El pasado 13 de noviembre un tribunal de la Audiencia Nacional celebró la vista de extradición de James 'Fergie' Cox Chambers, el activista y filántropo norteamericano al que se le acusa de financiar a organizaciones vinculadas con Hamás. Lo que se estudia es si España debe entregarlo a EEUU para que sea juzgado allí. En esa vista, los tres magistrados rechazaron que la defensa aportara un informe pericial que para ellos era clave porque en él se detectaban errores en la traducción del inglés al español de los documentos que servían de sustento probatorio. Entendían que esa traducción agravaba los hechos que se le imputaban a Chambers. Y la Fiscalía había usado esa traducción proporcionada por EEUU para informar a favor de la extradición.
Ahora, el asunto ha dado un nuevo giro, y todo antes de que el tribunal se pronuncie sobre la extradición. El director de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EEUU ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito con fecha de 12 de noviembre (antes de la celebración de la vista) en el que explica que, efectivamente, había “tres errores sustanciales e involuntarios” en la traducción que proporcionaron de la declaración jurada de un agente de FBI. Esa declaración servía de sustento a la petición de extradición.
Es decir, la defensa advirtió de errores, la Audiencia Nacional les restó relevancia e inadmitió una pericial que los señalaba, el fiscal utilizó documentos mal traducidos y ahora EEUU dice que sí, que Chambers tenía razón y que, por tanto, el informe del fiscal español se sustenta sobre papel mojado.
El nuevo documento del Departamento de Estado, al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que ellos subcontrataron a una empresa privada para hacer esa traducción y añade que ahora tras revisar todas las traducciones que hicieron sí han detectado errores “involuntarios”. EEUU hace algo más, tira de las orejas a la Audiencia Nacional porque junto a la traducción incorporaban los textos originales en inglés, que esos no cambian, por lo que nuestro tribunal especial que tiene encomendado estudiar todas las peticiones de extradición bien podría haber realizado su propia traducción.
Uno de los errores que detecta EEUU es que se tradujo 'acción directa' por 'violencia directa'. Se refería el agente del FBI a las protestas que se realizaron entre octubre y noviembre de 2023 frente a Elbit, una empresa israelí dedicada a la fabricación de armamento, y que causaron diversos daños. Ahora, el Departamento de Justicia advierte de que la palabra 'violencia' no aparece en el texto original, pero indica que “no hubo mala fe” al realizar esa traducción.
Otro error que se destaca es que la palabra 'tresspassing' se tradujo como 'allanamiento de morada', y solicita eliminar la palabra 'morada'. Y por último, como tercer error indica que se incluyó la palabra 'incendios' cuando no era la adecuada -“los tres incendios causaron daños importantes en el edificio, incluyendo la rotura de tragaluces y la destrucción de equipos mecánicos”-. Para los EEUU el traductor falló porque usó una herramienta de traducción específica.
Más allá de esos tres errores, el Departamento de Justicia, que se hace eco del escrito de la Defensa advirtiendo de más fallos, indica que el resto de expresiones puestas en cuestión en realidad son aceptables. Así, considera que en referencia a unos botes de humo que se usaron en esas protestas de Elbit es correcto y “aceptable” traducir 'set off' como 'detonar'.
Advierte, asimismo, de que a pesar de esos fallos “involuntarios” detectados, “Chambers sigue siendo buscado por su participación en la organización de disturbios” y por protagonizarlos. Recalca que en esas algaradas “se destruyeron bienes de manera violenta y las víctimas temieron por su seguridad”.
Con este nuevo escrito sobre la mesa, los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Joaquín Delgado y José Joaquín Hervás decidieron este martes 17 de noviembre dar traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la defensa para que tuvieran conocimiento del mismo.
La defensa ve mala fe
En un escrito de alegaciones urgentes, la defensa ya ha contestado que “antes de resolver sobre la entrega, se incorpore y valore el dictamen pericial de traducción” que aportaron durante la vista y que fue rechazado en el acto de cuestiones previas.
Señala que esa pericial documenta no tres sino “hasta treinta cambios incriminatorios en la edición humana”. “El Departamento de Justicia califica los tres errores de aislados e involuntarios. Se apoya en la revisión de la misma empresa que contrató para traducir la documentación. El traductor atribuye tentativamente 'incendios' a una herramienta que la carta no identifica. Tampoco adjunta la revisión de la empresa ni aporta una traducción íntegra rectificada”, lamenta.
Identifica, además, la herramienta que se usó para la traducción automática: DeepL. E insiste en que hay “indicios de una alteración deliberada y de mala fe para agravar el relato ante las autoridades españolas, lo cual consiguieron a la vista de las referencias hechas por el Ministerio Público”.
Por eso, entiende que los magistrados deben solicitar ahora “otra traducción oficial por traductor designado por el órgano judicial”, deben valorar la pericial y estudiar “su incidencia en la fiabilidad de la reclamación”.
El activista propalestino se desvinculó en la vista de extradición de cualquier acción de protesta violenta y señaló que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban dirigidos a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le sometió su propia defensa recalcó que desde la fundación que creó a tal efecto siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU.
Además, el activista incidió en que se niega a ser extraditado a los EEUU, y la defensa acusó a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y presentó una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. También trató de aportar la pericial para advertir de errores en la traducción, pero el tribunal no lo admitió.
El fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ratificó en su informe y mantuvo que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista.