Uno de los tictacs de reloj que más teme Trump lleva un tiempo martilleando, pero con el sonido del mazo de un juez. El presidente estadounidense ha confirmado este jueves que habrá contraataque jurídico, ante la decisión que tomó hace cinco días el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de EEUU. Dicho tribunal le dio una de cal y otra de arena a uno de los pilares de las políticas del republicano en clave económica, los aranceles con los que desató una guerra comercial basada en la amenaza como vía de lograr acuerdos.
Apelación declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump, después de que ya se hayan suscrito pactos posteriores con varios países, pero con una cláusula que le da aire a a la Administración Trump. Son ilegales, pero se mantienen en vigor hasta el próximo mes, concretamente el 14 de octubre. La decisión fue acordada de forma mayoritaria en el seno del tribunal federal, con 7 votos a favor frente a 4 en contra, confirmando que la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no tenía base en este caso.
No es la primera vez que el gabinete del mandatario estadounidense tiene que capear un revés jurídico, como ha ocurrido recientemente con el caso del corte de la financiación a la universidad de Harvard -por supuesto antisemitismo- o con casos de expulsiones de personas del país -como el del preso Kilmar Ábrego, deportado erróneamente-. Pero esta decisión sí puede condicionar en gran medida unos aranceles que países como China han elevado a la Organización Mundial del Comercio (OMC) denunciando abusos y un cambio en las reglas de juego del comercio exterior.
La clave de la pugna legal por los aranceles: el calendario
«Vamos a acudir al Tribunal Supremo, creemos que mañana [este jueves por la noche, en horario español] porque necesitamos una decisión rápida. Vamos a solicitar una resolución urgente», desvelaba hoy el propio Trump a la prensa, sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Precisamente, esa matiz de urgencia, de rapidez, es uno de los factores clave que determinarán qué ocurre legalmente con los aranceles a escala doméstica, es decir en los propios EEUU.
De esta forma, la fecha marcada en rojo en el calendario de la Casa Blanca es el próximo miércoles 10 de septiembre. La Administración Trump necesita que antes de ese día se pronuncie el Tribunal Supremo -donde cuenta con la mayoría conservadora que se granjeó en el pasado con el nombramiento de una magistrada, a pesar de faltar una semana para las elecciones que Biden ganó en 2020-, sobre la admisión a trámite del recurso.
De lograr la -previsible- admisión a trámite de su recurso en el Supremo, la siguiente fecha clave para Trump pasaría a moverse en torno a los primeros compases del mes de noviembre. En ese momento, deberán tener articuladas todas las alegaciones pertinentes para lograr que el Supremo revierta la decisión del tribunal federal, que en realidad vino a confirmar lo que había dictaminado en primera instancia el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU. Que los aranceles, en base a su justificación jurídica actual, no son legales.
Si todo sale favorable a los republicanos, los aranceles podrían quedar avalados por el alto tribunal estadounidense antes de que acabe el año. Cabe recordar que el propio Trump, hace cinco días, acusó a Apelaciones de alinearse con los demócratas, advirtiendo del «desastre» que sería que desapareciesen los aranceles: «Un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que EEUU ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país».
