El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer en el Congreso, en principio, a finales del mes de marzo para, entre otras cosas, informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto de Oriente Próximo. Pero lo que no tiene previsto es someter a votación el envío de la fragata Cristobal Colón, uno de los barcos de guerra más modernos de la Armada, a Chipre para defender ese flanco de Europa de posibles ataques de Irán. El jefe del Ejecutivo se ampara en la ley de Defensa Nacional y en que el buque no se inserta en una misión militar nueva, sino que se continúa el trabajo que ya hacía en el Báltico, sólo que ahora en esta nueva ubicación.
«Si nosotros defendemos la legalidad internacional, y esa es nuestra tranquilidad, en todos y cada uno de los conflictos que asolan el mundo, ajustamos nuestras decisiones a la legalidad nacional», ha expuesto Sánchez en una comparecencia conjunta ante los medios con Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, tras la celebración de una nueva cumbre bilateral entre ambos países. Para Sánchez, lo que ha sucedido es que La Moncloa ha tomado la decisión de «echar una mano a Chipre en una misión que es defensiva y nada ofensiva». Y considera que «se ajusta a la Ley Orgánica de Defensa Nacional» aprobada por las Cortes en 2005.
El PP había exigido al Gobierno que sometiera a votación del Congreso el envío de la fragata Cristóbal Colón. Sánchez se escuda en la ley para no tener que hacerlo. En concreto, en el Ejecutivo apelan al artículo 17 de la normativa sobre Defensa Nacional, de cuya redacción se desprende que el Gobierno está habilitado para ordenar operaciones en el exterior que estén relacionadas con el interés nacional. Y en este caso, lo que explican es que se trata de la defensa de la frontera europea, por tanto de la frontera española y, en consecuencia, un asunto de interés nacional.
El apartado 1 del punto 17 recoge: «Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados«.
El otro asidero al que se agarra el Gobierno para acudir a una votación de la Cámara Baja es que el trabajo de la Cristóbal Colón no es una nueva misión, sino que, explican, continúa las labores de escolta, adiestramiento y cooperación bilateral con el grupo aeronaval francés del Charles de Gaulle que ya venían desarrollando en el Mar Báltico, otra frontera europea. «No incumplimos ninguna ley. Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos europeos», señalan fuentes del Ejecutivo.
«Esto es una misión europea formada por socios europeos en apoyo a un país europeo como Chipre y ese es el contexto por el cual está allí esta fragata española», ha expuesto Félix Bolaños este viernes a los medios a su llegada a un Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea.
Sánchez ha negado que exista paralelismo alguno con lo sucedido hace 23 años con la guerra de Irak. Entonces, en 2003, José María Aznar no pidió permiso a la Cámara Baja para consumar la participación de España en el conflicto bélico. «Hace 23 años un presidente nos metió en una guerra ilegal y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso. Hoy he anunciado una comparecencia para explicar la posición del Gobierno, que es la contraria a entonces: España no participa en la guerra».
