El Ministerio de Cultura iniciará los trámites para eliminar otras cuatro fundaciones que están vinculadas con la dictadura franquista. Ernest Urtasun, ha anunciado este martes en su comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso que, siguiendo la Ley de Memoria Democrática, su departamento iniciará los trámites previos para extinguir las fundaciones vinculadas a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar, Ramón Serrano Suñer y Gonzalo Queipo del Llano.
«Un Gobierno democrático digno de tal nombre no puede permitir que el olvido ocurrido en este país se inflitre en nuestra memoria colectiva y la desintegre», ha asegurado el ministro de Cultura, que también ha incidido en que el Ejecutivo «jamás puede eludir a las decenas de miles de víctimas de la dictadura franquista» y, por tanto, «debe exigir siempre verdad, reparación y justicia». Urtasun también ha asegurado que su departamento estudiará la opción de pedir medidas cautelares y que «seguramente» lo vaya a hacer para que la extinción de las fundaciones se produzca de forma inmediata.
Este anuncio del ministro de Cultura se produce a apenas dos días de que se celebre el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, que el Gobierno ha convertido en uno de los grandes hitos de esta legislatura con eventos que se vienen sucediendo desde el inicio del año. También el momento elegido es en mitad del proceso de extinción de la Fundación Francisco Franco. De hecho, el pasado 31 de octubre, el Ministerio le transmitió a la misma la resolución para iniciar el trámite de eliminarla, el paso previo a que lo reciba la autoridad judicial que debe decidir.
Ahora habrá otras cuatro fundaciones, vinculadas con figuras cercanas al franquismo, que también se enfrentarán al mismo procedimiento. La primera será la Fundación José Antonio, vinculada con José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange y uno de los principales ideólogos de la dictadura. La segunda es la Fundación Blas Piñar, que ensalza la figura del fundador de Fuerza Nueva y consejero nacional del Movimiento por designio del propio Franco.
La Fundación Ramón Serrano Súñer, de carácter privado, es otra de las que el Gobierno pretende extinguir siguiendo los postulados de la Ley de Memoria Democrática. Esta fundación se centra en «la conservación, custodia, guarda, mantenimiento, protección y divulgación de la universalidad de bienes» del cuñado de Francisco Franco y de su mujer, Ramona Polo, hermana de la mujer del dictador. Serrano Súñer ejerció además durante la dictadura como ministro del Interior, de Gobernación y de Asuntos Exteriores.
La última de las fundaciones que ha mencionado el ministro de Cultura ha sido la Fundación Proinfancia Gonzalo Queipo de Llano, que está dedicada a la figura de uno de los altos mandos militares que se sublevaron en 1936 para dar inicio a la Guerra Civil y quien comandó la campaña del franquismo en la zona sur de la Península. Esta fundación, según su propioa explicación, está centrada en «amparar y proteger a la infancia desvalida» sin dar mayores explicaciones.
«Estamos cumpliendo la Ley de Memoria Democrática simple y puramente», ha remarcado Urtasun en su segunda intervención en la Comisión, donde también se ha mostrado sorprendido de que ninguno de sus predecesores en el cargo haya iniciado esos trámites que permitía la legislación para acabar con las fundaciones. Durante la respuesta al grupo parlamentario Vox, el ministro de Cultura ha calificado de «filonazi» a Serrano Súñer y ha acusado al partido de Santiago Abascal de no criticar al régimen franquista. «Todo el mundo se imagina por qué», ha remarcado.
El procedimiento para su extinción cuenta con tres fases. La primera de ellas es el inicio de esas actuaciones previas que Urtasun ha anunciado que Cultura va a comenzar con estas cuatro fundaciones. El segundo paso es la apertura del procedimiento, la comunicación del expediente a las fundaciones y la apertura de un periodo de alegaciones, punto en el que se encuentra el caso de Fundación Francisco Franco en este momento. Y, por último, está la solicitud por parte del Ministerio de un informe a la Abogacía General del Estado para que el departamento decida si insta judicialmente a la extinción de las mismas.
