Sumar registró este miércoles una proposición de ley en el Congreso para reformar el estatuto que proporciona a los expresidentes del Gobierno, entre otros beneficios, un sueldo vitalicio y también una oficina y personal a su servicio cuando abandonan el cargo. Tras las últimas revelaciones en relación a supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, la coalición liderada por Yolanda Díaz plantea elevar hasta los diez años el plazo durante el cual los expresidentes tendrán prohibido desarrollar actividades en sectores estratégicos o que se hayan visto afectadas por decisiones de la Presidencia, y también apuesta por prohibir que cobren su paga vitalicia si deciden emprender “actividades privadas” que conlleven una “retribución” económica, a excepción de aquellas de carácter “académico, creativo o divulgativo”.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue el encargado de presentar la iniciativa junto a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y el portavoz adjunto, Enrique Santiago. “El inmovilismo no es una opción, estamos hartos de que la sede de Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de este país”, criticó Urtasun, mientras Martínez denunció que “en España se ha normalizado que las personas que han ocupado la presidencia pasen luego a ocupar cargos en empresas clave”, como los expresidentes “Felipe González en Naturgy o José María Aznar en Endesa”. “¿Alguno piensa que ellos son expertísimos en el sector energético?”, ironizó la portavoz.
Además de prohibir la prestación de servicios a empresas estratégicas durante los diez años siguientes al abandono del cargo de presidente del Gobierno, la proposición de ley también establece que, si una vez transcurrido este tiempo, los expresidentes deciden emprender negocios privados, conlleve “la suspensión inmediata de los medios materiales y personales previstos en el Estatuto de los ex Presidentes, así como de la percepción de pensiones indemnizatorias”. Tampoco se podría compatibilizar con otros ingresos la pertenencia al Consejo de Estado, al que los expresidentes del Gobierno pertenecen de manera nata al abandonar el cargo, para evitar “que la 'experiencia política' sea utilizada como activo en el mercado privado mientras se ostenta un cargo público vitalicio”.
El sueldo para toda la vida cuyo cobro Sumar pretende limitar a los exmandatarios que no desarrollen actividades lucrativas por su cuenta lo estableció el expresidente Felipe González en 1992, y permite percibir a quienes hayan ocupado el cargo una paga por valor del 80% del salario que, en ese momento, perciba el inquilino de la Moncloa. Eso supone que, este año, González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy tienen derecho a percibir casi 77.000 euros brutos anuales. La ley les otorga, asimismo, derecho a dos asistentes, “una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles”, un coche oficial con chófer y “libre pase en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado”. En caso de que opten por hacer negocios privados, los expresidentes también perderían todos esos privilegios si saliera adelante la ley de Sumar.
