciones europeas mostraron durante 2021, con una respuesta comunitaria unánime y contundente desde el primer minuto, una postura respaldada de forma generalizada por los distintos ejecutivos, incluido el de Madrid. 

La versión oficial no dejaba lugar a dudas: un régimen ajeno a la Unión, liderado por Lukashenko en consonancia con el Kremlin, instrumentaba los flujos migratorios para perturbar la estabilidad de una nación socia y de todo el bloque en su conjunto. Aquella situación se saldó con una firme cohesión institucional, partidas presupuestarias y una defensa conjunta que sirvió de precedente para conflictos posteriores. Sin embargo, lo acontecido en la ciudad autónoma ha recibido un tratamiento radicalmente opuesto, por más que la Comisión haya ofrecido a España apoyo financiero, técnico y la movilización de Frontex.

El presidente Sánchez, en su carta enviada el pasado sábado reclamando una reunión de ministros del Interior, recurre justamente a dichos antecedentes para denunciar la ausencia de un trato equitativo en la coyuntura actual. El líder socialista subraya que la administración española aceptó entonces, como una más, la reubicación de personas afectadas por las maniobras de acoso atribuidas al gobierno bielorruso, del mismo modo que colaboró en el reasentamiento de quienes arribaron masivamente a las costas de la isla de Lampedusa a lo largo del año 2023. Afectaba a Italia, una de las más críticas ahora, recuerda el diario del Grupo Prisa.

Ahora, el actual Gobierno polaco, comandado por el primer ministro Donald Trusk (conservador, en el mismo grupo del Partido Popular Europeo), lo que hace es decirle a Sánchez que "tome ejemplo" de su país y militarice la frontera con Marruecos como medida imprescindible para que "el espacio Schengen sobreviva".  "Polonia ha endurecido la ley de asilo, los procedimientos en las fronteras y ha construido barreras efectivas en la frontera con Bielorrusia", abunda. 

España es un país muy querido internacionalmente, pero los liderazgos, las ideologías y las familias políticas son otra cosa. En una UE donde manda la ultraderecha y la derecha, el socialismo tiene poco hueco y Sánchez ya era un outsider antes de esto. Países socialdemócratas como Dinamarca y Malta también se han sumado a las quejas por lo pasado en Ceuta. 

No es sólo la inmigración o el asilo: como destaca Mihir Sharma, columnista de opinión de Bloomberg, antes hemos pasado por críticas por la regularización extraordinaria de migrantes, las presiones para el reconocimiento de Palestina y la imposición de sanciones a Israel, el acercamiento de Madrid a China, los choques con el norteamericano Donald Trump, el gasto en defensa por debajo del 5% reclamado por la OTAN, la emisión de deuda de los Veintisiete o el compromiso con la transición verde que Bruselas está aparcando, entre otras cosas.

Entre enemigos y colaboradores

Además del tipo de respuesta, tenemos diferencias en cómo se aborda la amenaza, ahora y entonces. Leyen, en su comunicado de la semana pasada, no trataba a Marruecos como una amenaza, como un posible ideólogo de una estrategia de guerra híbrida, sino como alguien con quien cooperar, que es lo mismo que hace Sánchez, todo sea dicho. La Moncloa, en ningún momento, ha puesto a Rabat en la diana. 

Esta misma mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado de nuevo la "colaboración" de Marruecos "para intentar impedir ese flujo de personas" con Ceuta. Un socio fiable, esa es la idea. Albares, en una entrevista en TVE, sí que ha denunciado, al mismo tiempo, la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" que, en su opinión", actuó como "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsa noticias" sobre lo que estaba ocurriendo sobre la ciudad autónoma. Ni una palabra sobre la posibilidad de una instrumentalización política de los movimientos migratorios, como en el caso del este de Europa. 

La Inteligencia española ha afirmado, tras investigar lo ocurrido en Ceuta, que Marruecos permitió la entrada masiva de migrantes a Ceuta pero no la planeó, informa este lunes El País. El gobierno español tilda lo sucedido de "violación de la integridad territorial" pero se la achaca a las mafias criminales. Hasta el New York Times ha señalado a Rabat. Pero Moncloa no altera el discurso y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha abogado por que el Gobierno llame a consultas al embajador de España en Marruecos ante el "ataque híbrido", como lo llama, sin medias tintas. "Marruecos es el responsable de esta tragedia", ha afirmado, llamando a la par a Sánchez para que modifique su política respecto del país vecino, que "ni es socio fiable ni responsable".

La diplomacia del gabinete de Pedro Sánchez, en cambio, ha mostrado una sintonía casi absoluta con los requerimientos de Rabat, empezando por el reconocimiento de su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que rompe con el aval de décadas al proyecto de refrendo de Naciones Unidas. Todo son especulaciones: si fue Marruecos quien dio el paso, podría ser por el reciente entendimiento en materia energética alcanzado con las autoridades de Argel durante la gira del presidente español por ese territorio pero, de igual modo, las autoridades marroquíes interpretan como una intromisión la norma que regulará el estatus legal de los saharauis, cuya votación parlamentaria está prevista para el inicio del curso político. 

Marruecos siempre ha considerado las dos plazas autónomas como propias y ahora incluso cuenta con la complicidad de las administraciones de Washington y Tel Aviv, marcadamente distantes del Gobierno de PSOE y Sumar. 

Como no es esa la lectura que se hace -al menos de puertas para afuera-, España no hace como Polonia, que mantiene suspendido de facto el derecho de asilo ordinario en su frontera oriental. No se ha invocado nunca en los casos de Ceuta y Melilla y no se ve en el horizonte cercano, porque espinaría a Mohamed VI.