Cuando el 7 de agosto de 2022 Gustavo Petro Urrego asumió la Presidencia de la República de Colombia, la Casa de Nariño, su nuevo palacio, registró un hito sin precedentes el país: por primera vez en más de dos siglos de historia republicana, un dirigente surgido de las filas de la izquierda -hasta antiguo militante de la guerrilla del M-19- tomaba las riendas del Ejecutivo. Su propuesta programática, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, prometía nada menos que una reconfiguración estructural del modelo económico, social e institucional de la nación. Una compromiso de cambio total.
Cuatro años después, este viernes 7 de agosto, Petro ha dejado de ser mandatario y le toma el testigo el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que promete tumbar todo lo que el progresista puso en pie, trocó, remodeló o repensó. En su adiós, el balance que queda de este cuatrienio es denso, complejo y profundamente variado. Porque sí, Colombia ha experimentado un periodo de intensa agitación legislativa, con transformaciones sociales palpables para millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, del campo al derecho laboral, pero también ha pasado por severas turbulencias en la seguridad territorial y el diálogo con las guerrillas y adolece de parálisis e incertidumbre en sectores clave, como la salud, con una sostenibilidad fiscal sometida también a tensiones extremas.
En El HuffPost hacemos repaso a cuatro años de una gestión que comenzó siendo ilusionante para la izquierda continental y hasta mundial pero que ha dejado a su sucesor, Iván Cepeda, fuera del poder. No por muchísimo, no, pero fuera. La izquierda no tiene, por ahora, su segundo mandato histórico.
El viraje social: igualdad y empleo
El núcleo fundamental de la narrativa y de la acción gubernamental de Petro ha residido en el desplazamiento del gasto público superfluo o injusto hacia la equidad social y la atención de comunidades históricamente marginadas en Colombia, del Caribe a los Andes. Es casi unánime la lectura de los analistas: el logro más perdurable del mandato saliente no se mide únicamente en datos macroeconómicos, sino en un cambio de naturaleza política y simbólica dentro de la arquitectura del Estado.
El americanista Sebastián Moreno explica que uno de los mayores aciertos de este periodo fue la "democratización" de la participación política. "Por primera vez, portavoces y representantes de de comunidades afro, pueblos originarios y sectores campesinos accedieron a posiciones de alta responsabilidad en el poder ejecutivo, un avance liderado desde la cicepresidencia por Francia Márquez, la número dos de Petro. El país hizo historia al abrir las puertas de la alta gestión pública a esos liderazgos", expone. Ese otorgamiento de un inédito protagonismo político y simbólico a sectores secularmente excluidos de las esferas de poder tradicional ha sido, entiende, "de justicia".
Esa vocación de inclusión ha tenido su reflejo en normativas e hitos de derechos humanos. Durante el cuatrienio, el Gobierno impulsó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y adoptó la Política Nacional de Discapacidad 2026-2035, consolidando marcos de protección para poblaciones vulnerables, como destaca el balance oficial publicado por el gabinete saliente.
En el terreno socioeconómico y monetario, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y de centros de análisis internacional como el Center for Economic and Policy Research (CEPR) revelan avances de magnitud considerable. De acuerdo con el Boletín de Pobreza Monetaria, con datos al cierre de 2025, la tasa de pobreza monetaria descendió al 28,0%, mientras que la pobreza extrema se ubicó en el 9,6%.
Estas mediciones implican que, dependiendo de la metodología y ventana de análisis utilizada, entre 2,2 millones de personas (según estimaciones del taque de pensamiento norteamericano) y cerca de cuatro millones de personas (según las series acumuladas compiladas por el DANE entre 2022 y 2025) abandonaron esa condición de pobreza monetaria, al tiempo que alrededor de un millón de ciudadanos salieron de la indigencia extrema. Colombia tiene hoy 53,9 millones de habitantes.
A su vez, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) registró una caída en esta legislatura, hasta situarse en el 9,9%, lo que significa que 793.000 personas superaron privaciones simultáneas en "dimensiones esenciales". Los componentes que mostraron mayores avances correspondieron a los factores "educación" y "acceso a soluciones de vivienda".
Sin embargo, el propio informe territorial expone una brecha estructural persistente: la incidencia de la pobreza multidimensional en el sector rural continuó siendo 3,2 veces superior a la registrada en las cabeceras urbanas. A pesar de la llegada de subsidios monetarios directos, el Estado no logró equiparar la provisión de infraestructura básica indispensable, tal como vías terciarias, redes de agua potable, conectividad a internet y servicios de salud rural.
