El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado este miércoles en su declaración en el juicio del caso Lezo que se celebra en la Audiencia Nacional que desconocía que su hermano y su cuñado estaban vinculados a la empresa a la que el Canal de Isabel II otorgó bajo su presidencia un controvertido contrato.
“Yo nunca tuve conocimiento de qué era TCT [la receptora de las adjudicaciones bajo sospecha] y no tuve ningún conocimiento [de la vinculación con sus familiares] hasta que después de hacerse todo el proceso y toda la adjudicación aparecieron algunas informaciones”, ha dicho a preguntas de la Fiscalía. Ignacio González, que fue presidente de la empresa pública de aguas entre 2003 y 2012, ha asegurado que su presencia en el Canal era “bastante esporádica” y que iba únicamente “una mañana a la semana”.
“Yo no conozco a nadie, no he hablado nunca con nadie, nunca he pedido nada a nadie, nunca he intervenido a favor de nadie”, ha aseverado González, que entonces era también vicepresidente del Gobierno regional con Esperanza Aguirre. González ha explicado después que sus familiares le explicaron que su relación con la empresa “fue ya muy posterior a la adjudicación de todo este contrato” y que entraron en TCT en el año 2008, “una vez que la sociedad no tenía relación” con el Canal de Isabel II.
Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa pública de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, el Canal y la Comunidad de Madrid, con Ignacio González en ambos sitios, aprobaron una modificación del plan inicial sin ninguna justificación e incluyeron un nuevo campo de golf con césped artificial.
La investigación del juez Manuel García Castellón acreditó, sin embargo, que esas variaciones en el contrato eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Y que Ignacio González y el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, vinculada al hermano y a un cuñado del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Ante el tribunal, Ignacio González ha asegurado que ese modificado “lo decidieron los órganos de gestión y de contratación”. A pesar de entre las funciones de presidente del Canal está la elaboración del orden del día del consejo de administración del ente público, ha reiterado que él se limitaba a incluir las propuestas que hacían los “servicios técnicos”. “Jamás yo he intervenido en ninguno de los contratos ni de las propuestas que van al consejo, son los servicios técnicos los que proponen”, ha aseverado.
TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas.
Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.
