El decreto ley que planteaba prorrogar el precio de los alquileres durante dos años ha decaído con 177 votos en contra frente a 166 a favor y cinco abstenciones. Su no convalidación es la prueba fehaciente de cómo se desmoronan los pilares que sostienen al Gobierno. Al voto en contra anticipado de PP, Vox y UPN y al confirmado de Junts, suficientes para tumbar el decreto, se ha sumado la abstención del PNV. La norma no tenía pues ninguna posibilidad de prosperar.
Los partidos clave de los que depende la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno dan señales de profundo descontento. Ninguno pone ya la mano en el fuego por la viabilidad de la legislatura. Junts rompió hace meses con el Ejecutivo y lo hizo sin concesiones ni paliativos. Ahora, es el PNV el que se suma al malestar y duda de la posibilidad de que el país pueda mantenerse en estas condiciones
De nada ha servido el esfuerzo del ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, haciendo hincapié en que con el voto en contra del decreto se perjudica a más de tres millones de personas que ahora podrán ver elevados estratosféricamente sus alquileres. De nada sirvieron sus acusaciones de «deshonestidad» contra quienes han «hecho campaña» en contra de la norma «enfrentando», ha dicho, «a inquilinos con propietarios».
Bustinduy intentó dibujar la situación a la que se enfrentarán cientos de miles de familias y urgió a los grupos a explicarles las razones por las cuales se niegan a protegerles. Aseguró que fundamentalmente la norma se dirige contra los especuladores y los grandes fondos tenedores de miles de viviendas y no contra los pequeños propietarios que, ha dicho, «seguirían cobrando sus rentas». En su opinión, tumbar el decreto de prórroga «deja a la gente a la intemperie» y, ha añadido: «Esto no va de izquierda o derecha, ni del apoyo o no al Gobierno, sino de una solución con la que no pierde nadie pero da protección a mucha gente». E incluso, barajó datos demoscópicos según los cuales, la mayoría de los ciudadanos aseguran que se replantearían votar a una fuerza política si se opone a esta medida.
La soledad de Bustinduy
El ministro de Asuntos Sociales enhebró su encendido discurso en casi completa soledad. Ningún miembro del Gobierno del ala socialista ha estado presente en el debate. Ni siquiera la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Bustinduy sólo contó con el aliento de dos de sus compañeros de Sumar en el Consejo de Ministros: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
La inesperada abstención de los nacionalistas vascos no cambió el resultado negativo del decreto pero sí ha tenido un fuerte significado político más aún cuando su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, no sólo explicó la decisión de su formación por «razones de forma y de fondo», sino que, además, al igual que hiciera su homóloga de Junts la semana pasada, urgió a Pedro Sánchez a aclarar «cómo pretende seguir» gobernando «sin contar ya con apoyos parlamentarios claros».
El enfado del PNV con el Ejecutivo se demostró además con otra decisión sin precedentes. A primera hora de la tarde, el presidente de la formación, Aitor Esteban, anunció la anulación de la reunión que tenía prevista mañana con representantes del Gobierno y del PSOE para avanzar en la negociación de un nuevo estatus vasco. Esteban dio este paso en respuesta a un tuit publicado por los socialistas mofándose de sus expectativas negociadoras.
Con ello se redondeó una jornada poco propicia para la aspiración de Sánchez de reforzar sus apoyos parlamentarios cada vez más menguantes. La portavoz de los nacionalistas vascos, Maribel Vaquero, explicó la abstención de su grupo por la costumbre ya acendrada del Gobierno de recurrir, ante sus dificultades parlamentarias, a la figura del decreto ley que elude «el diálogo y el consenso» obligando a los grupos, con los que no se ha negociado previamente, a pronunciarse a favor o en contra. «Llevamos», lamentó Vaquero, «encadenando medidas de este tipo desde la pandemia». En su opinión, una política para hacer frente al problema innegable de la vivienda requiere «planteamientos integrales» y «no medidas puntuales».
