Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa (Barcelona). Era noviembre de 1991 y los agentes llevaban meses buscando a los autores de varias violaciones a jóvenes en distintas zonas de Catalunya. El marroquí, que había llegado a España desde Nador para trabajar un tiempo como albañil, entró en prisión provisional y no salió de la cárcel hasta 15 años después, condenado por varias agresiones sexuales y robos que no cometió.
El Tribunal Supremo ha reconocido, más de tres décadas después, que los jueces se equivocaron en su caso y le han reconocido una indemnización de dos millones y medio de euros. “No me van a devolver mi juventud, no me van a devolver mi vida”, lamenta hoy Tommouhi. Su nieta Firdaous ayuda a salvar la barrera del idioma: “Dice que eso le acompaña toda la vida. La prisión injusta no solamente te roba años, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”.
Su caso ha sido cerrado este mes de junio por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces, casi 35 años después de su arresto en aquella pensión, han reconocido lo que él sabía desde su primera noche en el calabozo: que fue condenado por varias violaciones que cometió otro hombre. Los tribunales de Catalunya que le juzgaron y condenaron tanto en Barcelona como en Tarragona no tuvieron en cuenta correctamente una prueba fundamental: los análisis de ADN que descartaban que él y su compañero de imputaciones fueran los culpables. A Tommouhi le reconocen, por la vía del error judicial, una indemnización de dos millones y medio de euros. A Abderrazak Mounib, el otro arrestado y encarcelado, no hay nada que reconocerle: murió hace 26 años de un infarto en su celda de Can Brians.
La historia de Tommouhi y Mounib ha quedado perfectamente documentada casi desde esos días de noviembre de 1991. En la prensa, en los archivos judiciales y, sobre todo, en el libro (Península, 2025) del periodista Braulio García Jaén, que unifica en un relato montañas de legajos, atestados, declaraciones e injusticias. Y todo confluye en la sentencia que el Tribunal Supremo hizo pública el pasado 18 de junio, anunciando que Tommouhi será indemnizado con 2,5 millones de euros por un error garrafal de los magistrados que le juzgaron en los años noventa: “El tribunal que le condenó no valoró, a pesar de que fue admitida, una pericial biológica”. Una prueba de ADN que demostraba que su perfil genético no estaba entre los restos encontrados en la ropa de una de las víctimas.
La historia de Tommouhi es la de un inocente que pasa 15 años en la cárcel, pero también la de unas víctimas desprotegidas cuyo agresor siguió en la calle violando a más mujeres mientras los falsos culpables cumplían su condena. Porque en 1995 las pruebas demostraron que al menos una de esas agresiones sexuales había sido cosa de Antonio García Carbonell, que guardaba un parecido físico sorprendente con Tommouhi. Una de sus condenas fue anulada, pero los distintos tribunales, incluido el Supremo, rechazaron que el hallazgo permitiera revisar y tumbar sus otras condenas. No salió de prisión hasta 2006. Numerosas víctimas y testigos le habían señalado como el autor y eso pesó más que otras pruebas relevantes, algunas como el análisis de ADN que ni siquiera fueron tenidas en cuenta.
Su abogada, Celia Carbonell, resume tres décadas de despropósito judicial en declaraciones a elDiario.es. La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que finalmente se anuló, fue la “sentencia piloto” que marcó el camino al resto de condenas. Y en ese momento el informe genético fue ignorado. “En esa sentencia el informe del ADN ya estaba dentro de ese procedimiento, no es que apareciera después, ese informe ya estaba. Los jueces no se leen ese informe, les pasa totalmente desapercibido, no es que aparezcan pruebas con posterioridad. Un informe pericial hecho por unos profesionales cualificados y el tribunal no habla de él, no hay ni una sola mención a las pruebas de ADN que determinan que no podía haber sido Ahmed Tommouhi, no coincidía genéticamente”, explica la letrada. “Es una cadena de errores, uno tras otro”.
