La Policía Nacional ha remitido un informe al juez del caso Plus Ultra en el que acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de cobrar hasta 200.000 euros de un grupo empresarial peruano a cambio de interceder ante el gobierno de Bolivia, todo camuflado como un falso contrato de asesoría. La UDEF concluye que es una prueba más de que “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”.
El juez José Luis Calama investiga desde la Audiencia Nacional si el expresidente del Gobierno influyó de alguna manera en el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia pero también sobre si ejerció como asesor de empresas, principalmente a través de la sociedad Análisis Relevante, cobrando dinero sin que existiera contrato de por medio y, según el juez, de forma irregular y por ejercer su influencia política. En su declaración, el expresidente socialista defendió que todos los trabajos por los que había cobrado habían sido efectivamente realizados y que en ningún caso influyó en ese rescate.
Este informe de la Policía Nacional recoge decenas de mensajes entre los colaboradores de Zapatero y representantes del Grupo Gloria para las gestiones que, supuestamente, el expresidente iba a hacer ante las autoridades de Bolivia a favor de esa empresa peruana. Un trabajo por el que, según la UDEF, cobró hasta 200.000 euros con un falso contrato de asesoría y a través de una empresa llamada Focus. El juez Calama le preguntó específicamente durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional por el tipo de asesoramiento que había realizado para Focus Social Research, pero el expresidente se negó a concretarlo porque no había podido prepararse. “No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está”, respondió.
Las conclusiones de la UDEF apuntan a que Zapatero “aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”, en este caso el Grupo Gloria. En este caso, fue remunerado según la Policía “simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos”. Todo sucedió a lo largo del año 2024 y 2025.
