Desde el lunes, cuando Junts confirmó que tumbaría la reducción de la jornada laboral, la “decepción” fue extendiéndose en muchos trabajadores, como Raúl Rodríguez y sus compañeros de una gran cadena de comida rápida. Se habían ilusionado con la jornada máxima de 37 horas y media a la semana. “Como tenemos muchas jornadas parciales, nos suponía un aumento de salario. Ha sido un bajón”, cuenta. En el lado opuesto, Patricia (nombre ficticio), que tiene una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, reconoce que prefería que la ley no saliera adelante. “Habríamos tenido unas horas sin cubrir y no nos podemos permitir contratar otro trabajador. Creo que habríamos aumentado precios”, explica.
Son las dos caras de una misma moneda: la caída de la ley para reducir la jornada máxima de trabajo que tuvo lugar el miércoles en el Congreso, con los votos de la derecha de PP y Junts y la ultraderecha de Vox. El Ministerio de Trabajo, que tras la derrota parlamentaria ha defendido que volverá a presentar la medida en el futuro, estimó que la reducción de la jornada iba a alcanzar a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, el 55% del total, en los sectores del comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción.
Es el caso de Raúl Rodríguez, trabajador de la hostelería en una multinacional y representante de CCOO, que tiene un contrato parcial de 35 horas sobre un total de 40 horas a la semana. “Casi todos tenemos contratos parciales, salvo un 10% a tiempo completo, que son el equipo gerente”, explica. Con un salario de referencia cercano al mínimo, tiene un segundo trabajo para los dos días que libra a la semana. “Solo descanso dos días al mes. Con estos salarios y contratos parciales, no soy ni el primero ni el último que tiene dos trabajos”, sostiene el joven.
“Me iba a suponer un aumento de sueldo”
Como representante de la plantilla, Raúl Rodríguez había estado informando a sus compañeros de los efectos de la ley. Al tratarse de trabajadores a tiempo parcial, esperaban un aumento en la nómina que había generado ilusión en muchas personas, como él mismo. “Calculé que podía suponerme unos 110 euros al mes. A lo mejor con este incremento podría trabajar solo dos o tres días al mes extra, y descansar casi como todo el mundo”. “Yo lo daba un poco por hecho, hasta que oí a los partidos esta semana”, reconoce.
En cambio, Eugenia Sánchez, trabajadora de una residencia de mayores y representante de UGT, pensaba “que no iba a salir, era bastante escéptica”. La trabajadora considera que en su sector “es muy difícil reducir la jornada si no cambian un montón de cosas más”. “Media hora menos al día en una residencia es inviable, porque está todo tan cuadriculado con los turnos, somos tan poca gente, no encontramos gente que quiera trabajar… Aunque mantuviéramos horarios y nos dieran algún día libre más, tendríamos problemas. Ahora no encontramos gente para cubrir bajas, para días de asuntos propios o cubrirnos en una prueba médica. Esta es la situación”, argumenta Sánchez.
“No encontramos a gente, de verdad. Yo mismo he visto que no hay un CV en la bandeja de entrada. Pero, claro, ¿quién va a querer venir con lo que ganamos y con lo que se trabaja en una residencia de ancianos?”, dice Sánchez, que pone como ejemplo su salario. “Llevo 21 años en la empresa, voy a hacer mi séptimo trienio y mi sueldo es de unos 1.100 y poco”, afirma. Aunque ella no estaba esperanzada, sus compañeras más jóvenes sí. “La gente joven tenía ilusión, estaban ilusionados por el hecho de conciliar. Nos decían: qué bien, podré salir antes y recoger a la peque de la guarde… Las más mayores pensábamos que esto no salía”, relata Sánchez.
Mejorar la conciliación es otro de los puntos que más destacaban del proyecto de ley las compañeras a Gema Santos, educadora social en un piso tutelado en la Comunidad de Madrid y delegada de UGT. “Salir media hora, unos minutos antes a lo mejor, quiere decir que llegues a casa y puedas ver a tus hijos. Que puedas llegar al beso de buenas noches, por ejemplo, en los turnos de tarde. Parece que no es nada, pero para la gente sí que es mucho. O tener algo más de tiempo de descanso, de solventar otro tipo de situaciones. Este trabajo quema mucho”, indica la educadora.