¿Qué motores explicaron esta dinámica de reducción de la pobreza? El análisis técnico de ambas entidades coincide en citar dos instrumentos clave: la reestructuración de las transferencias monetarias no condicionadas y la política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. En cristiano, "eso quiere decir que a través de programas rediseñados como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven, el Ejecutivo inyectó recursos directamente a los hogares en pobreza extrema", resume Moreno entre risas.
Además, en paralelo, la Administración ha impulsado incrementos del salario mínimo por encima de la inflación, acumulando una variación real del 16,2% según las series del DANE y cercana al 39% nominal/real integrada entre 2022 y 2026. Hacia finales de 2025, el ajuste salarial decretado alcanzó un alza del 23%, lo que fortaleció la capacidad de compra de los trabajadores de menores ingresos.
En el plano legislativo, el Gobierno de Petro ha aprobado su troncal Reforma Laboral, considerada por Nariño como uno de sus mayores hitos de dignificación social. La norma ha restablecido el pago del recargo nocturno a partir de las 7:00 de la tarde, elevó al 100% el sobrecargo por trabajo en domingos y días festivos, ha dado mayores garantías para los aprendices, becarios y trabajadores de plataformas digitales, y ha fijado restricciones a la contratación temporal sucesiva para ampliar los indefinidos. Al articulado se le ha sumado, de fondo, un mercado laboral que ha mostrado señales de dinamismo en este tiempo: en mayo, la tasa de desempleo nacional cayó al 8%, el registro más bajo para dicho mes desde 2001. Son 25 años.
No todos los datos brillan: los oficiales del Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE revelan la principal vulnerabilidad de este modelo: la tasa de informalidad laboral se mantuvo en el 55,4% al cierre de 2025, es decir, más de cinco de cada 10 trabajadores en Colombia continuaron laborando en el sector informal, sin acceso pleno a la seguridad social ni estabilidad contractual.
"El aumento salarial y las transferencias directas aliviaron a millones de hogares, pero no resuelven el problema de fondo y es que, sin empleo formal, la reducción de la pobreza depende al 100% del gasto público y queda altamente expuesta a cualquier recorte fiscal", avisa el historiador sevillano. "Hay que señalarlo todo, pero las condiciones generales de trabajo han mejorado sensiblemente", enfatiza el experto. Por eso Petro se ha llevado aplausos internacionales como el de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.
El nudo: la sostenibilidad fiscal y la ejecución
Si la dimensión social representó la cara más destacada del tiempo de Gustavo Petro, el frente macroeconómico y la gestión de las finanzas públicas conformaron su contraparte más crítica y debatida. El choque entre una ambiciosa expansión del gasto social y la capacidad real del Estado para recaudar, administrar y ejecutar los recursos ha generado un nudo fiscal de proporciones "complejas", como las describe el economista Martín Recio.
El Gobierno logró en sus primeros meses de gestión, en 2022, la aprobación de la Reforma Tributaria, que incrementó las cargas impositivas sobre las personas naturales de mayores ingresos, gravó con mayor severidad los dividendos y las ganancias ocasionales y modificó sensiblemente los regímenes de deducciones para las industrias extractivas (carbón y petróleo), que venían beneficiándose del ciclo de altos precios de las materias primas. Esta reforma otorgó un flujo inicial de ingresos frescos que ayudó al presupuesto nacional. Como resultado de esta reorientación de gasto, el Presupuesto General de la Nación (PGN) experimentó una expansión histórica: pasó de 405,6 billones de pesos en 2023 a la cifra récord de 523,1 billones en 2025 (más de 128.000 millones de euros). Jamás el Estado colombiano había manejado un volumen de recursos tan elevado".
No obstante, la medida no estuvo respaldada por "un crecimiento económico robusto que garantizara la sostenibilidad de esos ingresos corrientes". Tras un "vigoroso rebote" del 7,3% en el PIB en el primer año del mandato, la economía colombiana sufrió una desaceleración "pronunciada", en palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), registrando un crecimiento del 0,6% en 2023 y del 1,6% en 2024, con una proyección de recuperación moderada del 2,6% para 2025, según el Banco de la República.
Esta combinación de menor dinamismo productivo y elevado gasto disparó las alarmas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Según sus dictámenes oficializados, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzó el 4,1% del PIB en 2024 y se proyectó en un 3,9% para el cierre de 2025. Simultáneamente, el nivel de endeudamiento público se elevó hasta ubicarse entre el 57,7% y el 60% del PIB.
