El Ministerio de Cultura busca una empresa privada que pueda desarrollar un estudio para analizar la desigualdad que existe en la participación de la ciudadanía en la cultura y en el ejercicio de los derechos culturales para los ciudadanos. Porque, según reconoce el departamento de Ernest Urtasun, en el Ministerio «se carece de personal especializado» que pueda realizar esas funciones. Ni en en la Dirección General de Derechos Culturales ni tampoco en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas.
Por ese motivo, el Ministerio ha abierto un proceso de licitación pública para encontrar un agente externo que pueda realizar ese estudio a través de un contrato que cuenta con un presupuesto base de 329.789 euros. Es decir, que Cultura hará un desembolso de 330.000 euros para analizar «el modo en el que factores de diverso carácter condicionan la participación en la vida cultural y el ejercicio de los derechos culturales». El Plan de Derechos Culturales, que se presentó el pasado 8 de julio, es una de las líneas estratégicas que el ministro ha fijado desde su llegada al puesto.
De hecho, en la memoria justificativa del contrato, el Ministerio de Cultura afirma que ese plan «atiende a la necesidad de avanzar hacia unas políticas culturales plenamente equitativas, democráticas y que garanticen el acceso y la participación de todas y todos». Un discurso que Urtasun ha enarbolado desde que asumió el cargo, situando los derechos culturales como guía de acción. Una de las primeras decisiones que el ministro tomó fue la creación de una Dirección General para ahondar en esas funciones, que desde entonces asume Jazmín Beirak.
No es este el primer gasto que se aprueba desde el Ministerio para encargar estudios sobre los derechos culturales en los últimos meses. En el mes de mayo, Cultura ya abrió una licitación pública, en aquel caso de 69.506 euros, para realizar un estudio sociológico que le permitiera conocer «la percepción social que se tiene de la Cultura y de los Derechos Culturales» en nuestro país. Un contrato que se abrió dos meses antes de que se presentara el plan definitivo en un acto en el Museo Reina Sofía de Madrid.
El horizonte que fijó el Ministerio en aquel momento para tener plenamente en funcionamiento las 146 medidas que componían su plan estrella fue el año 2030. Para el final de esta legislatura, en caso de que se extendiera hasta 2027, deberían estar aplicándose en torno a un centenar de ellas. Hay que recordar que en el acuerdo que suscribieron para el Gobierno de coalición PSOE y Sumar se recogía la necesidad de desarrollar una Ley de Derechos Culturales. Finalmente, ante la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, se optó por dejarla a un lado y centrarse en el citado plan, que no requería ese trámite.
