Un juez de Tarragona ha imputado al ex ministro de Hacienda con el Partido Popular Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde su puesto en el Consejo de Ministros que presidía Mariano Rajoy. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, acaba de levantar el secreto del sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y que tiene como epicentro un despacho de abogados que creó Cristóbal Montoro y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente del Ministerio.
La trama que describe el juez arranca con la fundación del despacho Equipo Económico en 2008 por parte de Montoro. De Equipo Económico, afirma el magistrado, Montoro fue “socio fundador, presidente y consejero de EE [las siglas del despacho Equipo Económico] hasta abril de 2008”. Una vez Montoro llegó al Ministerio por segunda vez en 2011 –ya había sido ministro de Hacienda con José María Aznar, antes de fundar el despacho– se aprobaron una serie de normas que beneficiaban a los clientes del bufete.
“Ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación”, dice el juez respecto a las decisiones legislativas que beneficiaron a las empresas gasísticas clientes de Equipo Económico. Esas empresas estaban agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
El juez asegura que Montoro, “presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la inciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”, recoge el auto, cuyo contenido ha adelantado La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es. “El uso de tales postestades habría permitido a Equipo Económico poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, añade el magistrado.
Para ejecutar esos actos de corrupción, Montoro habría colocado en lugares clave del Ministerio de Hacienda a personas vinculadas con el despacho de abogados. El juez dice: “Se ha constatado que el investigado [Montoro] ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aeguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello”.
Junto a Montoro están imputados nueve miembros de su equipo en el Ministerio de Hacienda, empezando por su secretario de Estado Miguel Ferré Navarrete. También están los subsecretarios Pilar Platero y Felipe Martínez Rico, el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez, los directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Álberto García Varela, el subdirector de Tributos Locales Óscar del Amo y el asesor del gabinete del ministro Rogelio Menéndez, su director de gabinete, José María Buenaventura Zabala (condenado por las tarjetas black de Caja Madrid), además de una veintena de representantes de las empresas presuntamente beneficiadas.
Una “organización” para enriquecerse en el Gobierno del PP
El juez expone la existencia de “una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. “Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico (EE) (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) así como en torno a los socios de hecho o derecho de la misma”, añade.
El magistrado expone una banda que recaudaba dinero en el corazón de la Administración pública a cambio de beneficiar los intereses privados de unas empresas. “A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentado, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización”, escribe el juez.
Del otro lado están las empresas gasísticas englobadas en AFGIM, que son Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. A los investigadores les consta que en al menos dos ocasiones las empresas “contrataron a Equipo Económico a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones” y que en ambos casos “se sigue el mismo modus operandi”.
