La decisión de Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos de impulsar la creación del primer Guantánamo europeo en Ruanda para deportar allí a personas migrantes marca un nuevo capítulo en la deriva de la política migratoria europea.
Cinco gobiernos que han decidido explorar una fórmula cruel que consiste, en esencia, en financiar un agujero negro de derechos, a miles de kilómetros de Europa, donde encerrar a personas a quienes se les haya rechazado el asilo, alejándolas de nuestras fronteras y, con ello, de las garantías que deberían protegerlas.
La debacle moral europea no sucede de un día para otro. Se construye decisión a decisión, acuerdo a acuerdo y voto a voto. Y ahora tiene un patio de atrás en donde ejecutarse: Ruanda y un marco reglamentario en el que apoyarse, el Reglamento de Retorno recién aprobado en Europa.
No estamos ante una iniciativa aislada ni ante una solución técnica. Estamos ante la consolidación de un modelo político que pretende desplazar fuera de Europa el control de la movilidad humana y, con ello, las responsabilidades que le corresponden.
La externalización se ha convertido en una de la principal apuesta de las necropolíticas migratorias europeas, bajo una lógica que antepone el control y la expulsión a los derechos, a la protección, la inclusión y la dignidad de las personas.Con estas vergonzosas medidas, la intención es clara: eludir las obligaciones jurídicas. Porque con esta subcontratación de obligaciones a terceros países, Europa no está resolviendo la gestión de los flujos migratorios ni de sus fronteras: está desplazando sus consecuencias, alejando de su territorio tanto a las personas como las responsabilidades jurídicas y políticas que le corresponden.
En definitiva, se trata de externalizar la aplicación efectiva del derecho, trasladando responsabilidades a Estados donde no siempre existen garantías suficientes de respeto a los derechos humanos.
Esta estrategia plantea un riesgo especialmente grave para el principio de no devolución que rige el derecho internacional. Las garantías jurídicas no pueden desaparecer por el simple hecho de que una persona haya sido trasladada fuera de las fronteras europeas y las consecuencias pueden ir mucho más allá de una perspectiva política. Pueden traducirse en responsabilidades jurídicas para los Estados que impulsen y ejecuten estos traslados vulnerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.La responsabilidad de los Estados europeos tampoco desaparece automáticamente cuando una persona es trasladada fuera de su territorio. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que un Estado puede seguir sujeto al Convenio cuando ejerce control efectivo sobre personas fuera de sus fronteras. En el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia (2012), el Tribunal condenó la devolución a Libia de personas interceptadas en alta mar y trasladadas a buques militares italianos. Los acuerdos con terceros países no pueden convertirse en un instrumento para eludir las obligaciones internacionales.
No es la primera vez que Ruanda participa en acuerdos de traslado de solicitantes de asilo. Entre 2013 y 2018, Israel mantuvo un acuerdo con Ruanda para trasladar allí a personas eritreas y sudanesas que habían solicitado asilo. En su sentencia de 2023, el Tribunal Supremo británico examinó ese precedente y recogió pruebas presentadas por ACNUR de que personas trasladadas habían sido conducidas clandestinamente a Uganda y de que, en tres casos, la intervención de ACNUR evitó devoluciones a Eritrea a través de Kenia.
El precedente británico también debería servir de advertencia. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal el plan británico de trasladar a Ruanda a solicitantes de asilo para que sus solicitudes fueran examinadas allí. Consideró que existía un riesgo real de devolución directa o indirecta a países donde podían sufrir persecución o malos tratos. Aquel plan no llegó a ejecutarse. La sentencia demuestra que las garantías diplomáticas ofrecidas por un tercer Estado no bastan por sí solas para acreditar una protección efectiva.Si el proyecto europeo termina materializándose sin garantías suficientes, podría dar lugar a recursos ante los tribunales nacionales, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También podrían solicitarse medidas cautelares para paralizar traslados que expongan a las personas a daños irreparables. No hablamos, por tanto, de una discusión meramente política. Hablamos de obligaciones jurídicas vinculantes que los Estados europeos no pueden ignorar.
Pero hay otra dimensión que resulta igualmente preocupante y que trasciende la cuestión migratoria: la pérdida de autonomía estratégica de Europa.
Cuando un Estado externaliza una obligación o competencia como es la gestión de sus fronteras, no solo subcontrata su ejecución; también está cediendo capacidad de decisión y autonomía estratégica.Lo hemos visto recientemente en Ceuta. Marruecos ha podido utilizar su posición geográfica y su papel en el control de las fronteras como instrumentos de presión y desestabilización sobre España y sobre la propia Unión Europea.
La experiencia debería habernos enseñado que delegar el control de las fronteras en terceros países genera relaciones de dependencia que pueden terminar condicionando nuestras propias decisiones políticas. Cuando un país tiene en sus manos una herramienta esencial para la gestión de la movilidad humana hacia Europa, también tiene capacidad para utilizarla en sus negociaciones con los gobiernos europeos. La cuestión migratoria acaba convirtiéndose así en un instrumento de presión diplomática donde se instrumentaliza a los más vulnerables.
Hay, además, una cuestión que no podemos dejar fuera de este debate: los intereses económicos que se están construyendo alrededor de este modelo. Cuanto más invierte Europa en control, vigilancia y militarización de sus fronteras, más consolida una lógica securitaria y menos espacio deja para desarrollar las políticas de movilidad ordenada y protección que tanto reclama.No podemos ignorar el multimillonario negocio que hay detrás. Se está consolidando una auténtica economía de las fronteras, de la vigilancia y de las deportaciones, con enormes intereses vinculados a la gestión de la movilidad humana. Mientras se destinan recursos crecientes a levantar barreras, financiar centros de expulsión y reforzar los mecanismos de control, siguen faltando voluntad política e inversión para desarrollar políticas de acogida, protección e inclusión.
La debacle moral europea es cada vez más evidente. Europa debe decidir qué modelo quiere construir. La política migratoria europea no puede medirse exclusivamente por su capacidad para impedir llegadas o multiplicar deportaciones, sino por su capacidad para garantizar derechos y ofrecer respuestas dignas. Cuanto más gestionamos las migraciones como una amenaza, más crecen los discursos de odio y damos más gasolina a la ultraderecha para los discursos de odio.
Necesitamos una política migratoria radicalmente distinta. Necesitamos vías legales y seguras, corredores humanitarios, políticas de visados, sistemas de acogida dignos, procedimientos de asilo ágiles y garantistas, políticas de inclusión y una gestión de la cooperación internacional basada en los derechos humanos y no en acuerdos de contención migratoria.Ruanda no es solamente el destino de una nueva política de deportaciones. Es el espejo en el que Europa debería mirarse para reconocer hasta qué punto está dispuesta a sacrificar sus propios principios. Porque no se puede defender el Estado de derecho dentro de las fronteras europeas y financiar fuera de ellas mecanismos que ponen en riesgo los derechos que decimos considerar universales.
Y esto también nos lo jugamos en estas elecciones. Porque es el momento de que el gobierno de España, en coherencia con su voto en contra en el Consejo de la Unión Europea al Reglamento de Retorno, recurra ante la justicia europea esta medida, tal como propone el programa del Frente Amplio.