La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, le ha entregado este lunes una carta del Sindicato de Inquilinas al Papa durante su visita a la cámara. En ella, no solo le alerta de la crisis de la vivienda que vive España y de cómo empuja a una importante parte de la población hacia la pobreza, sino que también le afea el desahucio de Mariano Ordaz, vecino de 67 años de Madrid que fue expulsado de su casa, propiedad de una orden católica, el pasado mes de mayo. Por ello, el Sindicato le pide audiencia pública.
“Desgraciadamente la especulación inmobiliaria ha llegado a entidades de la propia Iglesia Católica”, dice la carta, que señala que, “movidos por la obtención de lucro inmediato, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo”.
“Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovar su contrato y lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia”, reza la carta.
El pasado 7 de mayo, después de cuatro aplazamientos, la Polícia Nacional ejecutó finalmente el desahucio de Mariano Ordaz en el céntrico barrio de Embajadores de Madrid. En un piso carcomido por la humedad y otras deficiencias, la orden franciscana tan solo se prestaba a reformarlo si se iba Mariano, que acumulaba deudas por impago desde que perdió su empleo como camarero en la pandemia. Finalmente, tras cuatro desahucios frenados por la presión vecinal, fue expulsado y ahora vive en un hostal.
El Sindicato, además, recuerda que la Fundación Fusara, gestionada por el Arzobispado de Madrid, se niega a renovar centenares de contratos a familias que viven en 13 edificios de su propiedad, “porque ha decidido vender su patrimonio a fondos de inversión que actúan como buitres”. “Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más”, denuncia el Sindicato. Los vecinos de estas viviendas han denunciado su caso al Constitucional.
“¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico? ¿En qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano?”, se pregunta la carta, que cita a Isaías cuando dice: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido”.
Por ello, el Sindicato pide una audiencia pública al Papa y le reclama “que aproveche esta visita para intervenir en esta situación”. “Le pedimos una audiencia para dialogar con usted, que conozca nuestro trabajo y mostrarle las experiencias de Mariano, nuestro compañero desahuciado con 67 años, y Maricarmen, señora de 87 años que afronta un desahucio en dos semanas. Ayúdenos a restaurar la dignidad en Madrid, a frenar la especulación y a extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad”, concluye la misiva.
En el texto, aparte de estos casos concretos en que la Iglesia está implicada, el sindicato recuerda al Papa que “la vivienda está siendo el motor que con más fuerza está condenando a la precariedad a miles de familias de nuestra comunidad, como las personas migrantes que ya fueron desahuciadas y actualmente residen en el centro de Emergencia y Atención Integral que usted visitó estos días”.
“Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno, condenándonos a destinar cada vez una mayor parte de nuestros salarios a los arrendadores, dejándonos en situaciones de vulnerabilidad, en las que muchas familias viven angustiadas para decidir entre comprar la comida a sus hijos o pagar a los caseros, denuncia el sindicato, que pone de relieve el aumento del hacinamiento y las infraviviendas en Madrid y en España.
En el texto, el colectivo denuncia que las leyes “permiten estas dinámicas especulativas” en España y acusa directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de no hacer nada por evitarlo. “La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad y necesitamos que usted nos ayude a recuperar el sentido común: que las casas son para vivir, no para especular”, apunta la carta.
