Sudar la camiseta. Es uno de los lemas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la complicada aritmética parlamentaria que le lleva a negociar en cada votación. Y es el destino de la ley de movilidad sostenible, que pretende reducir los vuelos e implementar una nueva red de transporte de autobuses y que se enfrenta este jueves a su último trámite: la votación de las enmiendas introducidas por el Senado. Aunque en principio el Gobierno tenía el camino expedito, ya que es una de las cinco normativas que cuentan con el apoyo de Junts antes del anunciado portazo de Carles Puigdemont, se ha complicado por una treta del PP en la Cámara Alta, que ha introducido una enmienda para alargar la vida de las nucleares.
La jugada de los de Alberto Núñez Feijóo, permitida en el reglamento de las Cortes aunque el establecimiento de un nuevo calendario para el cierre de las nucleares no tenga nada que ver con la ley de movilidad sostenible, amenaza el plan del Ejecutivo para las centrales de Almaraz, Asco y Cofrentes, cuyo fin está previsto de forma escalonada hasta 2035.
El Gobierno está en manos de Junts. “Dependerá de lo que voten Junts y ERC”, asumían en la tarde de este martes fuentes gubernamentales. Fuentes de los ministerios implicados apuntan a que las conversaciones las están pilotando tanto en Moncloa como en el grupo parlamentario socialista.
Junts no quiere negociar ni comunicar su posición
La ruptura de Junts con el Gobierno en el Congreso marcó una nueva forma de actuar: los socialistas sabrán el sentido de su voto cuando vean la luz verde, roja o amarilla en el contador del hemiciclo. No habrá negociaciones ni tampoco les comunicarán su posición antes. Es por eso que los independentistas no han querido desvelar todavía si sumarán sus votos a los de PP y Vox en la enmienda en cuestión. “No adelantamos el sentido del voto”, se limitan a decir fuentes del grupo parlamentario para añadir suspense a una nueva votación muy ajustada por el Gobierno.
Pero lo más probable a estas alturas es que Junts sea coherente con lo que ha votado en anteriores ocasiones en materia de energía nuclear. Sin ir más lejos, durante la tramitación en el Senado se abstuvo en la enmienda del PP. Los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta en esa Cámara, pero aun así los senadores posconvergentes quisieron marcar su posición.
Hace apenas unos meses también se abstuvieron en una iniciativa que el PP llevó al Congreso en la que pedían alargar la vida de las nucleares. Se trataba de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a posponer el cierre agendado y salió adelante gracias al apoyo de Junts pero también de los siete diputados de Esquerra Republicana, que han mostrado cierta ambigüedad hasta ahora sobre este asunto.
El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado en alguna ocasión en la Cámara Baja que su grupo está comprometido con la agenda verde y el cierre de las nucleares, pero al mismo tiempo ha reclamado alternativas claras para los trabajadores de las centrales que perderán su trabajo cuando se ejecute el plan del Gobierno. En cualquier caso, fuentes del grupo aclaran a este diario que votarán en contra de la enmienda del PP.
Durante la tramitación en el Senado también se abstuvo el PNV, aunque fuentes del grupo señalan que mantendrán en esa enmienda la posición que han mantenido hasta ahora en los debates que se han dado en el seno del Congreso, como por ejemplo en la PNL del PP, que rechazaron. La idea de los nacionalistas vascos es que los calendarios de cierre ya se han pactado en los foros pertinentes y ven poco sentido a modificarlos de forma repentina por una iniciativa de los de Feijóo.
La maniobra del PP, que tardó en enviar las enmiendas aprobadas en el Senado hasta el punto de que el Congreso tuvo que mandar un coche para recogerlas, coloca en una situación compleja a la coalición, que está dividida a la hora de afrontar el cierre de las nucleares.
Sumar se mostró muy dura este martes contra los grupos que están pensando en votar a favor de la enmienda, aunque en la parte socialista tratan de desdramatizar. Primero porque algunas fuentes consideran que la aprobación de ese texto no supondría un cambio automático en el calendario, aunque es una cuestión de apreciación jurídica.
Una línea roja para Sumar
En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya al Consejo de Seguridad Nuclear la petición de modificación del calendario que han presentado las empresas explotadoras (Iberdrola, Endesa y Naturgy) cumpliendo la exigencia previa del departamento que dirige Sara Aagesen: que no tuviera condicionantes, es decir, con garantías técnicas de seguridad nuclear, de suministro energético y sin peticiones de una rebaja fiscal que suponga que los consumidores acaben pagando el alargamiento de la vida de las centrales. El Ministerio dice que lo estudiará basándose en el dictamen que emita el Consejo de Seguridad Nuclear, si bien no es una opinión vinculante.
Pero en el socio minoritario de la coalición llevan advirtiendo desde hace meses –desde que Sánchez se abrió a modificar el calendario en su comparecencia ante el Congreso en verano– de que el cierre de las nucleares forma parte del acuerdo de Gobierno y es una línea roja para la coalición de Yolanda Díaz.
“Tenemos argumentos suficientes para empeñarnos en que el cierre de las nucleares es algo que no se puede prolongar. Estamos en este Parlamento para construir la España de la transición ecológica”, dijo este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez, que, sin embargo, consideró que existe una mayoría en el Congreso para tumbar la enmienda. “El cierre de las nucleares es un acuerdo de Gobierno y el PSOE tiene que cumplirlo”, insistió.
Martínez también quiso dejar claro este martes que el Gobierno no tiene capacidad de vetar las enmiendas y que, por tanto, la responsabilidad está en los grupos parlamentarios. Lo hizo después de que este lunes Podemos reclamase al Gobierno vetar esa enmienda en concreto. La formación de Ione Belarra se agarraba para su petición a un precedente reciente, con la ley de desperdicio alimentario. En marzo de 2025, Hacienda vetó una enmienda del PP a esa norma que buscaba rebajar el IVA a los alimentos, con base en el artículo 134.6 de la Constitución, que avala al Gobierno a frenar iniciativas que puedan afectar a los Presupuestos.
Pero fuentes gubernamentales cierran ese camino: “Nosotros no podemos vetar, porque el veto solo se puede justificar con afección a partida presupuestaria concreta con cifra concreta, y esta no es una enmienda presupuestaria”. De hecho, el Gobierno sí vetó varias enmiendas del Senado por este motivo, aunque la Mesa de la Cámara Alta no tuvo en cuenta el criterio de Hacienda y las tramitó igualmente. Y entre ellas no estaba la enmienda sobre las nucleares.
Por eso el Gobierno queda de nuevo en manos de una negociación parlamentaria hasta el último minuto y del botón rojo de Junts, que a pesar de su gestualidad pública de oposición al Ejecutivo hasta ahora no ha votado en contra de ninguna de sus leyes. Este jueves, sin ir más lejos, apoyará también la Ley de Atención a la Clientela, que incluye la atención al cliente en catalán que negociaron en comisión. Queda por ver si en esta ocasión unirá sus votos con el PP y empezará a confirmar su nuevo rol de oposición.
