La Comisión Europea considera que España está «bajo gran presión migratoria«. Así lo manifiesta en un primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea, cuyo adelanto se ha conocido este martes. Más allá de lo llamativo a nivel retórico, este hecho tiene implicaciones directas para nuestro país y para el resto de socios.
La decisión supone que España y también Italia, Grecia y Chipre pueden apelar a la solidaridad de los vecinos y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo para reubicar a parte de los migrantes ilegales en otros estados miembro.
Si bien es un primer paso en forma de avance, el documento conocido no hace públicos los citados cupos de reubicación de los inmigrantes en situación irregular que podrían manejar los distintos países. Esto llegará con la entrada en vigor del pacto migratorio, que se prevé vea la luz definitivamente en junio de 2026.
El camino, no obstante, aún es largo y países como Polonia o Hungría, claves en materia migratoria, aún tienen que presentar sus propios planes nacionales, una condición sine qua non para que el Pacto sea plenamente vigente, como remarca Europa Press.
Bruselas agrupa a España e Italia como países bajo «gran presión» migratoria por el «desproporcionado» número de llegadas de irregulares y las operaciones de búsqueda y rescate humanitario alrededor de las costas. Igualmente, se hace referencia a Grecia y Chipre, en su caso «bajo presión» por circunstancias similares
La clasificación de ser un país bajo «gran presión migratoria» no supone una activación instantánea de la cooperación entre estados pero sí abre el camino a ello al hacerles «elegibles» para acogerse a lo que el texto llama «reserva de solidaridad«. Un paso que «no es perfecto», pero que sí «es mejor que nada», confesaba este martes el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner.
La presión no es exclusiva para los cuatro países mediterráneos destacados en el informe. En paralelo, detalla Europa Press, la Comisión Von der Leyen considera que otros 12 miembros están en «riesgo» de sufrirla próximamente si no cambian las circunstancias. Esa docena de países incluye a Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, además de a Bulgaria, Croacia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia.
Para todos ellos no se activará la ‘cláusula’ solidaria de no empeorar sus perspectivas, pero sí se les abre un acceso prioritario a instrumentos de ayuda comunitarios.
Los plazos se alargan por todas partes. Bruselas contaba con haber oficializado ya su propuesta de reparto en octubre, pero las reservas de países como Bélgica o Países Bajos lo paralizó un tiempo. A falta de precisar las cifras, la intención de Bruselas es trasladar a ‘al menos’ 30.000 migrantes cada año. También se cuenta con la opción del rechazo de los diferentes estados, que tendrían que afrontar el pago de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado.
Con todo, la Comisión Europea reconoce que los datos del último año (entre julio de 2024 y junio de 2025) apuntan a una «mejora» de la situación en el conjunto de la Unión, con una caída del 35% en el número de llegadas ilegales.
Entre derechos también hay lugar a los deberes de los paóises que requieran ayuda de sus socios. Si la UE observa «deficiencias sistémicas» en la operativa del país en cuestión, el resto de miembros quedarán exentos del compromiso de dar acogida a los migrantes que fueran a ser reubicados. Un «equilibrio entre solidaridad y responsabilidad», remataba el comisario del ramo.