Tommouhi llamó varias veces a la puerta de los jueces y, tras la nulidad de una de sus sentencias, la respuesta fue el silencio y la negativa a revisar sus demás condenas, las que le mantenían entre rejas. La evidencia de que algo no iba bien en su caso era tan palmaria que la Fiscalía y los jueces llegaron a apoyar un hipotético indulto que el Gobierno no le concedió y que él, en cualquier caso, rechazaba. Era inocente y no quería que se le perdonara un delito sexual que no había cometido.
“Me robaron mi futuro, me robaron todo”
La Justicia llegó tarde, pero llegó. Una por una, el Tribunal Supremo acabó por revisar y anular todas sus condenas. La primera en 1997. La segunda, después de muchos cabezazos contra la fachada de muchos tribunales, en 2023. La tercera y última en mayo de 2025, cuando los jueces tumbaron la sentencia de la Audiencia de Tarragona que le había impuesto más de 100 años de presidio por un rosario de delitos relacionados con las agresiones sexuales, los robos y las armas. En este último caso no había pruebas de ADN exculpatorias, pero los jueces se rindieron ante la evidencia: existe una “brecha en el material probatorio” y todos esos años después existía una “duda más que razonable” sobre su culpabilidad.
La siguiente batalla fue conseguir que la Administración le reconociera una indemnización por el error judicial de los tribunales que le mantuvieron década y media entre rejas sin ser el culpable. Se llevó un portazo en el Ministerio de Justicia y otro en la Audiencia Nacional, pero la victoria ha llegado en el Tribunal Supremo, con una indemnización de 2,5 millones que, según explica ahora un Ahmed Tommouhi septuagenario y con problemas de movilidad, pero no de claridad, no arreglan todo. “Me robaron mi juventud, me robaron mi futuro, me robaron todo, pero siempre he tenido esperanza”.
“Nunca jamás voy a olvidar el tiempo que he pasado en la cárcel, hasta el último día de mi vida. Nunca jamás voy a olvidar la pesadilla que pasé. Encerrado lejos de mi familia, de mi país, de mi mujer, de mis hijos que se criaron huérfanos y mi mujer viuda sin haber cometido yo un crimen... nunca voy a olvidar eso. Cómo voy a olvidarlo. Hasta el último día de mi vida”, se esfuerza por explicar. Y lanza un mensaje a los futuros jueces y fiscales que ahora estudian la oposición o se preparan en la Escuela Judicial: “Que no pase lo que me ha pasado a mí. Que no manden a un solo inocente a la cárcel, venga de donde venga, sea como sea, negro, amarillo o blanco, todos sentimos igual”.
Su nieta ejerce como traductora para hacer posible la entrevista y expresa también las palabras y sentimientos de su abuelo Ahmed: “Que nunca olviden que detrás de cada procedimiento hay una vida entera, no solo están estudiando leyes, están preparándose para tomar decisiones que pueden destrozar o salvar una vida”. La sentencia, explica, llegó como una noticia agridulce al hogar de los Tommouhi. “No fue alegría limpia, fue un alivio, pero también rabia, tristeza y vacío porque una sentencia, cuando llega después de tantos años, no repara”, asegura.
¿Se supera pasar 15 años entre rejas por unos crímenes que cometió otra persona? “Dice que eso le acompaña toda la vida, se aprende a respirar otra vez, a caminar por la calle, pero hay algo dentro de ti que no vuelve a ser igual. La prisión injusta no solamente te roba años. Te roba la inocencia con la que mirabas el mundo, te obliga a vivir con una herida que no siempre se ve”. Sufre Ahmed para contestar si espera que su sentencia, su caso, marque un antes y un después para este tipo de situaciones: “Desea que su caso no sirva solo para cerrar una herida personal, sino para obligar a la Justicia, de alguna manera, a mirarse en el espejo”, explica su nieta. “Que ningún juez, fiscal o institución olvide que detrás de un error judicial hay una tragedia humana, un inocente en prisión no es un fallo técnico, es una derrota moral del Estado de derecho”.