"El verdadero problema no es sólo el déficit, sino en qué se gasta el dinero. De 2022 a 2024, el gasto de funcionamiento estatal se disparó un 22,8% [alcanzando los 243,8 billones de pesos] para sostener burocracia y servicios. Como resultado, la inversión pública disminuyó del 22% al 18%, sacrificando el desarrollo de infraestructura productiva a cambio de gasto corriente", señala Recio.
A esta fragilidad fiscal se sumó una de las paradojas más severas señaladas por los organismos de control como el Sistema Integrado de Información Financiera, llamado SIIF Nación, y el propio Ministerio de Hacienda: la incapacidad de ejecución. Las entidades del Gobierno central mostraron severas trabas administrativas para hacer llegar los recursos a las obras y programas. A junio de 2024, las estadísticas oficiales revelaron que el Gobierno había ejecutado el 28% del presupuesto anual aprobado. Eso le va a pesar ahora también al gabinete de Abelardo de la Espriella. El margen de maniobra será corto.
Pensiones y reforma agraria, dos pilares
Otro de los logros legislativos de mayor envergadura concretados por la administración Petro ha sido la Reforma Pensional (Ley 2381, de 2024), que ha transformado el modelo multipagador colombiano hacia un sistema integrado de cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario), donde la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) asume el rol central en la cotización de los primeros umbrales salariales, redefiniendo el alcance de los fondos privados de pensión.
El componente estrella de esta arquitectura fue el Pilar Solidario, ideado para otorgar una transferencia monetaria mensual de 225.000 pesos a más de 3,2 millones de adultos mayores en estado de pobreza extrema y vulnerabilidad. Hasta ahora, carecían de cualquier tipo de cobertura pensional o ingreso de subsistencia. Cero.
La medida fue aplaudida por organizaciones sociales y ONG como una respuesta necesaria a un histórico retraso en la protección social en la vejez, pero, de nuevo, hay cara y cruz, porque las evaluaciones técnicas del gasto público encendieron alarmas pronto. Y es que el programa demanda una caja de 8,6 billones de pesos anuales y no se acaba de llegar. Hacienda no ha establecido una fuente de financiación estructural permanente, lo que deja la continuidad del beneficio expuesta a la disponibilidad coyuntural de tesorería, detalla Caracol Radio.
A esta incertidumbre se suma el factor jurídico: al cierre de la administración en 2026, la implementación plena del nuevo modelo de pensiones continúa supeditada al fallo definitivo de la Corte Constitucional, tribunal que adelanta la revisión de decenas de demandas por las tramitaciones, las bases y las resoluciones.
Otra de las apuestas petristas que más han sacudido Colombia en estos años ha sido la democratización de la propiedad rural y la reactivación del campo, centro de su ideario y de su programa, siempre. Concentró sus esfuerzos en la adquisición directa de tierras privados a precio de mercado, la formalización de títulos a poseedores informales y la redistribución de predios a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes (de nuevo, los nadies), otorgando además un estatus especial al campesinado como sujeto de derechos.
Los datos oficiales de la oficina de Petro destacan que, hacia el año pasado, el Gobierno logró la formalización, adquisición y redistribución de más de 2,5 millones de hectáreas a nivel nacional, convirtiéndose en una de las movilizaciones de propiedad rural más amplias registradas en décadas en el país. Por su parte, el informe detallado de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta mayo de 2025 precisa que se logró la formalización efectiva de 1,2 millones de hectáreas. De esta cifra, un hito destacado fue la adjudicación directa de 82.000 hectáreas a mujeres rurales, promoviendo la equidad de género en el acceso a la tierra.
El Acuerdo de Paz de 2016 entre el Ejecutivo central y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se puso como meta formalizar y entregar tres millones de hectáreas mediante un fondo de tierras, pero los grupos locales lamentan que, ahora, sólo se ha llegado a completar entre el 38 y el 40% de esa promesa, a tenor de los datos de la Agencia Nacional de Tierras. Hasta 2031, dicen, no se logrará.
El reto de los servicios: educación y salud
La política educativa ha sido otro de los flancos donde el presupuesto público ha experimentado un crecimiento "contundente". Entre 2023 y 2025, la asignación de recursos destinada a los niveles de preescolar, educación básica y media se incrementó en un 35,8%, lo que significó un flujo adicional de 17,5 billones de pesos canalizados hacia la infraestructura escolar, la gratuidad en la educación superior pública y la contratación docente.
