El pasado mes de febrero, el Ministerio de Cultura trasladó a los sindicatos que el plan diseñado para desarrollar la interminable reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) sería convertir el organismo autónomo en una Entidad Pública Empresarial (EPE). La oposición de los representantes de los trabajadores fue tal que el departamento que dirige Ernest Urtasun decidió poner freno a esa propuesta y este miércoles la ha desechado ya por completo.
En una reunión mantenida entre representantes sindicales y representantes del Ministerio -el secretario general del Inaem, Benjamín Marco, y la jefa de Gabinete del secretario de Estado, Dulce Campos-, desde la Administración se ha trasladado que la fórmula de convertir el organismo en una entidad empresarial no se dará y que, por el contrario, se negociará un nuevo estatuto pero bajo la forma jurídica actual, la de organismo autónomo. Es decir, el Inaem se mantendrá en una línea similar a la actual, pero las partes se han comprometido a intentar "mejorar" la organización y la gestión.
La reforma del Inaem fue una de las primeras promesas que Ernest Urtasun hizo al asumir el cargo de ministro. Para ello nombró como directora general del INAEM a Paz Santa Cecilia, que ya había sido jefa del Departamento de Coordinación del organismo entre 2009 y 2012. Tres años después, esa reforma sigue sin producirse y ahora se queda en el aire. De hecho, son varias las fuentes internas de Cultura consultadas por este diario que dudan de que esa reforma se pueda siquiera poner en marcha. "No creo que la puedan hacer. Se les ha venido abajo cuando han intentado entrar a la realidad del día a día", apunta una de esas fuentes.
Los representantes sindicales, en una nota informativa firmada en conjunto por Comisiones Obreras, UGT y CSIF, vuelven a incidir en que el formato de Entidad Pública Empresarial supondría "una inaceptable mercantilización" de la cultura y, por eso, celebran que Cultura haya decidido frenar esa vía. El ministro y su equipo ya habían advertido en varias intervenciones públicas que cualquier reforma del organismo que se hiciera tendría que ser de la mano de los sindicatos.
El pasado 12 de marzo, tras la primera negativa de los representantes de los trabajadores a la propuesta, en una declaración pública, Urtasun se comprometió a aprobar durante esta legislatura la reforma del Inaem. Como también había hecho con la Ley del cine durante el año 2025 y aún hoy sigue acumulando retrasos. "Queda mucha legislatura por delante para hacer las reformas que todavía tenemos pendientes. Hay tiempo para hacerlas", insistía el ministro, que también remarcaba que este es "un proceso complejo".
El principal problema al que se enfrenta el Ministerio es, sobre todo, de tiempos. Porque la legislatura está en su fase final, como máximo se podría extender un año más, y la aritmética parlamentaria no favorece al Gobierno para la reforma. La propuesta de convertir el Inaem en EPE había sido la elegida por el Ministerio precisamente porque le permitía abordarla con mayor rapidez. El rechazo de los sindicatos ha hecho que esa vía no se pueda explorar.
Convertir el Inaem en una Entidad Pública Empresarial que contara con un convenio propio y un estatuto propio era el planteamiento que Cultura había encontrado para que el instituto se pudiera reformar y cumplir así la gran promesa de legislatura que había hecho Urtasun. Ese modelo permitía, por un lado, flexibilizar la contratación y que la función interventora se hiciera a posteriori, al contrario de lo que sucede ahora, para agilizar los trámites. Y también que se abriera abre la opción de incluir coproducciones -que el Inaem ya tiene-, acuerdos con terceros y mecenazgos.
Sin embargo, el modelo se ha encontrado con el rechazo masivo de los sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, CSIF, CGT, CNT- al considerar que convertir el Inaem en EPE supondría precarizar aún más las plantillas de un organismo que ya se han visto deterioradas en los últimos años. En su primer comunicado conjunto, los representantes de los trabajadores ya habían transmitido que la fórmula para la reforma era "inadecuada" porque "la cultura pública no es una mercancía" y la misión de este organismo "no puede regirse por la rentabilidad".
