Las torturas, violaciones y/o privaciones de agua y comida son solo algunos ejemplos de lo que han tenido que enfrentar los migrantes venezolanos encarcelados en la cárcel del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según ha podido dar a conocer este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe titulado ‘«Han llegado al infierno»: Tortura y otros abusos contra venezolanos en la megacárcel de El Salvador’.
La organización ha denunciado en un informe compuesto por los testimonios de un centenar de familiares y cerca de 50 expresos y realizado en colaboración con la ONG Cristosal que los 253 migrantes venezolanos trasladados al centro salvadoreño han sido sometidos a vejaciones de dicho calibre.
«Los ciudadanos venezolanos que el gobierno estadounidense envió a El Salvador en marzo y abril fueron torturados y sometidos a otros abusos, incluida la violencia sexual», afirma el informe, que agrega que «los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados perpetrados por guardias corruptos o policías antidisturbios, sino violaciones sistemáticas».
El informe, de 81 páginas, concluye señalando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusa de ser «cómplice de la tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves, y deberían dejar de enviar personas a El Salvador o cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas».
«El gobierno de Trump pagó millones de dólares a El Salvador para que detuviera arbitrariamente a venezolanos, quienes luego fueron víctimas de abusos casi diarios por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas», criticó la directora para las Américas de la organización humanitaria, Juanita Goebertus.
Según la organización, la mitad de los venezolanos enviados no tenían antecedentes penales y tan solo un escaso 3% había recibido condena en los Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Muchos tampoco contaban con penas por delitos en Venezuela ni otros países latinoamericanos. De hecho, familiares y abogados de estos venezolanos han denunciado que al menos 62 de los deportados se encontraban tramitando su solicitud de asilo en EEUU.