Pese a esta inyección financiera "sin precedentes", como la definen los de Petro, los diagnósticos sobre la calidad del aprendizaje han revelado aún resultados desalentadores. La evaluación estandarizada nacional -las Pruebas Saber 11 aplicadas en 2024- no registró avances estadísticamente significativos en las competencias fundamentales de matemáticas y lectura crítica respecto a los trienios anteriores, cita el historiador y politólogo Guido Germán Hurtado Vera en un artículo en el diario Proclama del Pacífico. La mejora de los procesos pedagógicos o la elevación del rendimiento académico de las instituciones públicas no se ha alcanzado ni con más dinero.
Pero si ese caballo de batalla es recio, peor aún el de la sanidad, uno de los mayores dolores de cabeza del expresidente. Su ansiada Reforma a la Salud corrió una suerte distinta a las normas de tierras o pensiones y desató una de las peores crisis institucionales del cuatrienio. La propuesta oficialista planteaba la eliminación del rol intermediario financiero de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), transformándolas en gestoras de salud y girando los recursos públicos de manera directa desde la Adres a las clínicas y hospitales. Fue imposible el consenso con las bancadas de centro y la oposición en el Senado derivó en el archivo y hundimiento definitivo del proyecto.
Tras esa parálisis legislativa, el sistema de salud cayó en un proceso de asfixia financiera y operativa difícil. El congelamiento en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y las deudas acumuladas del Estado y las EPS con la red hospitalaria pública y privada generaron un hueco financiero estimado por el sector en cerca de 40 billones de pesos, sostiene el diario El País.
Ante la falta de liquidez, Salud procedió a la intervención administrativa forzosa de las principales EPS del país, hasta ocho. Lejos de solucionar la atención, la intervención estatal coincidió con un deterioro acelerado del servicio: escasez y desabastecimiento de medicamentos de mediano y alto costo, demoras prolongadas para la asignación de citas con especialistas y un colapso en las salas de urgencias hospitalarias, según denuncian los sindicatos profesionales.
El descontento ciudadano se tradujo en una judicialización masiva del acceso a la salud. Durante el último año de gestión, los colombianos interpusieron la cifra récord de 312.570 tutelas solicitando el amparo constitucional de su derecho fundamental a la atención médica, reflejando el estado de indefensión de millones de pacientes, señala el medio.
El sueño de la "Paz Total"
El pilar más ambicioso y a la vez más cuestionado de la política de seguridad de Petro fue la estrategia de "Paz Total". Con ella buscaba negociar acuerdos de paz o sometimiento a la justicia con todos los actores armados que operan en la geografía colombiana: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las facciones disidentes de las antiguas FARC (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y estructuras del crimen organizado narco-paramilitar como el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
El balance de esta política muestra dos "realidades irreconciliables" que conviven en las cifras oficiales, en palabras de Moreno. "Son el éxito y el fracaso, las dos a la vez", dice. Por un lado, el Ministerio de Defensa Nacional reportó un "desempeño histórico" -según su balance- en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo en sus eslabones financieros: entre agosto de 2022 y mayo de 2025, la Fuerza Pública incautó 2.800 toneladas de cocaína, asestando un golpe multimillonario a las finanzas de los carteles.
Por otro lado, los indicadores de violencia y control territorial han empeorado, a las claras. Tras el acuerdo del 16 con las extintas FARC, la complicada implementación de los ceses al fuego bilaterales declarados por el Gobierno permitió que los grupos armados no desmovilizados llenaran los vacíos de poder creados en regiones periféricas. Lejos de desmantelarse, estas organizaciones multiplicaron sus filas, fortalecieron sus estructuras financieras ilegales y expandieron su dominio geopolítico. Hasta hoy.
Según datos del DANE, con base en el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, en 2024 los homicidios aumentaron un 4,2% y el reclutamiento forzado de menores de edad por estos armados se disparó en un 38%. Cuatro departamentos altamente vulnerables -los de Catatumbo, Cauca, Chocó y Arauca- concentraron el 47% de las acciones violentas, masacres y desplazamientos.
"La Paz Total colapsó por fallos de origen: los ceses al fuego y las garantías políticas terminaron fortaleciendo a las estructuras criminales, que usaron el diálogo para ganar territorio, multiplicar la extorsión y expandir el narcotráfico a costa de la ciudadanía. Sin embargo, los planes de Petro tenían sentido, aunque quizá ha faltado algo de realismo y maestría en la ejecución", sostiene Moreno. "Aquí no cabe el simplismo. Hay muchos actores, muchos territorios y muchos intereses creados. No se puede tirar por tierra la mejora salarial o de derechos laborales que ha dado a los soldados y policías, por ejemplo", puntualiza.