Los nacionalistas vascos recuerdan, además, que los intentos negociadores para intentar conseguir apoyos en favor del decreto, se han producido después de que la norma fuera aprobada por el Consejo de Ministros de manera que ya no puede ser reformada. En estas condiciones, darle apoyo implicaría confiar en que el Gobierno llevaría a cabo posteriormente algunas de las medidas reclamadas por las fuerzas parlamentarias. El problema de fondo es que los grupos, ni siquiera los socios habituales, se fían ya de las promesas del Ejecutivo.
En relación con los «aspectos de contenido», la portavoz del PNV afirmó que el decreto entra «en colisión» con la propia Ley de Vivienda «dejando en evidencia sus lagunas», y se preguntó además en qué situación quedan ahora los inquilinos que han solicitado la prórroga de sus alquileres en las últimas cuatro semanas acogiéndose a un decreto que ha decaído. Los nacionalistas vascos hacen referencia así a la evidente inseguridad jurídica que se desprende de esta situación.
Por todo ello, el PNV que hasta ahora ha sostenido a Pedro Sánchez, pregunta ya «¿cómo pretende seguir sin mayoría parlamentaria?». Es el mismo interrogante que la semana pasada le lanzó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente. Sólo hay un matiz de diferencia: Nogueras urgió abiertamente a Sánchez a no prolongar más la situación y convocar elecciones; Vaquero, por su parte, hace hincapié en que el botón para poner fin al mandato está únicamente en manos del presidente.
Argumentos similares a los del PNV frente al decreto fueron esgrimidos por Junts: «No ha habido negociación», todo es «una operación de propaganda», el decreto está «plagado de errores y criterios arbitrarios», «provoca inseguridad jurídica» y, además, «tiene un claro sesgo ideológico». Junts no se ha dejado conmover por las acusaciones de Sumar y ERC que los sitúan al lado de la «ultraderecha» y ser «los lacayos de los fondos extranjeros, de los grandes terratenientes y de los expertos en pelotazos urbanísticos». El PP, por su parte, incidió en los mismos planteamientos haciendo hincapié en que las medidas propuestas por el Gobierno sólo conseguirían reducir más la oferta de alquiler provocando una retracción de quienes están dispuestos a poner en el mercado su vivienda.
Reproches de Sumar al PSOE
La muerte del decreto de alquileres ha provocado, además, un choque grave entre los dos socios del Gobierno. Porque Sumar ha denunciado que el PSOE les ha dejado «solas» en la tarea de conseguir los votos. «Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga porque no asumen que tienen un Ministerio de Vivienda», disparó la portavoz parlamentaria de Más Madrid, Tesh Sidi. Después, en el propio debate parlamentario, los reproches se endurecieron en boca de Gerardo Pisarello.
De igual modo, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, puso el foco también en la ministra de Vivienda, a quien preguntó si recuerda «quién» la puso en el cargo. Curiosamente en su opinión, fueron los votantes y no Pedro Sánchez.
Después de estas críticas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reclamó a Sumar «no equivocarse de adversario» porque los 120 diputados del partido de Sánchez apoyan con su voto el decreto. Y negó rotundamente que los socialistas hayan arrastrado los pies dando por hecho que el decreto estaba perdido de antemano. En opinión de López, «la autocrítica deben hacerla los que votan en contra». Así intentó trasladar el foco hacia el PP por su rechazo a la prórroga forzosa de los alquileres.
Fuentes del PSOE insistieron en que se había «hablado» -que no negociado- con Junts porque la posición del partido de Carles Puigdemont «no había variado en ningún momento»: «Era no al principio y sigue siendo no», dijeron. Además, descartaron que se hayan contemplado nuevas cesiones a la formación independentista y señalaron que, una vez tumbado por el Congreso, tendrán que analizar qué se hace «paso a paso».
Sobre este último aspecto, Podemos llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno lleve a la Cámara de nuevo el mismo decreto y si vuelve a ser tumbado, repita la misma operación y así cada 30 días. Esta opción incurriría, no obstante, en un evidente fraude de ley.
