“La Latina es un animado barrio situado en el terreno de una fortaleza islámica medieval, un laberinto de calles estrechas con numerosos bares de tapas y tabernas”. Con este atractivo texto se publicita en Airbnb uno de los pisos turísticos del bloque de la Latina donde vive Paquita, la mujer de 82 años con párkinson pendiente de desahucio porque el contrato del piso donde vive hace 20 años venció, pese a que sigue pagando 1.180 euros de alquiler. Ella teme que Tolesanta, la empresa propietaria del bloque, quiere echarle para poner un piso turístico como los que tiene en diversos edificios de Madrid. La normativa municipal aprobada por José Luis Martínez Almeida en 2025 prohíbe que convivan pisos turísticos con viviendas habituales, pero no los cierra y permite tentativas de desahucio.
Sin abogados y en sus ratos libres, la Asociación de Vecinos La Chispera se ha dedicado a localizar hasta 144 viviendas turísticas repartidas por 13 bloques como el de Paquita, que ha agrupado en 52 denuncias, todas ellas por pisos turísticos presuntamente ilegales en La Latina. La empresa Tolesanta, gestionada por miembros de la familia Couret, es dueña de dos de los 13 bloques denunciados, uno de ellos el de Paquita. El otro, en la Calle Toledo, 77, tiene una orden de cierre de la Audiencia Provincial para diez de los bloques por los ruidos y molestias denunciados por los vecinos, tal y como publicó elDiario.es. Pero, según los vecinos, siguen activos.
En el resto de denuncias, la asociación no señala a los propietarios sino a los anfitriones que anuncian los pisos, tres particulares y empresas como Cool Spots, Limehome, Luxury Rentals, MIT House, AlertHomes.
Las denunciantes han compilado decenas de links de los apartamentos de todos los bloques en las webs de las empresas, en Booking y en Airbnb y, tal y como ha podido comprobar elDiario.es, todos siguen activos. Uno de ellos, en el bloque de Paquita, se presenta con el siguiente reclamo: “Vive una experiencia para 7”. Y eso que el Ministerio de Consumo exigió a las plataformas digitales retirar hasta 6.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia de Madrid. Muchos de ellos se publicitan con licencias de alquiler de temporada, expresamente prohibido por los nuevos decretos de vivienda.
El Ayuntamiento no ha respondido a las denuncias, si bien ha explicado a ElDiario.es que ha intervenido en muchos de los pisos. Aunque las competencias en turismo las tiene la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento concede licencias para legalizar los pisos turísticos en virtud del Plan Reside, que se aprobó en 2025 justamente para proteger a los vecinos de la proliferación de pisos turísticos. Pero la asociación de vecinos ha elevado las denuncias de todos y cada uno de los pisos turísticos no solo a la Comunidad y al Ayuntamiento, sino también al Ministerio de Consumo, a la Agencia Tributaria ante la posibilidad de que no estén tributando y al Defensor del Pueblo. Y las maletas siguen sonando por entre las calles empedradas de La Latina, turística mayoría de pisos turísticos siguen abiertos y Paquita sigue amenazada de desahucio en un bloque propiedad de la empresa Tolesanta donde ya casi todos los pisos son turísticos.
Anunciados para la Fórmula 1
Entre los pisos turísticos que operan en contra del Plan Reside y en el bloque de Paquita, está un alojamiento que fue ofrecido por la web oficial de Madring durante el Gran Premio de Fórmula 1 el pasado mes de septiembre, con un precio de 655 euros por persona y noche, tal y como explicó en su día elDiario.es.
Preguntado entonces por estos pisos turísticos, el consistorio reconoció haber ordenado el cese de 12 viviendas de uso turístico en este bloque y “siete de ellas restablecieron la legalidad”, contaban, informa Guillermo Hormigo, mientras que las otras cinco estaban bajo cierre forzoso con multas coercitivas. Desde el bloque aseguran que todas ellas siguen operando.
El propio consistorio reconoció que anuncios como el de la Fórmula 1 “podría cumplir con la normativa de arrendamientos urbanos considerándose un contrato de alquiler por temporada”. Esta situación, sin embargo, ha dado un giro desde la aprobación del nuevo decreto de vivienda el pasado 6 de octubre, puesto que deja claro que los pisos de temporada solo lo son a partir de 31 días.
Por eso mismo, el Ministerio de Consumo ha exigido a portales inmobiliarios retirar más de 6.000 anuncios de la ciudad de Madrid de pisos turísticos que operan como pisos de temporada, sobre un total de 8.000 en toda España. Al respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, defiende que han “reducido en un 40% los pisos turísticos” en Madrid. Y exigió al Ministerio que le pasara la información al consistorio antes de publicarlo en los medios.
Según el propio consistorio, los pisos turísticos han pasado de 22.400 a 14.431, 9.000 menos, entre 2024 y 2026, gracias a las políticas municipales. En la web del Ayuntamiento, hay 1.026 pisos turísticos registrados como legales, mientras que en la Comunidad, que lleva el registro único, cuenta con 1.800. “Cruzando estos datos, ya se pueden cerrar los 800 ilegales”, apunta María Peris.
