Para que los agentes de la policía hayan llegado este miércoles a desahuciar en camilla a Maricarmen ante la resistencia vecinal, han tenido que fallar muchos eslabones del sistema de protección social español. Y aunque el desahucio arranca en 2020 con la primera demanda de los caseros, Urbagestión, ante una subida inasumible para la mujer que ahora tiene 87 años, hay que remontarse hasta las leyes del franquismo y atender a las tensiones actuales en el Congreso para comprender por qué se llega hasta aquí.
Corría el año 1956 cuando el padre de Maricarmen firmó el primer contrato de alquiler de una vivienda. Lo hizo porque la madre lo tenía prohibido, puesto que el franquismo impedía a las mujeres casadas firmar contratos sin la autorización del marido, en virtud de la licencia marital aprobada en el siglo XIX.
Pocos años después, en 1960, el padre de Maricarmen falleció en el mismo piso y ella recuerda perfectamente la ayuda de los vecinos. La subrogación de contratos permitió a su madre quedarse como titular de un alquiler que por entonces era indefinido.
El efecto del decreto Boyer
Pero en 1985, el ministro de Economía, Miguel Boyer, del Gobierno de Felipe González, impulsó un Real Decreto-Ley (hoy conocido como Ley Boyer) que ponía fin a los contratos indefinidos y dejaba a la negociación entre casero e inquilino la duración de los mismos.
En 2005, fallece la madre de Maricarmen y ella, ya con 66 años, pasa a ser la titular del piso. Ella pasó a ser segunda subrogada, una figura que la ley no protege para blindar el contrato indefinido, pero los propietarios de entonces respetaron su renta antigua. Años después, en 2018, Renta Corporación compró la vivienda y ofreció a Maricarmen poder comprarla por 250.000 euros, un precio que ella, con una pensión de 1.450 euros, no podía pagar.
Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara, se encuentran tras esta empresa. Les ofrecieron un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en entrevista con elDiario.es.
La empresa consideró que, tras la segunda subrogación, el contrato estaba vencido desde el año 2007, algo que el juzgado de primera instancia de Madrid desestimó.
El Tribunal Supremo, en cambio, se acogió a una ley que asegura que no es necesario comunicar al inquilino el final de la subrogación y que, por tanto, Urbagestión tenía razón. En una sentencia firmada por el hoy magistrado jubilado Francisco Marín Castán, determinaba que, en efecto, el contrato se daba por terminado y daba vía libre a que se ejecutara el desahucio.
Una carta y dos aplazamientos
En mayo de 2024, Maricarmen recibió una carta de la propiedad informándole de que debía abandonar la casa. Y finalmente un juzgado ordenó su desahucio para el 29 de octubre del año pasado.
El desahucio se aplazó a la espera de un informe de vulnerabilidad y de que las autoridades municipal o autonómica ofrecieran una alternativa habitacional, aunque Maricarmen siempre ha dejado claro que su único objetivo era quedarse en su casa hasta morir allí.
En febrero de 2026, mientras tanto, Junts, PP y Vox tumbaban en el Congreso una herramienta que protegía legalmente a Maricarmen. La moratoria antidesahucios, que prohibía sacar de sus hogares a personas en situación vulnerable sin alternativa habitacional, vigente desde la pandemia, era rechazado por estos grupos de derecha y extrema derecha, que veían en el escudo una protección a okupas.
Una comisión de la ONU llegó a pedir al Estado que frenara el desahucio. El Gobierno declaró estar a favor de esta resolución, pero no ha conseguido pararlo. Intentó mediar entre las partes y ofrecer una solución e incluso contactó a la empresa para que accediera a vender la vivienda a través de la oferta pública de compra lanzada por Casa 47. La respuesta fue negativa.
Un decreto de vivienda paralizado
El pasado mes de julio, además, el Gobierno hizo circular por los grupos parlamentarios el texto de un decreto-ley de vivienda que tocaba muchos puntos y que incluía una protección antidesahucios permanente, que obligaba a las comunidades autónomas a ofrecer una alternativa a las familias que sufran ejecución, sea de alquiler o de compra. Si no, este quedaría suspendido. Podemos y Junts se opusieron a este decreto por otros motivos no relacionados con el escudo antidesahucios: en el caso de Podemos, la ley de suelo; y en el de Junts, temas fiscales.
Al volver del parón de agosto, el Gobierno, inmerso en la crisis por la entrada masiva de migrantes de Ceuta, no ha aprobado todavía este decreto, que tendría que avalar el Congreso después, ni ha presentado modificaciones a los partidos de oposición, aunque prometió hacerlo en septiembre. En la reciente entrevista con elDiario.es, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez no se atrevió a poner fecha a la norma y aseguró que harían “todo lo posible” por frenar el desahucio.
Incluso ya con la acampada frente a la puerta de Maricarmen en marcha, una escritora anónima se ofreció a pagar el alquiler que pide la propiedad, ahora ya de 2.650 euros, de nuevo sin respuesta afirmativa.
El partido Más Madrid pidió durante la mañana del desahucio a la delegación del Gobierno que frene el lanzamiento, algo que el Gobierno había pedido un día anterior a Ayuso y Almeida. La delegación respondió que se oponía, pero que la Policía Nacional estaba acatando una orden judicial, que el Ejecutivo no puede ordenar desobedecer.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que los Servicios Sociales proveerán un alojamiento para que Maricarmen pueda descansar después ser expulsada de la casa en la que su familia ha vivido durante 70 años.