Ángel García, vigilante de seguridad y responsable del sector de UGT, también destaca la “decepción” de muchos compañeros y la gran atención que había supuesto en el sector, con una jornada de 162 horas al mes (1.782 horas anuales, unas 39 horas si se dividieran en semanas). “Se había creado un ambiente de euforia. En nuestro sector habría supuesto trabajar un día menos al mes, aproximadamente. Para un sector en el que los salarios no son gran cosa y trabajamos mucho, imagínate, trabajar un día menos al mes es una bicoca”, explica.
García (UGT) considera que la reducción de jornada “es viable”, aunque haya algunas empresas que puedan tener algunas dificultades. “No podemos seguir con una jornada de otro siglo”, indica el sindicalista, que denuncia que muchas de las empresas que denuncian la medida, como el salario mínimo u otros avances, “luego ni siquiera los cumplen”. “Y hay algunos pequeños empresarios que dicen que no pueden contratar a un trabajador. Pues entonces, no son empresarios, es que son trabajadores autónomos, con problemas económicos en sus negocios que van mucho más allá de media hora de jornada”, opina.
“¿Cómo hacemos esto con los horarios comerciales?”
En el lado contrario, pequeños empresarios y empresarias contactadas reconocen su alivio ante la caída del proyecto de ley. Es el caso de Patricia (nombre ficticio), con 16 trabajadores contratados en una empresa de instalaciones eléctricas en proyectos de construcción, ahora con 40 horas semanales. “Son obras y tienes que acabarlas, así que si se trabajan menos horas, las acabaríamos más tarde. Tendríamos que contratar mano de obra auxiliar para cumplir plazos, pero es que no podemos contratar otro trabajador. Tendríamos que subir precios en nuevos contratos”, explica.
Patricia argumenta que, en su caso, la compañía no tiene grandes márgenes, por lo que contratar a una persona más a tiempo completo, “por unos 35.000 euros con Seguridad Social”, se llevaría algo más de la mitad de su beneficio anual. “Creo que tendríamos que subir los precios. Que ya lo estamos haciendo, porque están subiendo los salarios en el sector. No hay trabajadores, sobre todo con formación, y esto está subiendo los salarios, porque si no se te va la gente a otra empresa”, relata.
Carmen (nombre ficticio) tiene un pequeño comercio de ropa con su hermana y en estos momentos no tienen ningún empleado. La autónoma llama la atención sobre la contradicción de la reducción de jornada laboral con los horarios comerciales cada vez más amplios. “Los pequeños comerciantes, o tienes un trabajador, o estas ampliaciones de horario nos hacen polvo. Los que marcan las pautas son las grandes cadenas y sientes la presión de que tienes que abrir y cada vez más. Domingos, que no cierres al mediodía, festivos… Es horrible, no tienes vida, tiempo para tu familia. Si tienes empleados, algo más, pero si no, es horrible”, argumenta.
Antoni Torres, farmacéutico y presidente de Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), también destaca la “inviabilidad” de la reducción de la jornada laboral en el sector de las farmacias, con pautas comerciales y más particularidades. “Por ejemplo, no podemos repercutir el aumento de costes en los precios, porque los fija la administración pública”, indica. “Tampoco podemos contratar a farmacéuticos a veces, aunque queramos, porque hay mucha falta de profesionales”, añade.
En el caso de la reducción de jornada a 37 horas y media, Torres explica que las horas que quedan sin cubrir tampoco generan jornadas atrayentes para ningún trabajador. “Una hora al día, cinco horas a la semana. 20 al mes. ¿Quién va a querer ese trabajo?”, sostiene el empresario, que considera que este debate debería encuadrarse en la negociación colectiva de cada sector, “porque cada uno sabemos lo que hay y podemos buscar una solución que vaya bien para todos”.