La indemnización que le ha reconocido el Tribunal Supremo es la más alta jamás reconocida por la Justicia española para un caso similar. Una indemnización de 2,5 millones de euros que pone la lupa sobre los tribunales de Barcelona y Tarragona que le condenaron siendo inocente. “Les diría que no me fallaron a mí, le fallaron a la Justicia. El daño de una condena injusta no termina el día en que se firma, continua cada mañana en una celda, en cada noche sin dormir, en cada silencio de una familia que no sabe ni cómo sostenerse”, afirma. Ahora es su abogada la que pelea para que la ley cambie y el camino hasta estas indemnizaciones, cuando exista un error judicial, no sea tan tortuoso e incierto.
Un “milagro” judicial
Un preso que ha pasado tiempo en la cárcel a pesar de ser inocente tiene dos caminos para llegar hasta una indemnización. Una vía fue abierta por el Tribunal Constitucional en 2019, cuando instó a la Administración y a los jueces a indemnizar a la gente que hubiera estado en prisión por un caso finalmente archivado o por una condena posteriormente revocada. Por esta vía los tribunales han reconocido cantidades a decenas de personas en los últimos siete años, que en los casos más leves se quedan en unos pocos miles de euros y en los más graves y excepcionales han superado el medio millón. Es el ejemplo de un matrimonio que pasó varios años entre rejas acusado de yihadismo por la Audiencia Nacional y que finalmente fue absuelto.
En esa vía no existe un baremo claro –una queja habitual entre los abogados y afectados que piden estas indemnizaciones– pero también existe la vía del error judicial. No constatar que la prisión, aunque legalmente ordenada, finalmente fue impuesta a un inocente, sino demostrar que los jueces se equivocaron al imponer una condena. El caso de Tommouhi, según el Supremo, es “uno de los supuestos paradigmáticos” porque los jueces decidieron de forma “injustificada” no analizar “una prueba decisiva” como eran los análisis genéticos de ADN. Llegar hasta aquí, explica la abogada de Tommouhi, no ha sido sencillo.
“Para nada. Yo llegué a pensar que estaba intentando sacar algo utópico, es complicadísimo. El corporativismo está en todas partes y que hayan reconocido esto, para mí, es prácticamente un milagro. Es un error judicial, quiere decir que un magistrado ha hecho mal su trabajo y, como consecuencia, ha arruinado la vida de toda una familia, la familia Tommouhi. Es casi milagroso que se haya reconocido, pero habría sido un error judicial no reconocerlo”, explica a elDiario.es.
Tanto la decisión de entender que existió un error judicial como la cuantificación de la indemnización tienen un alto nivel de discrecionalidad. La Audiencia Nacional, por ejemplo, rechazó resarcir a Tommouhi y después el Tribunal Supremo ha firmado la indemnización más alta de la historia de los errores judiciales. “Yo creo que ha cambiado el hecho de que, al final, uno tiene que aplicar el derecho material por encima del derecho formal. El sentido común, eso es lo que creo que ha cambiado”, dice la letrada, que ha puesto en marcha una propuesta de cambio legal para que este sistema mejore en casos similares al de Ahmed.
“El cambio que propongo es muy sencillo. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice cuánto procede una indemnización en caso de privación de libertad, pero solo si es prisión provisional, no para la definitiva. ¿Qué sentido tiene que un señor que ha estado 15 años en prisión por error no tenga indemnización y otro que ha estado en prisión provisional sí tenga derecho? A quien le cuentes esto es una auténtica locura”, relata. Además, añade, “baremo indemnizatorio no hay, cuando haces estas reclamaciones te pones a pedir de forma aleatoria y al final se termina con el criterio del magistrado que lleve el asunto, hay que establecer unos baremos”.
Ahmed Tommouhi tenía 40 años cuando fue detenido por la Guardia Civil en una pensión de Terrassa. Ahora, a medio camino entre los 70 y los 80 años de edad, este antiguo albañil expresa con dificultad las emociones que le producen saber que los tribunales han reconocido que pasó todo ese tiempo en la cárcel de forma injusta. Lo que él ya sabía cuando empezó a recibir sentencias que le condenaban, violación tras violación, sin ni siquiera escribir correctamente su apellido. “Me robaron todo”, dice ayudado por su nieta después de convertirse en la víctima del mayor error judicial nunca reconocido por un tribunal español.
