Tras años de agrios debates institucionales, bloqueos políticos y una creciente presión en los márgenes de Europa, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) ha pasado este viernes de ser un documento teórico a convertirse en un marco normativo de obligado cumplimiento. Ya es oficial.
La Comisión Europea (CE) ha calificado el despliegue del pacto como una solución "efectiva, justa y firme". Para sus defensores, es la única vía para blindar el espacio Schengen y unificar un sistema fragmentado que colapsó en la crisis de 2015. Para sus detractores -incluidas destacadas organizaciones de derechos humanos-, representa la institucionalización de una "Europa fortaleza" que pone en riesgo el derecho internacional de asilo. A España no le gusta.
Pero, ¿qué cambia exactamente sobre el terreno con las nuevas reglas del club europeo y por qué genera tanta división? En El HuffPost tratamos de explicarte las claves de una apuesta que supone un viraje a la derecha, contentando a las fuerzas que apuestan más por una visión policial y de seguridad que por una humana y de acogida. No, el mensaje de León XIV de estos días no cala.
El "filtro de entrada"
El primer gran pilar del pacto busca que las fronteras exteriores de la UE dejen de ser permeables. A partir de hoy, se introduce un sistema de control obligatorio (screening) para cualquier persona que acceda al territorio comunitario sin autorización.
El protocolo indica que, en un plazo máximo de siete días, las autoridades fronterizas deberán realizar controles médicos, de seguridad y de identidad, además de registrar las huellas dactilares y el reconocimiento facial en la base de datos común Eurodac. En el caso de España, para este triaje se mantiene el plazo actual de 72 horas.
Por primera vez, se registrarán los datos biométricos de niños a partir de los seis años (frente a los 14 años exigidos anteriormente), una medida justificada por Bruselas para combatir el tráfico de personas y rastrear a menores desaparecidos, pero duramente criticada por colectivos de infancia. Es un cambio técnico de primer orden.
Procedimientos "exprés" y detenciones de facto
Bajo el nuevo esquema, no todos los migrantes que soliciten protección internacional seguirán el mismo camino. El pacto introduce un procedimiento acelerado de asilo directamente en las zonas fronterizas.
¿A quién implica? Se aplicará de forma obligatoria a solicitantes que supongan un riesgo para la seguridad pública o que procedan de países con tasas de reconocimiento de asilo inferiores al 20% en la UE (como Marruecos, Túnez o Pakistán).
Destaca, igualmente, el rocambolesco concepto de "no entrada": legalmente, mientras dure este trámite acelerado (un máximo de 12 semanas), se considerará que la persona aún no ha ingresado en territorio de la UE. En la práctica, esto implicará la retención en centros especiales cerca de aeropuertos o puertos, lo que organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional describen como esquemas de "detención generalizada". La UE insiste en que no estarán detenidos, que serán "instalaciones habilitadas" en las que no serán privados de libertad.
En cuanto a la red de acogida de los migrantes que llegan de forma irregular a España y los solicitantes de asilo, el Gobierno español ha garantizado que mantendrá su capacidad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto a disposición sus centros para el procedimiento fronterizo de protección internacional, con unas 10.000 plazas, informa EFE.
Solidaridad obligatoria... pero "a la carta"
Uno de los puntos más conflictivos durante los años de negociación fue el reglamento de Dublín, que históricamente obligaba al primer país de llegada (como España, Italia o Grecia) a hacerse cargo de la solicitud de asilo. El nuevo sistema mantiene ese principio, pero introduce un mecanismo de "solidaridad obligatoria".
Si un Estado miembro se encuentra bajo una presión migratoria extrema, el resto de socios comunitarios tendrá que ayudar obligatoriamente, pero podrá elegir cómo hacerlo mediante un menú de opciones. Son las que siguen:
Países del bloque del Este, como Polonia y Hungría, se opusieron firmemente a las cuotas de reubicación obligatorias, por lo que esta fórmula flexible fue el peaje político necesario para destrabar el acuerdo.