“Quedarnos sería un milagro”
En el bloque de Paquita, uno de los pocos vecinos que aún queda de alquiler dice no haber notado ninguna disminución por las medidas que dice haber tomado el Ayuntamiento. “El otro día, en el partido del Manchester contra el Madrid, estaba lleno de ingleses que venían solo para el partido”, relata.
El día a día del vecindario se ve afectado por “basuras colapsadas que no están preparadas para tanto grueso, ruido de fiestas, el espacio que ocupan carros enormes con toallas y puertas bloqueadas por turistas con maletas y la falta de seguridad porque con tanta gente la puerta de la calle siempre queda abierta”, cuenta Sebas, vecino que vive de alquiler desde 2018, ha pasado por varios pisos del mismo bloque y tiene contrato hasta el año que viene. Comparte piso con dos compañeros y pagan 1.200 euros de alquiler.
Pidieron la prórroga extraordinaria en abril y no han recibido respuesta. Y eso es en lo que más les afecta la convivencia con tantos pisos turísticos, sabiendo que es la actividad económica principal de Tolesanta. El vivir bajo la sombra de la amenaza de que los echen, aunque no se lo han comunicado. “Sé que me queda poco tiempo aquí y es imposible encontrar algo en este barrio. Nos queda un milagro, la misericordia de Tolesanta, pero sería muy raro”, se resigna.
“Ojalá que Paquita se quede, su caso es preocupante, pero ha servido para dar visibilidad a lo que sufrimos y asumimos como inquilinos, que estamos con el rabo entre las piernas desde hace tiempo. Yo solo trato de no molestar mucho para ver si pasa un milagro y me dejan quedarme”, desarrolla.
El descontento no solo llega a inquilinos, sino también a los pocos propietarios que viven en el edificio. Una de ellas, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que una vez llegó a “contar 24 personas en un patio de unos bajos”. “Hay mucho ruido y descontrol, se publicitan pisos de 60 metros cuadrados para 10 personas y como no hay nadie para controlar, entra quien quiere”, cuenta. Batalla en las juntas de vecinos para intentar acabar con los pisos turísticos, pero los propietarios de hospedajes son mayoría, por lo que no pueden frenarlo por esta vía, prevista por ley, en que una junta de vecinos puede prohibir que haya pisos turísticos en su escalera.
Más a cuenta pagar la multa
María Peris, quien tiene controladas todas las denuncias y respuestas a las diferentes administraciones y que muestra a elDiario.es, cuenta que “ponen algunas multas y hacen inspecciones a pisos turísticos, pero les suele salir más a cuenta pagar la multa y seguir operando”.
El 6 de julio pusieron la primera denuncia a la Comunidad de Madrid, que les respondió que necesitaban más información el 9 de julio. Aportaban datos de las empresas que publicitaban y la dirección de cada uno de los pisos turísticos, pero no les pareció suficiente y archivaron por “falta de información”, aunque alguna de la información que solicitaban solo la puede comprobar la propia Comunidad. Los vecinos de La Chispera insistieron, expresaron disconformidad con el archivo y pidieron reabrir los expedientes. La Comunidad aceptó reabrir expedientes, con la excepción de los pisos que gestiona Mit House, que es precisamente la que gestiona los del bloque de Paquita y el piso que estuvo anunciado durante el GP de Fórmula 1. Estos quedaron archivados. “No creemos que sea casualidad”, dice Peris.
En cuanto al Ayuntamiento, nunca ha respondido a sus denuncias. Cada una de ellas tiene argumentado el motivo por el que denuncian. En el caso de las denuncias municipales, alertan que vulnera el Plan General de Ordenación Urbanística y el Plan Especial de Hospedaje, que declaran ámbito de alta presión el centro de Madrid y “allí solo se permite en planta baja o primera y con acceso independiente desde la calle”, según la normativa que aprobó Carmena y que sigue vigente. Pedían, por ello, inspecciones y sanciones que sí que se han dado en algunos casos, pero también un cese inmediato de actividad que no se ha producido.
A la Comunidad de Madrid le piden que retire el número de registro único a los pisos turísticos, ya que “si el uso no es conforme al planeamiento municipal, esa declaración es inexacta o falsa”, alertan los denunciantes.
A la Agencia Tributaria, que tampoco ha respondido, le advierten que los rendimientos obtenidos por las viviendas turísticas pueden no estar siendo declarados en el IRPF y les piden comprobación tributaria.
Y al Ministerio de Consumo le piden que, al haber anuncios de pisos turísticos no habilitados, se considera “práctica comercial desleal y engañosa” y requiera a plataformas como Booking y Airbnb las retiradas de anuncios. Consumo responde que las competencias son autonómicas, pero también recuerda que tiene expedientes abiertos a diversas plataformas por mantener anuncios de pisos turísticos sin licencia o con licencia de temporada.
El último paso de las vecinas ha sido elevar un escrito al Defensor del Pueblo, donde relatan las negativas del Gobierno de Ayuso a ni siquiera investigar unas denuncias que cuentan con informaciones completas de los pisos turísticos que incumplen varias normativas, algunos de ellos con licencias de temporada.
