Las autoridades estadounidenses han confirmado este lunes la muerte de seis personas tras nuevos bombardeos contra dos embarcaciones en aguas internacionales del océano Pacífico. Los ataques, ejecutados por orden del presidente estadounidense, Donald Trump, han reavivado el debate sobre la legalidad de estas operaciones militares en zonas fuera de jurisdicción nacional.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado en la red social X que se han llevado a cabo «dos ataques cibernéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas», presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. «Estas embarcaciones eran conocidas por nuestros servicios de Inteligencia por su asociación con el contrabando de narcóticos, portaban narcóticos y transitaban por una ruta de tráfico de narcóticos en la zona oriental del Pacífico», ha añadido.
Aunque no se ha revelado la ubicación exacta de los bombardeos, el secretario ha reconocido que «ambos bombardeos fueron perpetrados en aguas internacionales». «Había tres narcoterroristas a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas«, ha precisado.
Hegseth ha defendido la operación como parte de la política de seguridad nacional: «Bajo el presidente Trump se protege a la patria y se mata a los terroristas de los cárteles que desean dañar al país y a su pueblo».
Dura respuesta internacional: «No existe ninguna justificación legal para llevar a cabo estos ataques»
La reacción internacional no se ha hecho esperar. Naciones Unidas ha reiterado su preocupación por la legalidad de estos ataques, señalando que «no existe ninguna justificación legal para llevar a cabo estos ataques» y que «ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente».
El organismo ha exigido una investigación «rápida, independiente y transparente» para esclarecer los hechos y determinar si se han violado normas del Derecho Internacional. Las acciones de la Administración Trump en el mar Caribe y el Pacífico han sido objeto de creciente escrutinio, especialmente por su carácter unilateral y la falta de supervisión judicial.