De estabilidades y corrupciones
El recorrido político de Petro en la Casa de Nariño ha estado caracterizado, siempre de fondo, por la volatilidad institucional y una permanente retórica de confrontación, por todos lados. Cuando su mandato echó a andar, el presidente logró estructurar una amplia coalición de gobierno en el Congreso, sumando a partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el Partido de la U.
Sin embargo, las tornas cambiaron. Unos dicen que por falta de compromiso de esos aliados temporales con su programa izquierdistas. Otros, que por falta de cintura política de Petro, por mantener posiciones maximalistas que, a la postre, impidieron el consenso, sobre todo en la reforma sanitaria. La alianza oficialista se quebró en el primer año de gestión. A partir de allí, el gabinete optó por hacerse fuerte en su programa, hacer nombramientos de correligionarios y movilizar a la calle en su favor. Petro ha visto cómo se le iban del Consejo de Ministros figuras moderadas (Cecilia López, José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria), mientras el tono del Gobierno se volvía más crespo contra disidentes o medios. El ruido quedaba por encima de la acción no pocos días.
El mandatario no se ha salvado de los escándalos de corrupción, que no entienden de tendencias, colores ni países, parece. Entre los más destacados y desgastantes, está la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por más de 1 billón de pesos, que involucró el pago de sobornos a altos funcionarios y expresidentes del Congreso para aprobar leyes, o la investigación al propio hijo de Petro, Nicolás, imputado en un proceso penal por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado al ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial.
Menos político pero con importante huella social es el caso que salpica a su exesposa, la activista Verónica Alcocer, de quien Petro anunció a finales del año pasado que se había separado. Hace pocos días, un audio desveló una supuesta vida ostentosa a cargo del dinero público. "Sus gastos son como de 50.000 euros mensuales", se escucha en las grabaciones avanzadas por Semana.
El factor Trump
En materia de relaciones internacionales, las mayores turbulencias yan estado en la recta final del mandato de Petro, marcada por una inédita reconfiguración geopolítica global que impone en todo el planeta y, en especial, en el continente americano, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos ha alterado drásticamente la histórica alianza bilateral entre Bogotá y Washington. Claro, a eso se sumaba el primer mandatario no conservador o, como poco, liberal, de la historia de Colombia. Hambre y ganas de comer. Las posturas divergentes en materia de política antidrogas, la crisis migratoria, el manejo de los deportados colombianos y, de manera muy particular, la operación militar y captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del Pentágono y la CIA han desatado un enfrentamiento verbal directo y constante entre ambos jefes de Estado.
En una de sus intervenciones más altisonantes al cierre de su mandato, Petro llamó abiertamente a la diplomacia, a los organismos internacionales y hasta a los soldados y policías norteamericanos a desacatar los mandatos de la administración estadounidense. "Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad", ha gritado, megáfono en mano, en las calles de Nueva York, una estampa convertida en un icono por sus seguidores. El distanciamiento diplomático con el principal socio estratégico, militar y comercial de la nación colombiana estaba claro.
Petro ha sido un presidente profundamente comprometido con la causa palestina, que ha denunciado a Israel por el genocidio en Gaza y ha ido más allá: en mayo de 2024, rompió relaciones con Tel Aviv e impuso sanciones comerciales al país, incluyendo un embargo a la exportación de carbón y la suspensión de la compra de nuevo material militar. También ha celebrado conferencias internacionales sobre la franja en suelo propio y decidió coadyuvar formalmente en abril de 2024 la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por supuesto genocidio.
En el caso de sus relaciones con España, han sido muy buenas con Podemos y Sumar, la parte más a la izquierda de los Gobiernos coaligados del socialista Pedro Sánchez. Se ha visto no sólo con Yolanda Díaz sino con Irene Montero, que fuera ministra de Igualdad.
Con Sánchez ha participado en la conferencia progresista sobre el futuro de la democracia del pasado abril, en Barcelona, y ha sido presentado por él en Bruselas, en la cumbre CELAC-UE. También han tenido visitas oficiales cruzadas a Bogotá y Madrid. En estos cuatro años, España se ha consolidado como el segundo mayor inversor extranjero en Colombia y ha apoyado las políticas colombianas en materia de paz y seguridad, en transición verde y en rechazo de los aranceles trumpistas.
Ahora, su tiempo ha acabado, con mucho hecho y mucho por hacer. La versión que de Petro den los libros de Historia dependerá de lo pasado pero, también, de la capacidad de Colombia de colombiana para preservar los avances sociales conquistados, corregir los desequilibrios fiscales e institucionales dejados en el camino y reconstruir la estabilidad institucional. El balón, desde este viernes, está en el tejado de De la Espriella.
