Renfe evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes en caso de retraso, después de que el pleno del Congreso de los Diputados haya aprobado algunas de las enmiendas que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la que obliga a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones en el operador público.
Renfe defiende que sus indemnizaciones ya son las más ventajosas del sector para los usuarios y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores.
En concreto, los dos operadores privados de alta velocidad, Ouigo e Iryo, solo devuelven parte del coste del billete a partir de los 60 minutos de retraso.
El pasado 1 de julio se modificaron los criterios de indemnización de impuntualidad de Renfe. Desde entonces, devuelve el importe íntegro del billete de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos hasta entonces), y el 50% con demoras de más de 60 minutos (antes 15 minutos). Esas indemnizaciones de la compañía pública situaron el compromiso de puntualidad al mismo nivel que el resto de los competidores de alta velocidad (Ouigo e Iryo).
La enmienda aprobada en el Congreso, para Renfe, recoge que volver indemnizaciones del 50%, cuando haya 15 minutos de retraso; y del 100% del importe, si es media hora.
Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es “una operación demagógica y un brindis al sol populista”, que no va a tener impacto sobre los usuarios.
Mientras, fuentes de la operadora pública señalan que la enmienda solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no a otras compañías, en referencia a Iryo y Ouigo. “Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España”, sostiene Renfe.
A juicio de la operadora española, pedir estas compensaciones solo a una empresa, en un régimen de competencia en los servicios comerciales, es condenar a la compañía y a los trabajadores públicos a competir en clara desventaja.
Por ello, fuentes de Transportes defienden que, si se quiere regular “de forma seria”, se debería obligar a todos los operadores tengan a devolver el dinero cuando haya retrasos de menos de 60 minutos, aunque “esto puede ocasionar una subida de precios para pagar las multas, que también se sepa”.
En 2023 la anterior política de indemnizaciones por retrasos le costó a Renfe 42 millones de euros, que habrían quedado en 12,5 millones de haberse aplicado la actual, según cálculos facilitados a EFE por fuentes próximas a la compañía.