En el caso de España, la prioridad para el primer ciclo de este pacto -los primeros seis meses- será la de recibir una contribución financiera destinada en gran parte a costear detalles operativos como la formación de jueces que resuelvan estos casos, según dijeron fuentes diplomáticas. Eso no implica que España no tenga que contribuir al contingente: todos los países deben hacerlo en función de su PIB y su población, y el Gobierno español propuso hace meses aportar 42 millones de euros este año, una suma sobre la que podría pedir más adelante una reducción o exención.
Retornos acelerados y "terceros países seguros"
El pacto no sólo acelera el análisis de quién puede quedarse, sino que simplifica la expulsión de quienes sean rechazados. Si la solicitud de asilo es denegada en el proceso fronterizo exprés, se activa un protocolo de retorno inmediato que no debería superar las 12 semanas.
Además, la normativa redefine el concepto de "país tercero seguro". Esto permite a los Estados miembros devolver a un migrante a un país de tránsito (fuera de la UE) si se considera que allí podría haber solicitado protección formal. Dentro del margen que da el pacto, el Gobierno español de PSOE y Sumar ha sido tajante al rechazar algunas de las medidas más restrictivas hacia las que caminan muchos otros miembros, como la creación de centros de deportación fuera del territorio de la UE, por tener "serias dudas" sobre su "legalidad y proporcionalidad".
Aunque formalmente no forma parte del cuerpo del pacto aprobado hace dos años, la UE complementó la estrategia a principios de este mes pactando la creación de "centros de retorno" en terceros países (externalización de la gestión migratoria). Esta derivada ha abierto una brecha entre los miembros: mientras que varios socios presionan por acelerar estos centros externos, países como España han mostrado abiertamente su rechazo, defendiendo un enfoque que consideran "garantista y respetuoso" con el derecho internacional. Es la sombra de la externalización, un camino que ya han seguido países tan poco progresistas como Italia.
Las previsiones
El comisario de Asuntos de Interior y Migración de la UE, Magnus Brunner, ha defendido la idoneidad del momento señalando que esto "pone la casa europea en orden", permitiendo decidir "quién viene, quién puede quedarse y quién debe irse".
Sin embargo, los analistas coinciden en que el éxito del pacto dependerá de una implementación logística titánica y de una confianza política entre capitales que, históricamente, ha sido escasa en materia migratoria. Con el auge de partidos de derecha dura y euroescépticos en el Parlamento Europeo, el escrutinio sobre el terreno será feroz.
Para los miles de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo o saltar las vallas fronterizas, las reglas del juego han cambiado por completo a partir de hoy. Lo que está por ver es si las nuevas medidas reducirán los flujos de llegadas o si simplemente desplazarán las rutas migratorias hacia caminos aún más peligrosos.
Este jueves, el Ministerio del Interior español publicó un comunicado en el que, pese a acatar lo decidido en los Veintisiete, hace puntualizaciones sobre la aplicación del plan. "El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final", sostuvo al respecto el ministro, Fernando Grande Marlaska. Se puesta, dice, por un "enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes" en estos puestos fronterizos. Para asegurar el cumplimiento de estas garantías, los migrantes contarán con asistencia jurídica, la intervención de ACNUR y la posibilidad de solicitar un reexamen de su caso si la petición inicial es denegada. Según Interior, el pacto "mejora la detección de vulnerabilidades a través de una evaluación individual temprana".
Las grandes críticas
n febrero pasado, hasta 80 ONG protestaron contra el Reglamento de Retorno, porque entienden que contravienen los principios y valores fundacionales del club comunitario y supone un viraje conservador para contentar a la ultraderecha, de poder creciente en los estados y en el hemiciclo europeo. Será un marco "similar al del ICE" del norteamericano Donald Trump.
En un documento conjunto, denunciaron la creación de "centros de retorno" porque conllevan el riesgo de "expulsiones en cadena a países inseguros donde las vidas de los migrantes pueden correr peligro". También se plantan ante la posibilidad de detención de menores y familias, eliminando anteriores exenciones médicas y de protección a la unidad familiar.
Además, denuncian que la ley abre la puerta a redadas masivas, mayor presencia policial en servicios públicos y el uso de perfiles raciales dentro de las comunidades europeas, y a recortes en el derecho de asilo (que es una obligación del derecho internacional humanitario), con los procedimientos acelerados de revisión, que "disminuyen las garantías legales", dificultando el derecho a solicitar protección internacional.
