La ciudad de San Antonio, en Texas, ha decidido llevar a los tribunales al Gobierno de Donald Trump para intentar detener uno de sus nuevos proyectos destinados a ampliar la capacidad de detención de inmigrantes. El lugar elegido para albergar hasta a 1.500 personas no es una cárcel ni una instalación construida específicamente para ello, sino una enorme bodega industrial del este de la ciudad.
La demanda, presentada este martes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pretende frenar la transformación del inmueble hasta que las autoridades federales analicen las consecuencias ambientales del proyecto. El edificio tiene alrededor de 59.500 metros cuadrados y fue concebido para almacenar mercancías, una diferencia que está en el centro de las objeciones planteadas por el Ayuntamiento. La instalación fue adquirida por el Gobierno federal por 66,1 millones de dólares.
"Todas las agencias federales, y subrayo que todas, incluido el DHS, deben realizar una evaluación ambiental antes de emprender un proyecto de esta magnitud y alcance", ha defendido el abogado municipal, Andy Segovia.
Quince veces más capacidad de alcantarillado
San Antonio sostiene que DHS e ICE han incumplido tanto la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) como la Ley de Procedimiento Administrativo. La ciudad quiere que un juez anule la decisión de desarrollar el proyecto y paralice las actuaciones, primero de forma temporal y posteriormente de manera definitiva.
Uno de sus principales argumentos está bajo tierra. Según la demanda, alojar incluso a 1.000 personas en el antiguo almacén exigiría multiplicar por casi quince la capacidad de alcantarillado actualmente asignada al inmueble. Si no se realizan las modificaciones necesarias, la ciudad advierte del riesgo de desbordamientos de aguas residuales y de la aparición de condiciones insalubres. También señala que la instalación está situada junto a una zona inundable, lo que podría complicar todavía más una eventual emergencia. Las preocupaciones por las redes de agua y saneamiento y la proximidad a una zona inundable aparecen igualmente recogidas en la documentación sobre el litigio.El Ayuntamiento asegura, además, que lleva meses intentando conseguir explicaciones. Desde febrero habría enviado cinco cartas al Gobierno federal solicitando información sobre el proyecto. En junio, según las autoridades locales, recibió el compromiso de que habría coordinación con la ciudad y se compartirían informes de ingeniería y diseño antes de comenzar las obras, pero ese intercambio no llegó a producirse.
"San Antonio se cansó de esperar", ha resumido la alcaldesa, Gina Ortiz Jones. "Nuestra comunidad merece respuestas básicas".
El Gobierno responde: "Esto no tiene que ver con el medioambiente"
La respuesta de la Administración Trump ha sido contundente. En un comunicado remitido a EFE, DHS acusa a las autoridades locales de utilizar los argumentos ambientales como excusa para intentar obstaculizar la política migratoria del presidente."Seamos honestos: esto no tiene que ver con el medioambiente", sostiene un portavoz del departamento, que acusa a "la izquierda" de no haber mostrado la misma preocupación por los residuos abandonados durante la crisis fronteriza bajo la presidencia de Joe Biden.
"Ahora fingen preocupación porque quieren que esos mismos inmigrantes ilegales se queden para siempre y también voten aquí", añade el portavoz. DHS ha defendido también públicamente que su prioridad es acelerar las expulsiones de personas detenidas y considera que la oposición al proyecto responde a motivos políticos.
Dentro del propio Ayuntamiento tampoco existe unanimidad. Dos concejales, Marc Whyte y Misty Spears, se han opuesto a la demanda. Whyte considera que será una batalla pagada por los contribuyentes que no impedirá la apertura del centro, mientras Spears acusa a sus compañeros de incurrir en un "doble rasero" y califica la iniciativa de "teatro político"."Las bodegas no fueron construidas para que vivan 1.500 personas"
Mucho más duro se ha mostrado el concejal Jalen McKee-Rodriguez, representante precisamente del distrito donde se encuentra el inmueble. Ha llegado a calificar el futuro centro como un "campo de concentración" y ha cuestionado que una instalación de estas características pueda levantarse cerca de colegios, parques y centros comunitarios.
"Las bodegas no fueron construidas para que vivan en ellas 1.500 personas, 1.500 seres humanos", ha sostenido.
La batalla, en cualquier caso, acaba de comenzar. Segovia ha advertido de que, si detectan que empiezan las obras, el Ayuntamiento solicitará inmediatamente una audiencia de emergencia para tratar de detenerlas.San Antonio no es el único lugar en el que los planes de expansión de ICE se han encontrado con resistencia. El Gobierno federal ha estudiado durante este año la utilización de grandes almacenes para aumentar rápidamente su capacidad de detención, pero algunos proyectos han terminado frenándose ante la oposición local.
En San Antonio, de momento, la discusión ha terminado ante un juez. Y el Ayuntamiento ha elegido un argumento muy concreto para intentar detener el proyecto: antes de meter a 1.500 personas en una bodega construida para guardar mercancías, el Gobierno tendrá que demostrar que el edificio y su entorno pueden soportarlo.
