Política

El ex fiscal general impugna el pago de 39.000 euros en costas a González Amador por una acusación “sobredimensionada”

El ex fiscal general impugna el pago de 39.000 euros en costas a González Amador por una acusación “sobredimensionada”

La defensa de Álvaro García Ortiz ha recurrido el decreto por el que la letrada de la administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó que debe pagar 39.009 euros por los honorarios del abogado y la procuradora de Alberto González Amador, la que fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso. En un recurso al que ha tenido acceso elDiario.es, la Abogacía del Estado denuncia que ese importe responde a una “actividad acusatoria manifiestamente sobredimensionada respecto de la condena finalmente obtenida” y pide fijar las costas en 4.240 euros. 

La tesis de la defensa de García Ortiz es que la letrada validó la minuta sin ponderar la distancia entre las pretensiones que sostuvo la acusación particular y lo resuelto finalmente en la sentencia. Así, mientras González Amador solicitaba cuatro años de prisión y 108.000 euros de multa por un delito agravado de revelación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal, el Tribunal Supremo descartó la pena de cárcel y fijó la condena por el tipo básico del artículo 417.1 en una multa de 7.200 euros e inhabilitación. Igualmente, en el plano civil la acusación reclamaba una indemnización de 300.000 euros y la Sala concedió 10.000 euros por daño moral. 

La Abogacía del Estado subraya que los 38.500 euros aprobados suponen el 385,08% de la indemnización reconocida y mantiene que se pretenda trasladar a García Ortiz el coste íntegro de sostener tesis acusatorias que decayeron durante el juicio. 

Asimismo, el escrito denuncia una “contradicción” que supone haber excluido de la tasación los honorarios correspondientes a determinados recursos de reforma, apelación y súplica, cuyas costas habían sido en su mayoría declaradas de oficio en las respectivas piezas, y utilizar posteriormente el trabajo profesional desarrollado en esos mismos recursos como elemento determinante de la complejidad de la causa. Y, en consecuencia, como justificación del carácter no excesivo de los honorarios restantes. 

La defensa de García Ortiz censura además que el decreto eludiera dar una respuesta individualizada a cada una de las partidas impugnadas y que recurriera en su lugar a valoraciones genéricas sobre el volumen de la causa o la condición institucional del acusado. Entre los importes convalidados que califica de desproporcionados, cita 756,54 euros por un recurso de reforma que la propia acusación particular desistió al día siguiente de registrarlo, 183,73 euros por solicitar el acceso técnico a la plataforma judicial Horus o 367,46 euros por un escrito de una página para pedir metadatos de un archivo Word que fue desestimado por el instructor y por la Sala. 

También cuestiona que se repercutan 2.377,14 euros por dos escritos de conclusiones provisionales (1.188,57 euros por cada uno), cuando el segundo era prácticamente idéntico al anterior y se limitaba a eliminar el nombre de Pilar Rodríguez, la entonces fiscal superior de Madrid que fue exonerada de la causa. 

El recurso subraya que las pautas fijadas por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares que hizo una pericial sobre esta minuta dicen regirse por la búsqueda de “la máxima moderación en la determinación de los honorarios”. En consecuencia, ve “difícilmente explicable” que, al efectuar la ponderación concreta, “desaparezcan los dos criterios que en este supuesto operaban inequívocamente en sentido moderador: la trascendencia económica y los resultados obtenidos”. 

Por ello, se solicita a la Sala Penal que fije los honorarios en 4.240 euros con arreglo al desglose pormenorizado elaborado por la Abogacía o determine subsidiariamente una cantidad proporcional. Por último, el escrito reclama suspender la ejecución del pago de las costas mientras se resuelve la controversia, garantizando que no existe riesgo alguno de impago dado que el recurrente continúa ejerciendo como Fiscal de Sala ante el Tribunal Supremo y ha formalizado una “hipoteca unilateral en garantía” sobre las cantidades reclamadas. 

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