No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.
Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.
La Comunidad de Madrid y sus servicios jurídicos incidieron en la idea de que los servicios públicos regionales estaban condenados al colapso si los tribunales no frenaban de urgencia la regularización. El gobierno de Ayuso, alegó el letrado, no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y advirtió del impacto para los servicios públicos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Reclamó un “escalonamiento” advirtió que las estructuras públicas madrileñas “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles”.
El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará en unos meses una sentencia sobre el fondo del asunto, pero en esta fase urgente entienden los magistrados que la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas para justificar la alarma. Ese perjuicio para el sistema público, dice el Supremo, “no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado sin género de duda”. Ni tampoco que pueda tener consecuencias irreversibles.
Por contra, los jueces recuerdan que una suspensión cautelar afectaría a los intereses de miles de personas que han solicitado estas autorizaciones. “La suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”, explican los autos. Y además la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.
Una “amnistía administrativa encubierta” para dos magistrados
Dos magistrados votaron en contra de esta decisión y apostaron por suspender la regularización de forma cautelar. Fueron Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy. Según estos dos jueces, la normativa choca con las leyes de la Unión Europea y podría haber sido suspendida de forma cautelar. Incluso plantearon la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales comunitarios mientras tanto.
Para estos dos magistrados discrepantes, la medida del ejecutivo constituye una “amnistía administrativa encubierta”. Las autorizaciones concedidas, dicen estos dos jueces de la sala tercera, se imponen aunque exista una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecutar. “Las referidas disposiciones implican, en la práctica, la privación de efectos de lo ya decidido en sede jurisdiccional, lo que puede ser calificado, desde una perspectiva material, como una forma de «olvido» de la sanción”, dice el voto particular.
